Los senderos que se bifurcan

“El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas”, escribió Jorge Luís Borges en «El jardín de senderos que se bifurcan. No es una novela policial, apuntó el autor, para desvirtuar algún análisis en ese sentido. Es una enorme adivinanza, es una parábola, dijo, cuyo tema es “el tiempo que se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros”, dice uno de los personajes. Otro acota que “El porvenir ya existe”.

En Bolivia el tiempo se ha bifurcado permanentemente en busca de otros futuros, para romper la circularidad del tiempo y la fatídica repetición de errores políticos. El tiempo se bifurca, tanto que en los últimos dos años ha logrado cambiar la correlación de fuerzas entre el dominio totalitario de Evo Molares y los suyos, gracias a la sociedad civil y la aún desagregada, pero en busca de la unidad, sociedad política.

El cambio se da, dialécticamente, por los propios errores oficialistas y la total ausencia de gestión pública para afrontar los problemas del país. Gran parte de la sociedad boliviana está harta de la violación a los Derechos Humanos, la descomposición institucional, el descalabro policial en cuyo laberinto están muchos del más cercano entorno al poder político. Está harta de la corrupción, del incremento del cultivo de hojas de coca -materia prima de la cocaína y de la economía política de la droga- del narcotráfico y sus mafias, de la delincuencia y la criminalidad siempre impunes.

El hartazgo tiene cifras: una encuesta de radio Fides en La Paz, a mediados de mayo pasado, mostró que 75% de la población de la sede de gobierno rechaza la re-reelección de Morales en 2014, por tercera vez. Lo contundente del dato es que el departamento de La Paz representaba un duro y militante apoyo al partido oficialista –el MAS- y a Evo Morales.

El tiempo se bifurca hacia horizontes democráticos a pesar de los embates autoritarios y antidemocráticos del ‘socialismo del siglo XXI’. Se atisba a pesar del gobernador oficialista del departamento de La Paz, quien señaló “Vamos a colgar a todos aquellos que se oponen a nuestro proceso de cambio”. El futuro deseado se asoma pese a que un diputado del MAS pretende ponerle mordazas a la libertad de expresión de parlamentarios: los que critiquen al gobierno y a Morales, serán sometidos a la comisión de ética del Legislativo. Ambos demuestran la naturaleza intolerante, antidemocrática y violenta de los hombres de Morales. Iguales a él y al ‘Vice’.
El porvenir existe por la perseverancia de los pueblos indígenas en su heroica IX Marcha por la defensa de su tierra, su territorio y el parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), contra la carretera que pretende violar ese pulmón verde. Que pase por otro sitio, dicen los indígenas de Tierras Bajas. Junto a quienes desde los Andes los acompañan, se han convertido en actores políticos desde la sociedad civil y sin ellos, ningún porvenir podrá existir en Bolivia. Con ellos, en cambio, el tiempo se bifurcó hacia un futuro sustentable pues la carretera de marras no forma parte del futuro deseado.

¿Lo habrá entendido así la Organización de Estados Americanos (OEA) cuya Asamblea se realiza entre el 3 y 5 de junio en Cochabamba? Una Comisión recibirá a una delegación indígena ante la presión nacional e internacional, con lo cual la OEA, por congraciarse con el anfitrión, no podrá hacerse de la vista gorda. Aunque su presidente, Miguel Insulza, haya dicho que la organización no se pronunciará sobre el tema del TIPNIS, la delegación indígena planteará asuntos relativos a la violación de sus Derechos Humanos y étnicos por parte del gobierno. Quedarán en los anales de la poco eficaz OEA en este sensible tema.

El porvenir democrático existe…

Y no contempla presos, perseguidos y exiliados políticos por el complot contra el Oriente autonomista, como el ‘caso Rozsa terrorista-separatista’, para promover la persecución y hostigamiento de su líderes.

Violando toda norma de derecho procesal, el gobierno trasladó el juicio a la sede de Gobierno,. Pero el tiempo que se bifurca hacia futuros que no le son afines, hace que con la presencia de la Asamblea de la OEA, el “caso Rozsa”, en su parte final, se sustancie en Santa Cruz. Una de cal y otra de arena, pues el ‘juez natural’ del lugar donde ocurrieron los hechos, seguirá en manos de subordinados al centralismo oficialista. La OEA escuchará a una delegación de familiares, aunque como en el tema indígena será un mudo oyente. Con el agravante de que la reforma que Insulza propone para modificar la Comisión Interamericana de Derechos humanos, (CIDH) obligaría a que se «haga consultas» a los Estados que supervisa, antes de aplicar medidas cautelares que puedan molestarlos. Insulsa siempre fue un insulso.

Ninguno de los 39 imputados del caso Rozsa cometió el delito de terrorismo-separatismo, del que se los acusa. Hubo suplantación de pruebas, sembrado de falsas evidencias, rechazo a la presunción de inocencia y destrucción de indicios que apuntan a los aparatos represivos del Estado. Sus miembros fueron los autores de la ejecución extrajudicial de tres extranjeros –Eduardo Rozsa, húngaro, boliviano; Michel Dwyer, irlandés, y Arpad Magyarosi, húngaro en el hotel “Las Américas” de Santa Cruz de la Sierra, hace tres años. Hungría e Irlanda han protestado por la oscura forma con que la administración Morales lleva el caso.

El principal testigo del mismo, Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, caído en desgracia, reiteró desde la cárcel que sus testimonios contra las personas procesadas, fueron arrancadas por la fiscalía bajo presión y tortura. Agregó que el atentado contra la residencia del cardenal Julio Terrazas, en Santa Cruz y que sirvió para desatar el sangriento operativo en el Hotel ya mencionado, un día después, fue ejecutado por miembros de inteligencia del gobierno y grupos de élite de la policía. Queda claro que denominado “caso terrorismo-separatismo” fue un caso de terrorismo de Estado, que en el futuro deseado no deberá darse nunca más.

Ese futuro tampoco admitirá que un Senador de la ex República –Estado Plurirepresivo hoy- busque refugio en la embajada de Brasil, porque su vida corre peligro, tras reiteradas amenzas de muerte. Es lo que a hecho el senador Roger Pinto, de Pando, con 8 procesos en su contra por la anacrónica figura del desacato, propia de dictaduras. Pinto denunció encubrimiento y complicidad en actos dolosos que implican a altos jerarcas del gobierno, amén pruebas de violación a los DD.HH. El senador Pinto pide refugio para permanecer en Bolivia, no asilo en Brasil. Sin embargo, su familia más cercana ha cruzado la frontera y están en el vecino país, pues movimientos sociales afines al oficialismo han amenazado con saquear e incendiar su casa.

A pesar de los impulsos violentos que ejercitan Morales y gente, “El tiempo que se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros”, empieza a configurar un porvenir democrático, inclusivo y sostenible, siempre perfectible.