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Hay que romper el paradigma de que justicia es igual a cárcel

Expertos y políticos debaten sobre qué modelo penal aplicar en la transición

Por: SILVIA BLANCO

La idea de que la paz en Colombia está más cerca que nunca, que se trata de un proceso sin retorno, atravesó este lunes las intervenciones de algunos de sus principales protagonistas y conocedores, reunidos en Madrid en el Foro por la Paz. La negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC atraviesa una fase crítica al zambullirse en el asunto más delicado para los colombianos: el de la justicia, el de qué penas afrontarán los responsables de crímenes de guerra. “Estamos obligados a investigar los delitos de lesa humanidad”, recordó el expresidente colombiano César Gaviria. “Sobre eso no hay discusión”, y defendió que la justicia transicional no se aplique solo a los guerrilleros desmovilizados una vez que se firme el acuerdo, sino extenderla a otros actores implicados en el conflicto como “las Fuerzas Armadas y empresarios [que hayan financiado el conflicto]”.

El foco del debate giró en torno al desafío medular de la mesa de negociación: encontrar un equilibrio entre justicia para las víctimas y la necesidad de la paz. El ministro consejero de la Presidencia de Colombia para el Posconflicto, Óscar Naranjo, dijo que para lograrlo hay que “romper el paradigma de que justicia es igual a cárcel”. Este general retirado del policía, encargado de pilotar la transición si se firma el acuerdo con la guerrilla, recalcó que “la justicia transicional no es impunidad”.

En el mismo sentido, el jurista español Baltasar Garzón incidió en la importancia de emprender una “labor de pedagogía muy grande” para explicar ese marco punitivo más allá de la “privación de libertad”. Defendió que “en la justicia transicional van a participar víctimas que son también jueces, e incluso los victimarios son parte del tribunal”.

Una parte de los colombianos recela de la negociación de paz con las FARC y rechaza la posibilidad de que los guerrilleros puedan, si se firma un pacto, participar en política o no entrar en la cárcel. La necesidad de rendir cuentas a los ciudadanos y la presión que ello puede suponer para el proceso fue el argumento que destacó el israelí Shlomo Ben Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. “La paz une a las naciones, pero la paz las divide. Todo el mundo quiere la paz, por la que hay un precio que pagar. No será fácil para los colombianos ver a guerrilleros en el Congreso, pero es un precio que hay que pagar”, afirmó. Ben Ami destacó la importancia de que el Estado logre llegar a todo el territorio colombiano para que la paz se asiente e insistió en la necesidad de imprimir velocidad a la negociación.

El consultor en seguridad y asesor del Gobierno colombiano Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño, se centró en el carácter irreversible del proceso y advirtió de que, si “las FARC prolongan el conflicto, habrá más deserciones en sus filas”. Villalobos cree que las instituciones han desempeñado un papel central. “En América Latina entre 2000 y 2010 hubo un millón de homicidios. ¿Qué hay detrás de eso? Estados débiles, ausentes. Colombia ha ido construyendo Estado y ciudadanía, las bases de la seguridad, enfrentando lo peor. Ellos conocen el infierno”, afirmó.

Jonathan Powell, exjefe de Gabinete de Tony Blair que participó en la negociación con el IRA, opinó que el liderazgo es esencial porque los diálogos de paz requieren “tomar decisiones impopulares”, algo acentuado en Colombia, donde hay un “problema de crispación” en torno al proceso. Cree que “hará falta apoyo internacional para el desarme” y que, pese a todo, “Colombia es uno de los pocos lugares donde hay una esperanza verdadera de lograr la paz”.

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