Ayer miércoles (29/08/13) en Villamontes, se aprobó el proyecto de Estatuto regional del Chaco. Después de tres años y cuatro meses, la Asamblea Regional (por fin) dio a luz un documento muy cuestionado, no sólo por lo ilegítimo, sino por su desapego a la Constitución y leyes reglamentarias.
A lectura veloz, cualquiera con conocimiento de derecho administrativo y constitucional evidencia una serie de figuras apócrifas y postizas totalmente alejadas de la normativa reglamentaria (Ley Marco de Autonomías y Descentralización, LMAD).
La Asamblea Regional es una de las que más abultado presupuesto tiene (Bs. 35 Millones hasta ahora), la de menor miembros (9), jugoso sueldos (Bs. 12.300), lujos suntuosos, y la que ha demostrado mucha ineficiencia, desorden e incapacidad desde sus inicios. A pesar de todas las ventajas y lujos que gozaron, no pudieron elaborar un documento mínimamente presentable y serio.
Los asambleístas se han dedicado cualquier cosa, menos a asumir su responsabilidad legal e histórica. El diputado Willman Cardozo dijo una vez muy molesto que estaba arrepentido de haberle “dado” a la Asamblea Regional la facultad de aprobar contratos y proyectos, porque los mismos estaban actuando como en la aduana. Primero los empresarios debían dejar la jugosa coima para aprobar los proyectos. Ningún asambleísta salió a desmentir la versión del polémico diputado, menos a iniciarle alguna acción judicial.
El problema de fondo es que la Asamblea Regional está compuesta por personas ignorantes del tema, ineptas, necias y lo mas grave, soberbias. Para un ignorante e inepto hay solución, pero para un necio y soberbio no.
Hay que recordar que ninguno de los miembros tuvo participación en el proceso autonómico, por lo que no le entienden al proceso, por eso su fracaso. Gracias al favoritismo y a las maniobras en sus partidos lograron acomodarse en las listas. Salieron elegidos no por sus méritos o prestigio personal, sino porque el partido con el discurso demagógico aparatoso, jaló los votos a favor de ellos.
El año pasado me llama un asambleísta y me pide que por favor no le sigamos criticando porque ellos llegaron al cargo sin saber nada de autonomía, y me solicita que le de tiempo, porque recién estaban aprendiendo.
El Estatuto Regional (ER), fue aprobado con mucha reserva, recelo y miramiento. No se tuvo acceso al contenido mientras se debatía. Algunos asambleístas comentaron que la Directiva había instruido no filtrar el Estatuto a los periodistas para que no se enteren lo que se discutía puertas adentro. Otro me dijo que sólo el presidente poseía el documento.
Tengo muchas observaciones al Estatuto presentado pero en esta ocasión sólo me concentraré en el Ejecutivo Regional y el Ejecutivo de Desarrollo.
Hay que reconocer que este proyecto de Estatuto es menos reglamentario que el anterior.
Gatopardismo
El Estatuto refleja un cambio para no cambiar nada. Es decir reproduce el actual esquema municipalista de división de la provincia Gran Chaco en tres. No impulsa un mecanismo que busque construir la regional a través de ensamblaje y el tramado de intereses. Lo que hace es alentar y profundizar los localismos y las acciones y fuerzas centrípetas que ahogarán la débil llama expectaticios que queda de la autonomía en el inconsciente colectivo del Chaco.
Es un Estatuto completamente alejado de las normas vigentes por lo que con seguridad, si el Tribunal Constitucional actúa en derecho, va a devolver el mismo. Todos sabemos que el Tribunal no es ninguna garantía, porque actúa de acuerdo a intereses políticos partidarios. Un ejemplo claro fue la declaración sobre la re reelección del Presidente Evo Morales.
El asambleísta García dijo que se reunieron en Villamontes con los tribunos en un asado, y allí los magistrados les habría asegurado aprobar el documento sin observaciones. Me llamó la atención que los tribunos se hayan comprometido a aprobar algo que no conocían.
Hay que reconocer que los asambleístas son muy creativos, porque han fabricado figuras que no existen en la economía jurídica.
Tengo las fundadas sospechas que los asambleístas hicieron a propósito este Estatuto con el único objetivo de salvarse de un juicio por incumplimiento de deberes. Muchos sectores sociales y políticos han anunciado que si hasta el 12 de agosto la Asamblea no entrega el proyecto de estatuto, iban a activar un proceso en contra de la misma. Esa advertencia, ha disparado la preocupación en los asambleístas.
Creo que los asambleístas, decidieron hacer cualquier mamarracho, con el fin de salvarse. Total, con la entrega del documento al Tribunal, ya cumplieron con el mandato que les da a Ley 017 y la Ley Marco de Autonomías.
El Tribunal Constitucional, teóricamente tiene 45 días para fallar, sin embargo existe una mecanismo interno que congela este tiempo, por lo que difícilmente se cumplirá ese plazo matemáticamente. El Estatuto de Pando está mas de 10 meses en el Tribunal y no hay pronunciamiento. No hay ninguna garantía que en 45 días haya pronunciamiento del Tribunal.
Pero el problema no es si pasa o no el Tribunal Constitucional. Yo creo que si hay padrinazgo político del Gobierno, este esperpento puede pasar sin ninguna observación. El problema de fondo es que el diseño que han construido no es autonomía regional, sino la consolidación del Libro V del Estatuto Departamental. Es la llamada autonomía provincial del estatuto tarijeño, solo con algunos nombres cambiados.
Los mismos Ejecutivos, pero con nombres cambiados
Se crean dos tipo de autoridades ejecutivas. Un Ejecutivo Regional y dos Ejecutivos de Desarrollo. La Ley Marco solo establece el Ejecutivo Regional (LMAD Art. 40). Los asambleístas manejaban el término de Gobernador, incluso el histriónico y pintoresco asambleísta José Luis García (PAN), insistía que el nombre seria Mburuvichá (Casa del Jefe). En el Estatuto, incluyeron el de Ejecutivo de Desarrollo, figura que no existe en ninguna norma vigente. Ambos son elegidos por voto popular. La ley marco de Autonomías, ni la Ley de Régimen Electoral (Art. 68 y 69) no establece la elección de ninguno de ellos. Ni siquiera del Ejecutivo Regional (LMAD. Art. 40). Solo son figuras elegibles los asambleístas regionales.
El Ejecutivo Regional será elegido por la población de la región del Chaco (circunscripción regional compuesta por tres municipios), mientras que el Ejecutivo de Desarrollo solo en Caraparí y Villamontes (circunscripción municipal) respectivamente (ER Art. 54).
El ejecutivo regional que suponen que será una yacuibeño/a, será la MAE y solo administrará el 15% del 45%. Los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villamontes serán elegidos por la población de su municipio y administrarán la misma cantidad de recursos (15%) que el ejecutivo Regional.
El Ejecutivo esta obligado a entregar el 15% del 45% a los ejecutivos de desarrollo mediante decreto a Yacuiba, Villamontes, Caraparí y los pueblos indígenas (ER Art. 36.10 y Art. 66). Aquí hay un problema porque falta un 15% para los indígenas. Algo de magia debe hacer el Ejecutivo Regional.
Además El Ejecutivo Regional debe transferirle los recursos para el funcionamiento de la Asamblea Regional (ER Art. 36.11).
Los Ejecutivos de Desarrollo tendrán las mismas competencias administrativa que el Ejecutivo Regional para ejecutar la inversión de sus recursos sin tener ninguna grado de dependencia del Ejecutivo Regional. Sin embargo la MAE (el de Yacuiba) asumirá todas las responsabilidades administrativas de los Ejecutivos de Desarrollos de Caraparí y Villamontes, pero no tendrá ninguna influencia en las decisiones de la administración de los recursos que administren los Ejecutivos de Desarrollo.
El que desee candidatear para Ejecutivo Regional tendrá que saber que debe seducir el voto de toda la región del Chaco y administrará solo el 15%, además de cargar toda la responsabilidad administrativa de lo que hagan los demás. Esta obligado a ceder el RPC (Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública) y el RPA (Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo). Además debe elaborar el POA regional, el PDR y atender los problemas administrativos que se presentaran en los ejecutivos de Desarrollo.
El Estatuto establece un solo POA, y que los Ejecutivos de Desarrollo deben elaborar sus presupuestos de forma participativa.
Si el Ejecutivo Regional se muere, renuncia o es revocado, cualquier asambleísta puede sustituirlo, pero si un Ejecutivo de Desarrollo muere, renuncia o es revocado será sustituido por uno de su jurisdicción.
El Ejecutivo Regional debe saber que los recursos del 15% de cada municipio estará en cuentas corrientes fiscales de cada uno y que será administrada por cada autoridad electa y que el Tesoro Regional sólo hará de cajero (ER Art. 65).
A todas luces, el ser Ejecutivo de Desarrollo de Caraparí o Villamontes, tiene sus ventajas. El que decida ser Ejecutivo Regional debe saber que tendrá que hacer mucho esfuerzo con todos los riesgos y responsabilidades que implica, en relación a sus similares de Caraparí y Villamontes.
El asambleísta García recalca que se planificará de forma coordinada. Habla de candado y llaves. Pero la verdad es que las leyes vigentes desde hace mucho tiempo obligan a que las autoridades confeccionen sus POAs de forma participativa. Ello no es novedad.
Por otro lado, en la actualidad hay un solo POA a nivel Departamental. Supuestamente los 11 Ejecutivos Seccionales de Desarrollo deben tomar como referencia el PDDES para la elaboración de su presupuesto, además los elaboran en sus municipios y los envían a la capital para que se incluya en el documento matriz. Eso no significa que estén condicionados a invertir en proyectos de impacto. Durante todo este tiempo en la formalidad se ha respetado el PDDES, pero en los hechos se ha hecho piñata con los recursos.
Este mecanismo no es ninguna garantía para que se decidan proyectos de impacto. Este diseño profundiza el actual sistema, por lo que continuará la chauchita de los recursos de las regalías. Cada uno hará lo que mejor le parezca en cuanto a ejecución de manera arbitraria, aislada y localista. (Yacuiba 29/08/13).
La Asamblea Regional está obligada a presentar contra viento y marea el documento ante el Tribunal Constitucional para librarse de los procesos. Necesitan presentar ante la población un documento que muestren como trabajo ante sus electores. Varios de ellos están ya en campaña, por lo que no van a cambiar de opinión.
Esta es una decisión política por lo que difícilmente se cambiará la determinación. Es un capricho que le costará mucho a la Región del Chaco. A historia juzgará esta irresponsabilidad. (Yacuiba 29/08/13)
