ArtículosIniciosemana del 6 de FEBRERO al 12 de FEBREROSusana Seleme Antelo

“Los muertos que vos matáis,

gozan de buena salud”… Reza la frase que, según Letralia, la revista de escritores hispanoamericanos en Internet, no fue escrita ni por el español Tirso de Molina en El burlador de Sevilla (1584-1648), ni por el uruguayo José Zorrilla (1817-1893) en Don Juan Tenorio, sino por Juan Ruiz de Alarcón, mexicano (1581-1639) en La verdad sospechosa. Es en esta última donde se descubren los nocivos efectos de la mentira. Cualesquiera de ellos que la hubiera concebido, merece el respeto de la posteridad pues le calza como anillo al dedo a los autócratas.

Es decir, a aquellos que ejercen la autoridad absoluta en un Estado y al unísono manejan el poder ejecutivo, legislativo, el judicial, y en esa condición deciden sobre vidas, muertes y haciendas de la masa societaria. Pero siempre habrá voces, ya sea de ultratumba, desde la cárcel, el exilio y también voces de vivos y coleando que respondan y desafíen a los autócratas. Gozan de buena salud, a pesar de ellos, y no se doblegan frente a la cultura política de la infamia y las mentiras. Es decir, el bulo convertido en propaganda política al que tan afectos son el presidente Evo Morales y sus hombres. Como el ‘Vice’ Álvaro García Linera, quien en un programa de CNN en español afirmó que se había reprimido a los indígenas de la marcha en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) –Chaparina, el pasado 25 de septiembre- para que no se matasen entre ellos. ¡Qué infamia, si los únicos violentos son los cocaleros y afines al gobierno, amén de la policía y demás órganos represivos del Estado!

El autócrata presidente Evo Morales, además de esos ‘tres poderes en uno’, ejerce el poder militar, policial, el de los movimientos sociales y el poder sin límite de los cocaleros, de quienes es su máximo dirigente y también la primera autoridad del Estado Pluri infame. En nombre de ese proyecto autocrático: Estado-gobierno-partido-masas, Morales administra la violencia sin el más remoto escrúpulo. La violencia se traduce, por una parte, en el desmantelamiento de las instituciones democráticas, en el clima de confrontación social y política permanentes y en la división del tejido social, a partir del racismo revanchista contra el k’hara –el blanco- y todo lo que no sea ‘indígena-originario-campesino-cocaleros’. ¡Mezcolanza étnico-clasista propia de demagogos nacional populistas que incitan al odio transmitido en abrumadoras campañas propagandísticas! ¿Será ‘la pureza de la nación aymara’ lo que persiguen?

Por otra parte, y siempre en nombre del proyecto autocrático, Morales, el ‘Vice’ García Linera, el ministro Juan Ramón Quintana, los demás y algunas féminas también aplican el uso de la violencia al judicializar la política, vía las ‘guillotinas judiciales’, o la maliciosa figura del desacato a todos los opositores políticos y cívicos, cuando no con la anotación preventiva de sus bienes. Donde Morales y su partido no ganaron con votos en elecciones democráticas, recurren al atropello de la ley, desconociendo la voluntad popular para destituir, perseguir, mandar a la cárcel o al exilio a los opositores.

Sobre el desacato, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia), señala que “la ausencia de criterios judiciales prácticos por parte de los operadores de justicia pueden provocar acciones que van en detrimento de la institucionalidad del país…. considera que el ‘desacato’ puede ser restrictivo de la labor y el desempeño de todo asambleísta, en particular en sus funciones de fiscalización y otras, enunciadas en la Constitución”, señala el comunicado oficial de esa institución.

La violencia contra las libertades políticas y civiles, contra los Derechos Humanos, contra las voces de la naturaleza en el TIPNIS son de tal magnitud, que el uso de la violencia indiscriminada se transforma en certeza de descomposición de la función gubernamental y confirma que no están habilitados para gobernar en democracia. Poco vale que algunos intelectuales alaben la movilidad social y ‘la emergencia de una nueva elite’ en el poder. Tampoco vale que los hombres del Gobierno se autoproclamen de izquierda, si la solidaridad brilla por su ausencia, y más bien desprecia la dignidad humana de quienes tienen capacidades diferentes –discapacitados- y peregrinan con sus penas reclamando un prometido y único bono anual de Bs. 3000 -cerca de $us 400- hace tres años.

No son aptos para gobernar en democracia

Nada vale si Morales y los suyos violan las garantías individuales; limitan la libertad de expresión, comunicación e información; desmantelan el Estado de Derecho logrado con esfuerzo desde la recuperación de la democracia; obstruyen la libertad económica y de comercio, y hieren de muerte las bases de la democracia como método y como condición social, que llevó a Morales al poder. Desde ahí, hoy nos someten a vivir en una democracia imperfecta, o en una dictadura revestida de democracia, según el gusto. Los hechos cantan: están inhabilitados para gobernar en democracia.

En estos prolegómenos de lo de aquí a poco pueden ‘los idus de marzo’, asistimos al genocidio ecológico que pretenden aplicar en el TIPNIS, mediante una manipulada ‘consulta posterior’ a favor de colonizadores y cocaleros, con quienes Morales tiene compromisos también electorales. Está decidido a honrarlos –no así con los discapacitados- aunque sea a costa de la anterior ley rubricada por el mismo –a regañadientes, es cierto- que anulaba la construcción de la carretera de marras. Esa anulación fue una conquista de los marchistas de Tierras Bajas, con quiens se solidarizó la mayoría de la sociedad boliviana. Pero Morales afirma que fue “engañado… me obligaron a firmar esa Ley”, la famosa ley corta, corta por donde se la mire, pues apenas tuvo un par de meses de vida.

Hoy, con un “Le meto nomás” promulga otra, anula la anterior, y pone en marcha la maniobra ‘post’, peligrosa y a todas luces anticonstitucional, cargada de ánimos violentos unos, indignados otros. Anunció amenazantes juicios a quienes no acaten la nueva ley, usó un tono agresivo hacia los indígenas del Oriente que rechazan la carretera, amén de descalificarlos, como lo hace en el último tiempo. Y sin embargo, la consulta debió haber sido ‘previa e informada’ solo para indígenas y no para colonizadores y cocaleros que viven fuera del núcleo del TIPNIS. Es más, debió haberse ejecutado antes de planificar la carretera, firmar contrato y empezar a construirla –en sus tramos 1 y 3, los extremos- faltando solo el 2, el dividirá en dos el área protegida del Parque Nacional y destrozará el territorio ancestral de los indígenas.

Estos también han reaccionado y preparan una IX Marcha pacífica para seguir defendiendo el TIPNIS y anuncian que las 63 comunidades indígenas del territorio no permitirán “el ingreso de ninguna comisión gubernamental de consulta u otras… se va a restringir el ingreso, se va a decomisar medios de transporte así sean avionetas, motores fuera de borda, movilidades, no permitiremos que nadie ingrese” apuntó el ex presidente de la Subcentral Sécure, Adolfo Moye, según el Diario El Deber (Santa Cruz, 11-2-12)
Estos escenarios que apuntan a la confrontación y mantienen al rojo vivo la conflictividad social, forma parte la cultura política de la infamia, más que desarrollista en este caso, como si una carretera para expandir la frontera agrícola de la hoja de coca -materia prima de la cocaína- pudiese sacar a Bolivia de la pobreza, uno de sus mayores enemigos. Defender el TIPNIS es deber de toda la sociedad democrática, para no ser cómplices de un genocidio contra los indígenas de Tierras Bajas, contra la naturaleza, la biodiversidad y el ecosistema. En suma, contra el presente y el futuro de la vida en común en Bolivia.

Ante ese panorama en el que la capacidad para gobernar por el bien común y la descomposición de la función gubernamental son los datos más contundentes de la realidad, me aventuro a una pregunta casi sin respuesta frente a una oposición desarticulada, dispersa y temerosa: ¿es necesario un pacto entre todos y todas, o un cambio democrático, que también deberá ser producto de un diálogo plural y crítico en democracia?

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