ArtículosIniciosemana del 30 de ENERO al 5 de FEBREROSusana Seleme Antelo

Palos de ciego

Con perdón de quienes padecen la condición de ceguera, el presidente de Bolivia da golpes batientes como tuviera un bastón de palo que golpea sin cautela, pero a diferencia de los no videntes, Evo Morales sabe bien cómo dar un rotundo ‘palo’ contra la democracia.

Al abrigo interesado de izquierdistas no democráticos, con marcados rasgos totalitarios o bajo la influencia de ‘intelectuales orgánicos’, ora gramscianos, ora jacobinos, él cree que es el gobierno, el Estado, la Nación. Y como tal, pretende reproducir en clave étnica-indígena-originaria-campesina-cocalera, lo que en otros contextos históricos se dio en clave clasista. Es decir, con una clase obrera portadora de su conciencia de clase como vanguardia de la revolución proletaria. En Bolivia, sin proletarios, y en declive el embrujo de los tiempos revolucionarios y del ‘proceso de cambio’ que anunciaban su partido -el MAS- Morales “le mete nomás”, como dice el mismo.

Poco le importa que le llamen autoritario, afirma , y menos todavía las consecuencias que sufre esta secuestrada democracia-voto, pues sabe que su reproducción política está ligada a gobernar sin restricciones y sin limitaciones legales. Es la democracia aparente con veleidades de poder total. De los seis años de gestión de Evo Morales, los últimos dos, con el nuevo Estado Plurinacional, han sido calificados como los “más conflictivos de la historia contemporánea”, según la Fundación Milenio. Su informe señala que “esta dinámica conflictiva entraña elevados costos y riesgos para el desarrollo del país”.

Sobre Morales, la Fundación apunta que habiendo sido en su etapa de dirigente sindical cocalero “protagonista de muchos de los conflictos pasados, algunos pensaron que su experiencia o su identificación con las organizaciones sociales le permitirían manejar la situación y reducir los conflictos”. Sin embargo, “las estadísticas demuestran que no fue así, sino que ocurrió todo lo contrario, al grado de mostrar al gobierno ‘prisionero de su política’ … debilitando el sistema institucional sistemáticamente”

Defender la ex República, la división y autonomía de los tres poderes, la democracia como espacio político público y plural, el funcionamiento serio, eficiente y eficaz de las instituciones del Estado, incluidas las llamadas a hacer uso de la fuerza, no es una ‘beatería democrática’, como dicen en el vecindario. Es una responsabilidad ética frente a quienes lucharon contra las dictaduras por el restablecimiento de la democracia, poniendo en riesgo sus vidas y mucha otra gente, ofrendándola. Hoy Bolivia sufre de impotencia política por ausencia de diálogos serios y de buena fe, con espíritu crítico, voluntad de construir consensos sin ‘aplastar’ al adversario -y a los autonomistas del Oriente, sobre todo- para planificar el desarrollo sostenible y el bienestar de ciudadanos y ciudadanas, a pesar de los disensos frente a ‘los otros’ y entre diferentes visiones de la economía y del mundo.

Las imposiciones políticas coercitivas que impone el gobierno de Morales-GracíaLinera y compañía significan un mortal estocada a la institucionalidad democrática y a la seguridad colectiva por la subordinación real y formal de los poderes legislativo y del judicial, al poder ejecutivo. En ese escenario, el oficialismo aplica según su conveniencia el principio jurídico de ‘la ley se cumple, no se interpreta’. De ahí que hoy pretende abolir la llamada ‘ley corta’ que anula la construcción de la carretera que atraviesa el corazón del territorio yuracaré-mojeño-chimán (TIPNIS). Esa anulación lograda tras la histórica marcha de 66 días de Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), unió a indígenas del oriente y campesinos del altiplano, como nunca antes en la historia. ¿Borrará Morales con su codo lo firmado con su mano? A eso apunta la promovida y manipulada contramarcha del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) contrario a la CIDOB. Para darle un viso popular a la ya tomada decisión de anular dicha ley corta, emborrachan la perdiz y hablan de consulta previa, a destiempo e ilegal.

¿Por qué el capricho de construir esa carretera?

A esta altura del proceso inconcluso para consolidar la protección al TIPNIS, la pegunta obvia es ¿cuál es el poder que ejerce esa carretera, al punto que el gobierno de Morales la intenta construir contra viento y marea? Parece no importarle la imagen del primer mandatario –muy deteriorada ya- como presidente ‘indio’, defensor intransigente de los pueblos indígenas y de la “Pachamama.

La realidad es que el manipulado Conisur rechazó primero la Ley de Protección al TIPNIS, y exigía la construcción de la carretera de la discordia para unos, “rodovía da coca” para brasileros. Luego, entre bambalinas legislativas, ahora pide consulta previa. Sin embargo, los mrachistas de Conisur habitan lo que se llama el Polígono 7, zona dotada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) compuesta en su casi totalidad por colonizadores y sindicatos cocalero. El Polígono 7 esta fuera del Territorio Comunitario de Origen (TCO) que es habitado por los indígenas del TIPNIS. En otras palabras, no forma parte del TIPNIS.

Según Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB, “La marcha del Conisur es una prebenda política. Ojala los hermanos no se arrepientan porque están siendo utilizados”, mientras que el presidente de la Subcentral Sécure del TIPNIS, Emilio Noza, sostuvo que “Eso ya es una provocación de parte del Gobierno, es entrar en confrontación con las comunidades”. Para el diputado indígena Bienvenido Zacu es inconstitucional el debate sobre la consulta previa: “No tiene sentido que se apruebe esta norma, sería algo inconstitucional, ya que la Constitución Política del Estado establece que la consulta debe ser previa e informada, y eso no respetó el Gobierno”, afirmó y recordó que el contrato de crédito y de construcción para la obra está firmado. ¿Por eso el ‘capricho’ de hacer la carretera, además con sobreprecio, según denuncias fidedignas y desde adentro del aparato oficialista?

En apoyo a la preservación del TIPNIS, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Israel Mérida, informó ayer que la Alianza Cívica Nacional, que reúne a comités de Pando, Beni, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba -6 de 9 departamentos- se reunió en Cochabamba y determinó exigir al presidente Evo Morales respeto a la ley corta que favorece al TIPNIS. Por su parte, la Fundación Tierra y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) recordaron que llamar a una consulta previa no es viable legalmente, pues la mayoría de los campesinos e indígenas del Conisur que exigen la construcción del camino, no viven en la TCO del TIPNIS y, por lo tanto, no son parte ni originarios de la propiedad colectiva de ese territorio.

Una de las claves del ‘capricho’ por construir esa carretera si o si, son las declaraciones Rafael Puente, exprefecto de Cochabamba, ex viceministro de Régimen Interior, cofundador del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, antes de convertise en MAS, amigo o examigo de Evo Morales. El aseveró que “el Conisur es parte de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, de la cual el Primer Mandatario, Evo Morales, es su presidente.

Las denuncia de esa dualidad, incompatible por las connotaciones que acarrea ser el máximo dirigente de quienes producen la materia prima de la cocaína, al vez presidente de Bolivia, es de larga data. En los hechos, Bolivia y su presidente son rehenes de los cocaleros, ávidos por expandir la frontera agrícola de la nada sagrada hoja de coca, a costa de parques y resevas ecológicas. ¡Beneplácito para la economía política de la cocaína y las millonarias ganancias que produce la comercialización de la droga, vía el narcotráfico!

En tanto, crece la alarma en Bolivia, con siete violentos ajustes de cuentas solo en los primeros meses en 2012 en Santa Cruz, donde la violencia ya tomó carta de ciudadanía y puede asentarse en el resto del país. Negarlo, es dar palos de ciego.

¿Quién administra esta violencia?

Lo que se está viviendo es una manifestación del auge indiscriminado de economía política de la cocaína y su espiral delictiva-delincuencial-criminal. No es solo obra del narcotráfico que actúa en la esfera de la circulación-comercialización-tráfico-distribución-consumo y sus actividades ilegales. Si nos quedamos en el narcotráfico escondemos las relaciones de producción capitalista en la cadena productiva de la droga, que empieza en el campesino productor cocalero, propietario de su parcela de coca donde produce la materia prima para la mercancía cocaína. Los campesinos productores son el primer eslabón y el menos beneficiado de las hipermillonarias ganancias de circuito globalizado del ilegal negocio de la cocaína, aunque debe haber algunos campesinos cocaleros ya muy ricos en Bolivia.

Si seguimos hablando solo de narcotráfico, le negamos a la cocaína la calidad de mercancía en el proceso de producción capitalista, que empieza en el cultivo de la hoja de coca. Así le hacemos juego a Evo Morales y a los hombres de su gobierno que se jactan de ser “antiimperialista y anticapitalista” . Sin embargo, fomentan y protegen las plantaciones de coca excedentaria, que alimentan la producción de la hoja de coca, materia prima de la cocaína, a cargo de los cocaleros, rehenes de poder político o viceversa: el poder político, rehén de los cocaleros. Es más, la expansión de la frontera agrícola de la coca en parque y reservas naturales como el Chore, Amboró y el TIPNIS, tiene el subterráneo apoyo, sin querer queriendo, del oficialismo.

Negarlo es seguir dando palos de ciego, sin exigir rendición de cuentas por los graves daños a la democracia, a sus instituciones, a la sociedad y al desarrollo sustentable, víctimas de la violencia administrada desde la economía política de la cocaína.

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