ArtículosInicioMario Paniquesemana del 6 de FEBRERO al 12 de FEBRERO

Periodistas ante el reto de reformar su Ley

Aparentemente, parece inevitable la reforma total o parcial de La Ley de Imprenta que regula la labor de la prensa, impulsada por el Gobierno Central. De acuerdo a la primera intervención de la flamante Ministra de Comunicación Amanda Dávila, la mencionada Ley “tiene artículos que deben ser adecuados a la nueva Constitución”, agregando que se “debe respetar los principios filosóficos” de la cuestionada norma. Parece que es una propuesta que todavía hay que discutirla con los verdaderos interesados.

La Ley de Imprenta acaba de cumplir 87 años de existencia, pese a su longevidad no ha merecido el respeto de los gobernantes de turno y por el contrario, ha sido considerada permanentemente como la principal enemiga de los intereses oficiales y por ello, buscan afanosamente tener la oportunidad de escribir su epitafio liquidándola o sometiéndola a una reforma interesada. Por otro lado, los responsables de organismos sindicales o colegiados de la prensa nacional, se han opuesto a cualquier debate sobre la posibilidad de mantenerla, actualizarla o reemplazarla, y mucho nos preguntamos si ese es el mejor camino a seguir.

Experiencias pasadas nos han dejado demasiadas muestras de insistentes intentos de innovaciones que los gobiernos de turno quisieron aplicar sobre esta Ley. La diferencia con el presente esta en que la nueva funcionaria de Estado, ha mostrado un inusitado interés que desata dudas. Aunque también ha adelantado que la aprobación de la Ley de Comunicación será resultado de un consenso colectivo, en el que participarán periodistas, dueños de medios, organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto porque “el derecho a la información, la libertad de expresión es de todos y no solo de periodistas o medios”.

Pero claro, la cita bíblica que reza que “por sus obras los conoceréis” desnuda de por sí las verdaderas intenciones que el gobierno ha venido perpetrando contra la prensa en general, periodistas y medios de comunicación. Al respecto Los Reporteros Sin Fronteras (RSF) concluyeron que el acoso judicial, pluralismo informativo amenazado y agresiones recurrentes han sido registrados en Ecuador y Bolivia, que se sitúan en puestos similares a los de Venezuela, resultados nada halagadores para la democracia.

Frente al propósito gubernamental y como era de esperar como en otras ocasiones, los diferentes gremios de periodistas y trabajadores de la prensa organizaron marchas y otras movilizaciones para defender la citada norma y declararla, incluso, como patrimonio nacional para evitar cualquier intento de reforma.

Dicha reacción corre el riesgo de ser calificada nuevamente de hormonal, apresurada y hasta irresponsable, pues los dados no fueron lanzados todavía, por lo tanto, adoptar una posición de rechazo no parece ser lo más conveniente. En el subconsciente del colectivo del periodismo nacional hay nomás la inquietud de proceder a una reforma pero dentro de los cánones democráticos y de respeto a la libertad de expresión.

Tengo conocimiento de que la prensa cruceña cuenta con una propuesta seria sobre la reforma a la Ley de Imprenta en adecuación a la Constitución Política del Estado. Cualquier oposición a los intentos gubernamentales debe hacerse con argumentos contundentes como la propuesta señalada que debe ponerse sobre la mesa de las discusiones, por ello es importante participar activamente para evitar cualquier sorpresa desagradable en un futuro próximo. Nos quedamos a la espera de una convocatoria real.

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