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Jefe policial que enjuicia al Director de Sol de Pando agredió brutalmente a su cónyuge

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN PODER DE POLICÍAS ABUSIVOS | Alberto Suárez amenazó con tono mafioso a la periodista Scarlet Pacheco de ATB, quien descubrió la impune tendencia feminicida del Comandante de la Policía de Cochabamba…

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La impunidad que le dio el padrinazgo del entonces viceministro Pérez, permitió a Suárez ganar jerarquía hasta lograr el puesto de Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, usando como “mérito” para tal fin la querella entablada contra Wilson García Mérida el 5 de septiembre del 2013. | Foto Los Tiempos

© Redacción Sol de Pando

Descarada infidelidad conyugal, violenta agresividad contra la madre de sus hijos, tendencia feminicida, abuso de poder político y tráfico de influencias para lograr impunidad durante varios años, son los rasgos en la conducta personal y profesional del coronel Alberto Edgar Suárez Balderrama, Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, quien, en concomitancia con la Dirección de Migración, impulsa personalmente una querella penal contra el Director de este medio, Wilson García Mérida, a quien dicho coronel calificó públicamente como “un mal ciudadano”, forzando el arraigo del periodista al incriminarlo como “narcotraficante” y procesándolo por “resistencia a la autoridad” y “lesiones graves”, debido a que el trabajador de la prensa se negó a ser apresado por un cabo que lo calificó como “extranjero indocumentado” durante un operativo migratorio el 30 de agosto del pasado año.

Según el informe de una red televisiva nacional —reproducido por el diario Los Tiempos—, el coronel Alberto Suárez fue denunciado por su ex esposa ante el Ministerio Público el 26 de junio del pasado año 2013 por agresiones físicas y sicológicas que condujeron a un divorcio y fueron puestas en conocimiento de las propias autoridades policiales desde el año 2008, sin resultado alguno en favor de la víctima ni mucho menos sanciones discplinarias contra el policía abusador. Sólo recién en noviembre del 2013, a dos meses de haber asumido Suárez la Comandancia Departamantal, se pudo conciliar algunos aspectos concernientes al trámite de divorcio; aunque los daños físicos y morales causados a la víctima no han sido sancionados por ninguna instancia administrataiva o judicial.

De acuerdo al expediente difundido por la red ATB, “la expareja de Suárez fue víctima de una serie de maltratos por más de 24 años en los que se vio obligada a callar todo lo que vivía por mantener su hogar unido, no perjudicar a sus hijos ni la carrera policial de su marido”.

Pese a las constantes quejas que la víctima se vio obligada a formular en los últimos cinco años ante las autoridades competentes hasta el pasado 2013, las denuncias sobre las brutales golpizas perpetradas por el jefe policial permanecieron ocultas y jamás salieron a luz pública debido a la protección política de la que éste goza como reciente militante del Movimiento al Socialismo (MAS) dentro la “célula policial” organizada el mismo año 2008 por el entonces capitán Fabricio Ormachea Aliaga, operador político del Ministro de la Presidencia dentro la institución uniformada. Según coinciden varios de sus camaradas, el coronel Alberto Suárez obedece ciegamente órdenes de Jorge Pérez, quien lo promovió y “apadrinó” desde el Viceministerio de Gobierno.

En el grupo de “policías masistas” articulado por Ormachea y Pérez, además de Alberto Suárez, participan algunos policías con antecedentes de corrupción y que gozaron de privilegios durante el gobierno del general Hugo Banzer Suárez como militantes activos de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Uno de ellos, incluso, confabuló en los años 90 con la DEA y con el entonces fiscal antidroga Daniel Humérez Valda (luego abogado de Manfred Reyes Villa) para asesinar en el Chapare al entonces líder cocalero Evo Morales.

Los policías honestos y altamente capacitados para conducir una reforma institucional a tono con el proceso de cambio, han sido sistemáticamente desplazados y conculcados en su carrera profesional. La Policía boliviana está hoy dominada por los amigos de Fabricio Ormachea y Jorge Pérez, en su mayoría agentes inmorales y desestabilizadores infiltrados y adiestrados desde la Embajada norteamericana, como lo fue el propio Ormachea, para tener bajo su control las políticas de seguridad pública en el actual Gobierno.

LA IMPUNIDAD COMO ACUMULACIÓN DE PODER

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En el grupo articulado por Ormachea y Pérez, además de Alberto Suárez, participan efectivos con antecedentes de corrupción y que gozaron de privilegios durante el gobierno del general Hugo Banzer Suárez como militantes activos de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Los policías honestos y altamente capacitados para conducir una reforma institucional a tono con el proceso de cambio, han sido sistemáticamente desplazados y conculcados en su carrera profesional. | Foto Opinión

La impunidad lograda mediante sus obsecuencias políticas, le permitió a Suárez Balderrama avanzar posiciones de mando hasta lograr el puesto de Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, usando como “mérito” para tal fin la querella que entabló contra el “mal ciudadano” Wilson García Mérida el 5 de septiembre del pasado año 2013 —cumpliendo una instrucción directa del viceministro Jorge Pérez—; pese a que este “buen policía” había cometido delitos criminales contra su esposa formalmente denunciados en varias oportunidades y que incluso fueron de conocimiento del “Director Nacional de Transparencia” de la Policía, el tristemente célebre mayor Fabricio Ormachea Aliaga.

En una primera oportunidad, según el memorial revelado por la prensa local, la esposa sorprendió a Suárez en su vehículo con otra mujer, por lo que la cónyugue engañada fue embestida y arrastrada por el policía al percatarse de su presencia, en una clara tentativa de feminicidio. A causa de ese hecho la víctima quedó lesionada de la parte sensitiva de las rodillas, de lo cual existen sendos exámenes forenses. El intento homicida fue denunciado a Tránsito sin éxito en la ciudad de Quillacollo, documento que ha sido exhibido este jueves por la Red ATB, medio que descubrió esos delitos encubiertos bajo un manto de cínica impunidad. En otra ocasión, el policía agarró brutalmente a su esposa de los cabellos y la golpeó contra el volante de su vehículo.

La víctima denunció en dos oportunidades el hecho ante autoridades del Comando General de la Policía. “Sin embargo, en ambas ocasiones la petición fue rechazada, porque Suárez gozaría de una fuerte protección”, afirma Los Tiempos. Asimismo, realizó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) con el código de registro número 883/08, la cual no prosperó por el “manoseo que realiza el denunciado”.

Producto de estos maltratos físicos, la víctima presenta laberintitis (pérdida de memoria), no pudiendo soportar más decide pedir el divorcio para frenar la escalada violen ta que dañó severamente la salud de la mujer agredida, causándole gastos económicos que el policía agresor se habría negado a resarcir como manda la Ley.

Según relató la víctima ante un Fiscal de Turno, el 28 de abril del pasado año 2013, sumida en la desesperación por la necesidad económica para recibir atención médica, “solicité a mi ex esposo me diese algo de dinero para poder cubrir esos gastos; éste, en la forma más inhumana, cruel y degrandante, inmediatamente me respondió que él no tenía para darme limosnas, entre otras cosas, agresión verbal que se encuentra grabada en mi celular por seguridad”.

Al respecto, Suárez declaró ante los medios informativos que “eso sucedió hace muchos años” y advirtió con represalias legales contra los periodistas que aborden el tema, a pesar de la vigencia de la Ley 348 que tipifica la violencia intrafamiliar como delito de orden público e imprescriptible. El diario Opinión denunció que Suárez amenazó con tono mafioso a la periodista de ATB Scarlet Pacheco que investigó la oculta conducta violenta del comandante contra su víctima marital. “Te voy a seguir los pasos, cuidate”, le dijo el jefe policial a la periodista —según Opinión— en presencia de varios de sus colegas durante una rueda de prensa.

El Defensor del Pueblo de Cochabamba, Andrés Cuevas, advirtió que “estos actos no pueden aceptarse de una persona representativa de la Policía a nivel departamental que debe velar por la integridad y seguridad de las personas”.

El pasado mes de junio, Suárez Balderrama intentó justificar y atenuar el asesinato cometido por un policía ebrio en una madrugada después de las fiestas de San Juan contra dos jóvenes sordomudos en la plazuela Corazonistas. El comandante policial llamó a una conferencia de prensa con la expresa finalidad de enfatizar que los discapacitados asesinados por su camarada eran “delincuentes prontuariados”.

El Comandante Departamental tambien es acusado de encubrir sistemáticamente la violación sexual cometida dentro el cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) contra una joven con problemas mentales, por parte un grupo de oficiales leales a Suárez.

EL ABUSIVO JUICIO DE SUÁREZ CONTRA GARCÍA MÉRIDA

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Suárez Balderrama, siguiendo instrucciones del entonces vicemistro de Gobierno Jorge Pérez y de otros funcionarios que dependen del Ministerio de la Presidencia, forzó una ilegal querella contra el Director de Sol de Pando, García Mérida, debido a que éste no permitió ser arrestado por un policía durante un “operativo migratorio” realizado el 30 de agosto del pasado año. En dicha oportunidad, el periodista se encontraba realizando la venta de ejemplares del quincenario en prestigiosos cafés pubs de la ciudad de Cochabamba —habituales punto de venta de dicho periódico amazónico de circulación nacional—, aprovechando que ese día, al final de la tarde, salió de su domicilio para realizar el envío de un paquete de ejemplares a la ciudad de Cobija mediante la aereolínea BOA. El periodista se halla refugiado en su hogar de Cochabamba al ser perseguido en Pando por sicarios de la banda del narcotraficante Mauro Vásquez Guerra, vinculado políticamete al Ministro de la Presidencia. En octubre del 2012, los sicarios intentaron secuestrar en la ciudad de Cobija a García Mérida y a la gerente de Sol de Pando, Silvia Antelo, por lo que ambos periodistas tuvieron que refugiarse temporalmente en las ciudades brasileñas de Brasiléia y Epitaciolandia, que desde entonces se han constituido en los centros de operación laboral de Sol de Pando cuando sus editores llegan al norte amazónico para recolectar información, protegidos por miembros de la Policía Federal del Brasil.

Con ese antecedente, sumado a otros similares que pusieron en riesgo la vida del periodista y sus familiares (como cuando agentes de la DEA ejecutaron su arresto y lo torturaron en una carceleta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico [Felcn] incriminándolo como “narcotraficante” en abril del 2006, con el plan de asesinarlo a través de un reo contratado dentro las celdas del penal de San Sebastián en caso de no ser sobreseido), García Mérida fue sorprendido en un punto de venta de su periódico en Cochabamba por una patrulla de Migración, el 30 de agosto del 2013 (pocos minutos después de haber sostenido una extensa reunión con el senador Adolfo Mendoza). Los agentes de Migración le exigían de manera persistente y coercitiva su identificación. El periodista explicó que no portaba su cédula de identidad debido a que el documento se hallaba caducado, y que en todo caso no tenían competencia para coaccionar con tal exigencia a un ciudadano boliviano. El artículo 3.I de la Ley 370 de Migración delimita su aplicación y el ámbito de acción de los funcionarios de esta área específicamente “a todas las personas migrantes extranjeras que se encuentren en el territorio nacional y a las bolivianas y los bolivianos en el exterior”. No obstante, los agentes de Migración de Cochabamba ordenaron a un policía adjunto a esa patrulla —el cabo Patzi— la utilización de fuerza pública para arrestar al periodista en calidad de “extranjero indocumentado”, ante lo cual García Mérida, con justa indignación, optó por asumir defensa propia. Dos amigos del periodista que acababan de saludarlo en el local comprándole ejemplares de Sol de Pando, protestaron vehementemente por ese abuso. El abogado y ex diputado izquierdista Gustavo Giacoman de 75 años, y el académico Jesús Rodríguez, testificaron en el acto que Wilson García Mérida no era un “extranjero indocumentado” y en respuesta Migración y la Policía tambien arrestaron a ambos ciudadanos como “cómplices” de García Mérida.

Posteriormente, en dependencias de la Felcc de la Laguna Alalay, el periodista recibió una feroz pateadura arrastrado en el piso por parte de un efectivo policial en presencia de los camarógrafos de ATB y Unitel. Sufrió otras torturas físicas y sicológicas que los policias impidieron sean observadas por la médico forense convocada para tal fin. La Fiscal de Turno, Cynthia Prado, se abstuvo de instruir un examen de alcoholemia solicitado expresa e insistentemente por el periodista, al constatar que García Mérida no emitía ningún aliento alcohólico como la Policía propaló injuriosamente al día siguiente comprometiendo en esa infamia a varios medios de comunicación, ya que esa noche sólo bebió una taza de café junto al senador Adolfo Mendoza en el marco de una jornada laboral.

Tras salir libre con medidas sustitutivas, Garcia Mérida presentó al Comando Departamental, con copia al ministro de Gobierno Carlos Romero, una carta conciliatoria ofreciendo sus excusas a la institución policial con la que colaboró en Pando para desenmascarar al narco-sicario Mauro Vásquez, comprometiéndose a cubrir los gastos de curación del cabo Patzi (el agresor), explicando que las lesiones fueron causadas en legítima defensa propia y solicitando además garantías ante la persecusión de los sicarios de Mauro Vásquez que incluso se encuentran al acecho en Cochabamba. La carta conciliatoria dirigida el 2 de septiembre del 2013 al entonces Comandante Departamental, coronel Erwin Montaño, no tuvo efecto, ya que el cabo Patzi, a través de un abogado, intentó extorsionar a los imputados pidiendo la suma de $us 3.000 (tres mil dólares) como condición para dejar sin efecto la acción penal, situación agravada por el entonces subcomandante departamental, Alberto Suárez, quien azusó a la tropa policial que amenazó con amotinarse y manipuló mediáticamente para defenestrar a Erwin Montaño acusándolo de ser “blandengue” con García Mérida. Montaño fue destituido el 4 de septiembre y consecuentemente Alberto Suárez —con apoyo directo del entonces viceministro de Gobierno Jorge Pérez quien ejerce sus funciones represivas cumpliendo órdenes de Quintana— asumió la Comandancia Departamental adoptando como primera medida, tras su posesión en el cargo el 5 de septiembre del 2013, garantizar el enjuiciamiento contra el Director de Sol de Pando.

La querella “de oficio” que impulsa el jefe policial abusador de mujeres contra el periodista perseguido por sicarios del narcotráfico pandino a quienes protege el ministro Quintana, adolece de inumerables vicios de nulidad y arbitrariedades que el Ministerio Público dejó pasar, al margen de la flagrante violación constitucional a la Ley de Migración promulgada en mayo del 2013.

El coronel Alberto Suárez forzó ilegalmente el arraigo del periodista “reactivando” esa medida emanada durante el juicio por “narcotráfico” del 2006, pese al Sobreseimiento a favor de García Mérida con que concluyó dicho proceso impulsado irregularmente por agentes de la DEA en represalia a denuncias que formuló el periodista contra el embajador norteamericano David Greenlee en el semanario El Juguete Rabioso.

Además, según varios juristas, la Policía como institución, y menos su Comandante, pueden enjuiciar a un ciudadano que asumió defensa propia ante la agresión personal de un efectivo subalterno de esa institución, en este caso el cabo Mario Patzi, quien ejecutó oficiosamente y con brutalidad policial la orden de los agentes de Migración para arrestar al periodista tratado ilegalmente como un “extranjero indocumentado”. La querella policial contra el Director de Sol de Pando es cobarde, abusiva e inconstitucional y viola los propios preceptos del Código de Procedimiento Penal, según opinan abogadas que defienden al periodista. A pesar de ello, el Ministerio Público ha emitido un informe conclusivo ante el Juzgado respectivo, pidiendo cinco años de cárcel contra Wilson García Mérida, a exigencia del inescrupuloso Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alberto Suárez Balderrama.

Certificado-Felcnn

PRONUNCIAMIENTO DE LA APLP

Respecto a la querella criminal que Suárez Balderrama forzó poniendo en riesgo la seguridad familiar y la estabilidad laboral de García Mérida (quien tiene a su cargo dos hijos en edad escolar huérfanos de madre), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) entidad que galardonó en varias ocasiones a Sol de Pando, emitió el siguiente Comunicado Público el pasado 19 de agosto:

Comunicado de la Asociación de Periodistas de La Paz

sobre el arraigo del director de Sol de Pando

La Asociación de Periodistas de La Paz desea expresar su preocupación por la situación legal del periodista Wilson García Mérida, director del semanario Sol de Pando, que ha sido arraigado por órdenes del Ministerio Público.

La jueza que analiza el caso se ha negado a retirarle el arraigo, pese a que fue impuesto después de un incidente en el que la Policía le exigió a García Mérida que exhiba se cédula de identidad en el marco de un “operativo migratorio”, pese a que testigos que estaban con él, le aseguraron a la Policía que el periodista es boliviano.

La norma establece que la Policía no tiene derecho de exigirle a ninguna persona su cédula de identidad a menos que se presuma que ha cometido algún delito.

Un juzgado de Cochabamba analiza actualmente la acusación del director de Sol de Pando respecto a la violencia de la que fue víctima en el momento de su detención y la denuncia contra un agente policial por haberle propinado golpes de pie y puño sin justificación alguna.

La Asociación de Periodistas de La Paz exige a las autoridades civiles, militares y policiales respetar y proteger el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación y garantizar que la libertad de prensa se cumpla de manera completa e irrestricta en el territorio nacional.

La Paz, agosto 19 de 2014.

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