La democracia aparente de Bolivia

Este domingo se llevará a cabo el referéndum de reforma al artículo 168 de la Constitución que abre la posibilidad para que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, representantes del Movimiento al Socialismo (MAS), puedan postular a un cuarto y consecutivo periodo presidencial. Desde enero de 2006, cuando Morales asumió la presidencia, se han producido una decena de procesos eleccionarios (entre reelecciones y referéndums de toda índole) realizados con el objeto de imponer su modelo de Estado y, ahora, para quedarse en el poder hasta el año 2025.

Luego de una profunda crisis política, Morales asumió la presidencia con la promesa de promover un gobierno indigenista, sin corrupción, y sin muertos. Al cabo de 10 años, estas promesas han sido desvirtuadas porque, primero, el gobierno de Morales ha sobrepuesto los intereses de su séquito y de su base cocalera por sobre derechos indígenas al punto de haber generado una terrible represión contra los pueblos yuracaré, chimán y mojeño que habitan el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) en 2012, y contra los guaraníes de Takovo Mora en 2015, ambos casos son noticia mundial; segundo, se han descubierto grandes hechos de corrupción como el millonario despilfarro del Fondo Indígena y, el último de ellos, el descubrimiento de que tuvo un hijo con una joven a la que le lleva casi 30 años de diferencia, y quien hoy ocupa un cargo muy alto en la multinacional que es la principal contratista del Estado y bajo sospecha de tráfico de influencias; y tercero, su gobierno ha estado marcado por el autoritarismo y por promover el odio por motivaciones raciales y políticas, lo cual ha llevado a más de 100 muertos durante su gestión.

Cabe señalar que Morales cuenta con un gran aparato de comunicación que maneja, perfectamente, la teoría del enemigo interno y externo, lo cual resulta muy efectivo para que los gobiernos autoritarios se mantengan en el poder. En efecto, el gobierno indica que tanto el enemigo interno (la oligarquía, la oposición, y la Iglesia Católica) como el enemigo externo (Estados Unidos, y la élite chilena) son los causantes de todos los incidentes y hechos de corrupción que aquejan al país, y no así el autoritarismo ni la corrupción de los funcionarios públicos.

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Bolivia, a cargo del actual gobierno, están dirigidas a quienes disienten de la ideología oficial y a los periodistas independientes. En efecto, el gobierno viola los cinco elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre los que se encuentran el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho y  elecciones libres. Esto puede ser comprendido al observar estos cuatro ejes:

1) Prisioneros políticos y exiliados. Existen decenas de prisioneros políticos de la oposición, entre ellos el ex prefecto electo del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, quién fue encarcelado bajo acusaciones de asesinato luego de que, en septiembre de 2008, murieran 13 campesinos en enfrentamientos por motivaciones políticas en dicha región. La norma establece otorgar libertad si en 36 meses no se dictara sentencia; en este caso, el Ministerio Público no pudo demostrar la culpabilidad de Fernández luego de casi 7 años pero igual estuvo encarcelado. Por otro lado, también continúan siendo procesados 39 ciudadanos por el denominado Caso Terrorismo que se inició, en abril de 2009, con la ejecución de tres ciudadanos extranjeros a cargo de la Policía, dicho caso fue utilizado para dañar al movimiento autonomista. Hasta hoy no existe sentencia.

En cuanto a exiliados, justamente el fiscal asignado a este último caso, Marcelo Sosa, en marzo de 2014, escapó de Bolivia hacia Brasil (donde se le otorgó el estatus de refugiado) y reveló que dicho caso fue “montado” por el Órgano Ejecutivo, que existieron sobornos, torturas, extorsiones, y que fue presionado por altos funcionarios para incriminar a inocentes. En otro caso, el ex senador opositor Roger Pinto, en mayo de 2012, solicitó asilo a la Embajada de Brasil en La Paz tras declararse perseguido político por veinte procesos que le inició el Órgano Ejecutivo como producto de su función de fiscalización. Previa evaluación, Brasil le concedió asilo pero Bolivia no cumplió con su obligación de otorgarle el salvoconducto para salir del país, lo cual derivó que, en junio de 2013, la Cancillería de Brasil retire a su embajador Marcel Biato.

2) Violencia y discriminación política. El Órgano Ejecutivo creó y financió, con recursos públicos, los denominados movimientos sociales (grupos de civiles armados por el gobierno). Estos grupos actúan fuera del control jurisdiccional e infunden terror sobre la sociedad civil a fin de implantar el proyecto político autoritario del gobierno. La última operación de los movimientos sociales fue registrada la mañana del miércoles cuando llegaron a la Alcaldía de El Alto (hoy gobernada por la opositora Soledad Chapetón, electa con el 55% de los votos) y realizaron un incendio selectivo: quemar documentos de las oficinas jurídica y contable, esto con el propósito de destruir evidencia material que involucra en delitos de corrupción a varios funcionarios de la anterior gestión edil a cargo de Edgar Patana (MAS), quién justamente se encuentra en la cárcel imputado por al menos seis tipos de delitos.

Otro caso alarmante sucedió en El Chaparé, bastión político de Evo Morales, en el marco de las Elecciones Subnacionales de marzo de 2015: los concejales electos en los municipios de esa región que pertenecían a partidos políticos opositores fueron castigados con la expulsión de la región y el despojo de sus terrenos; sobre este asunto, no existe un pronunciamiento del Órgano Electoral ni del Órgano Judicial.

3) Restricciones a la libertad de expresión y de prensa. La Constitución, aprobada en 2009, establece en su artículo 107 que los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de comunicación se ejercerán de acuerdo al “principio de responsabilidad”. Por lo tanto y en el entendimiento de que cualquier condición que se imponga a una libertad significaría eliminarla, esta norma “ética” tiene la intención de suprimir las libertades mencionadas puesto que abre las puertas para la arbitrariedad de quienes determinan qué se entiende por “principio de responsabilidad”.

Dos años después, en 2011, el gobierno promulgó la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, la cual otorga las frecuencias de radio en un 33% al sector estatal, un 33% al sector privado, y el saldo a cargo del sector social comunitario e indígena, con lo cual el gobierno controla dos tercios del espectro a causa de su relación con estos sectores. Con esta ley, la otorgación de licencias comenzó a depender del poder político. En consecuencia, muchas radioemisoras fueron obligadas a cambiar de dial y muchas otras cerraron.

Por otra parte, el gobierno realiza discriminación en cuanto a la pauta oficial en los medios de línea editorial independiente, este es el caso de las radios Erbol y Fides. También ejerce presión sobre los propietarios de los medios para sacar del aire a periodistas independientes: este es el caso del comunicador Carlos Valverde, quien fue removido de dos canales de televisión abierta a uno que se emite sólo por cable. Por otra parte, en los últimos años se ha producido la venta de varios medios de comunicación privados a grupos empresariales venezolanos que cambiaron, radicalmente, la línea editorial de tales medios. Por decirlo de algún modo, han quitado cualquier cuestionamiento al poder y se han incrementado los programas de farándula.

4) Falta de independencia del Órgano Electoral. Dicho órgano ha creado un sistema de sobrerrepresentación de manera tal que el oficialismo, en las zonas en las que tiene mayor preferencia electoral, obtiene mayor cantidad de representantes en el Órgano Legislativo por menos votos. Por otra parte, el partido oficialista utiliza, indiscriminadamente, recursos del Estado para hacer campaña, en tanto que el gobierno censura a la prensa independiente, en la que la oposición puede – cada vez menos – exponer sus propuestas. Es inobjetable que existe una competencia muy desigual entre las fuerzas políticas.

Por otra parte, este órgano emite duras sanciones contra la oposición, lo cual genera ventajas indebidas al oficialismo. En las Elecciones Subnacionales de 2015, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) – dependiente del órgano – suspendió los derechos políticos de 228 candidatos de la oposición en el departamento del Beni, una región tradicionalmente opositora. Esto pese a que la Constitución establece que sólo el Órgano Judicial – mediante juez competente – tiene facultades para ello luego de una sentencia por cualquiera de estos tres cargos penales: 1) por ayudar a fuerzas enemigas en tiempos de guerra; 2) por defraudación de recursos públicos; y 3) por traición a la patria. Ninguno de estos cargos aplica a alguno de los 228 suspendidos. De esto se deriva que el Estado boliviano violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protege los derechos políticos de los ciudadanos de los Estados miembros de la OEA dado que Bolivia – a través de resoluciones administrativas – suspende o priva a sus ciudadanos del ejercicio de dichos derechos, con lo cual adquiere responsabilidad jurídica internacional.

Posterior al fallo de la suspensión, se revelaron fotografías, videos, documentos, y otras evidencias que demuestran los vicios del TSE dado que existe filiación partidaria de sus miembros con el oficialista MAS. De algún modo esto explica lo sucedido, en el mismo proceso eleccionario, en el departamento de Chuquisaca, en el que el TSE anuló 9,000 votos de un partido político opositor, lo cual le permitió al oficialismo gobernar dicho departamento.

El artículo 7 de la CDI establece que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. El espíritu de la Carta es que exista libertad y justicia en las sociedades democráticas. Pese a que existen partidos políticos opositores y medios de comunicación independientes, en Bolivia rige un autoritarismo competitivo que genera grandes anomalías en la débil institucionalidad. El objetivo del gobierno por conservar el actual estado de las cosas es la de promover una imagen de democracia aparente.

En consideración de los hechos expuestos, el gobierno de Morales se encuentra con un fuerte descenso en cuanto a su popularidad; no obstante, es importante señalar que el Órgano Electoral está copado por sus partidarios. Ya en 1929, José Ortega y Gasset, en su célebre libro La rebelión de las masas, señalaba: “La salud de las democracias, cualesquiera su tipo o grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario.” Como se puede evidenciar, la democracia boliviana está en agonía.

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