ArtículosIniciosemana del 19 de MAYO al 25 de MAYOSusana Seleme Antelo

La obediencia debida

Juzgados los criminales nazis,  finalizada la Segunda Guerra Mundial, se estableció que «El hecho de que el acusado haya obrado según instrucciones de su gobierno o de un superior jerárquico no le eximirá de responsabilidad…” Desde entonces, ningún Estado de Derecho reconoce como eximente la ‘obediencia debida’,  sujeta a instrucción superior que conlleve actos de lesa humanidad.

Revestido de demócrata hace mas de 8 años, el régimen de Evo Morales dista mucho de respetar el Estado de Derecho al haber eliminado la independencia de poderes, desterrado la rendición de cuentas como parte de la institucionalidad democrática, ser autoritario-represivo y pretender su reeleción indefinida. En ese contexto político se desempeñaba el exfiscal Marcelo Sosa, en el llamado ‘caso Rózsa’, que en honor a la verdad  fue un complot político con carátula judicial de terrorismo-separatismo para aplastar  a los líderes autonomistas de Santa Cruz.

Que  hoy con naturalidad pasmosa desde su refugio en Brasil, Sosa afirme que él “cumplió órdenes” del “gabinete jurídico,  un instrumento de intervención y sometimiento de la justicia”,  remite a que su obediencia no lo exime de culpa. Sí confirma lo que ya sabíamos: “la forma en la cual se manejan los jueces y fiscales en Bolivia” y que “el grado de influencia del Gobierno sobre la justicia es absoluto”.

Lo que  ventila el exfiscal  y las perretas del régimen contra él, le hacen bien al país para que se sepa la verdad: ese complot fue planificado por el régimen que contrató al mercenario húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, en 2008, para armar la falsa trama terrorista-separatista(Maité Rico XII.30.2010). Fieles al libreto, los expertos en inteligencia asesinaron a Rózsa y a dos de sus compañeros, cuando ya no les servían. Soza fue el operador eficiente del complot a partir de la siembra de falsas evidencias, suplantación y contaminación de pruebas. Violó la territorialidad del juez natural, instalando en La Paz la farsa jurídica, imputó a 39 personas y siguió con audiencias conclusivas itinerantes, cuya fase inconclusa radica en esta capital.

La farsa hace aguas desde que la senadora Carmen Eva Gonzáles dio a conocer  la entrevista grabada y autenticada (marzo 2013), en la que Soza decía parte de lo que hoy dice en Brasil.  Entonces ya echaba “p’alante” a Morales, al Vice, a su hermano y a varios funcionarios. Todos son responsables de terrorismo de Estado, asesinato con premeditación y alevosía,  y soborno a testigos para justificar el complot contra la autonomía y la democracia.

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