Los trágicos enfrentamientos entre cooperativistas mineros y policías muestran no solo diferencias en los objetivos, sino una manera usual y supuestamente justificada de actuar para resolver conflictos en los que unos reivindican derechos o buscan beneficios —justos o no—, incitados a la batalla para lograr lo ansiado y, los otros, los represores, que obedecen órdenes y actúan con saña pero no convencidos de que estarían en el lado justo, y pagan el precio de su condición funcionaria. Aguerridos ambos, sufren muertes, heridos, presos y perseguidos.
Realmente esto es recurrente: Nuestra historia está plagada de hechos terribles: matanzas como modo de retener el poder o para capturar el gobierno. Y tan comunes fueron esas tragedias provocadas por el sectarismo, que los actores aún no están conscientes de que son instrumentos de designios políticos perversos o que, simplemente, cumplen con una función sin freno moral alguno. Ambos son alentados para agredir desde el poder y desde el llano. Definitivamente, por ello, “la definición de violencia debe tener en cuenta que puede existir un fuerte componente de subjetividad en la percepción que un individuo tiene del fenómeno”. Tal circunstancia “no es resultado de la percepción de lo que es o no violencia, que no siempre se sustenta en hechos concretos, y sí en sensaciones y rumores que circulan en lo social”. (“Violencia política y conflictos sociales en América Latina” CLACSO. 2013).
Es cierto también que la violencia y “el quebrantamiento de los instrumentos de control social puede(n) llevar a una incapacidad para reprimir eficazmente la violencia irracional, con un incremento en su incidencia” (op. cit).
Las muertes en los recientes enfrentamientos en Panduro y Sayari, desmienten que hubo intención de evitar la violencia; ésta fue producto de la ya conocida irracionalidad en el modo de demandar mejoras para un sector, frente a la habitual crueldad en la represión oficial. Es triste y frustrante comprobar, una vez más, que la violencia sigue inseparable de la política.
Es cierto que hubo, y previsiblemente habrá, elecciones para la conformación del Gobierno; pero también es verdad que la violencia –tanto la física como la sicológica– ha jugado, y juega aún, un papel importante para definir resultados electorales. El fraude y las amenazas son formas de violencia.
Todo esto no es nuevo; pero, no por ello, se justifica lo sucedido y menos aún deja en el olvido la promesa de que en este tiempo (“proceso de cambio” lo llaman) no habría ni un muerto.
