ÉTICA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Todas las formas de delito están presentes en las calles, los barrios, ciudades y campo, de todo el país. La frecuencia y lo sofisticado de algunos casos alarma a la ciudadanía. Parece claro: la Policia Boliviana (PB) es la fuerza pública que “tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano” (Art. 251 de la CPE). Por tanto, es correcto, que la sociedad se la demande. Se pueden alegar carencias, pero en los papeles se cuenta con los aportes del TGN, y lo que la PB recauda en las distintas dependencias a su custodia. ¿Cómo se administran, será el tema?
Declaraciones de la PB dicen, el 85 % se va en sueldos. O sea, ¿personal suficiente sin medios? En La Paz hay tres veces más policías que en Santa Cruz, siendo poblaciones similares. ¿Dónde están? Como ejemplo, en el Plan 3.000 hay solo unos 63 uniformados para 320.000 habitantes, en zona con alto índice de conflictividad. ¿Y El Alto? Desdoblado ese número entre administrativos y operativos, entre el día y la noche, días ordinarios y festivos, etc. ¿Cuántos efectivos disponibles hay en realidad? En los barrios alejados “el policía” es un peatón más, con frecuencia sin oficina de referencia. ¿Qué se le puede exigir, en medio de un ambiente hostil, donde abundan las carencias en todo orden? Por otra parte, si el 15 % es para el resto, no se puede esperar nada. Mucho lo cubren las propias iniciativas ciudadanas que cooperan de manera informal al funcionamiento de la institución. Pero eso resuelve seguridad de algunas empresas; no es la respuesta.
Las FFAA tienen como misión fundamental “defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado” (Art. 244 de la CPE), puestas en peligro, en este caso, por la inseguridad en la que vive y desarrolla sus actividades la ciudadanía. El Estado no lo constituye el partido en el gobierno, el Estado lo conforman todos los habitantes del país, sus instituciones, los bienes públicos y privados. Cuando el desorden, en este caso generado por acciones criminales, sobrepasa lo previsible o admisible para la vida en paz y armonía entre todos, es el Estado el que está en peligro. Y es obligación primera, de los responsables en el gobierno, dotar de los medios necesarios para restablecer las condiciones favorables a la convivencia y al trabajo en paz en la sociedad. Ninguna doctrina o ideología puede sustraer a la PB, a las FFAA ni al gobierno de su responsabilidad frente a la sociedad de brindar seguridad a la sociedad boliviana.
¿Se han invertido las prioridades? Hay 500 policías y militares, bien equipados, para asistir a una audiencia del gobernador en Trinidad, para la ocupación de Pando ¿para qué? Cierran una carretera en Tarija perjudicando a todo el mundo porque S.E. va a estar por la zona; luego viaja en helicóptero. Dos parlamentarias peregrinan en La Paz buscando un avioncito para mandar las donaciones a los afectados por la inundación en Pando: no hay cómo. Trasladar un reo de una cárcel a otra; poner orden en montones de conflictos, Yapacaní, los de Coroma y Quillacas se rompen la crisma, ¡no es su problema! Antes estaban los “gastos reservados”; hoy, los hay, se ocupan, pero no se dice. En otros términos, sólo en FFAA (sin la PB) el país gasta de 1.3-1.9 % del PIB anual, que no es poco; muy por encima de Argentina, Japón 0.8%, Paraguay, Venezuela y España 1-1.2% o Perú, Brasil 1.7%; en términos del PGN representa alrededor del 2.2%. Y es uno de los ministerios más eficientes, ejecutó 90% el 2011. Una idea más sencilla cómo ha evolucionado el gasto militar: Evo (Comandante en Jefe) empieza con 197 MD (millones de dólares) el 2006 y alcanza los 336 el 2010, sin incluir nuevos compromisos: helicópteros 100 MD, aviones chinos K 8, y cuánto del satélite Tupac Katari “no” es exclusivo para educar a los bolivianos. Mayores porcentajes del PIB es de países con vocación belicista o en apronte de guerra, Colombia, Chile, Israel, Omán.
La respuesta la tiene el gobierno. Porque el Estado, del bolsillo de los bolivianos y de lo que genera la explotación de los recursos naturales del país (cifras del Informe de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Gobierno al 31/8/2010), dedicó el 2010 mil setecientos noventa y dos millones de bolivianos (1.792.896.324 MBs), a temas que tienen que ver directamente con seguridad ciudadana (5.6 MBs), programa de sustancias controladas (58 MBs), orden y seguridad (1.470.969 MBs), batallón de seguridad física (218 MBs), y lucha integral contra el narcotráfico (140 MBs). Son más de 256 MD, en un año, para dar respuesta al problema de la inseguridad. O, ¿está la respuesta en los Informes de Auditoría?
La armonía en la sociedad no la garantiza endurecer el Código Penal ni la pena de muerte, para el caso que se nos antoje; tampoco con justicia comunitaria (323 ejecuciones sin juicio en seis años). Bolivia está entrampada en un problema ético, de conducta ciudadana. Porque una sociedad sin empleo formal, donde lo ilegal se impone a lo legal, ¿que busca, no era, el vivir bien? ¡Ser felices!, de otros tiempos. Una sociedad “permisiva” embotada por todos los medios a toda hora con la contracultura de la violencia física, psicológica y sexual; limitada a contemplar, o a regodearse en la extrema violencia del “ajuste de cuentas” típico del narcotráfico y la adicción a las drogas, que penetra la economía, la política y a la sociedad corrompiéndola sin contemplaciones; en fin, una sociedad que observa cómo “desde arriba” se proclama el desprecio a la ley, a los derechos humanos y a la vida de los ciudadanos, no debería sorprenderse de nada. La inseguridad es el precio a la pasividad y complicidad en la que Bolivia vive como sociedad; cosecha lo que ha sembrado. Sin posibilidad de cambio, porque la moral de los ciudadanos, la ética en las élites dirigentes, está faltando.
