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Proyecto de ley de empresas sociales
Marcelo Ostria Trigo

El proyecto de ley de empresas sociales aprobado por la Cámara de Diputados ha alborotado el avispero, especialmente al sector empresarial, ya que, según el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, se abriría el camino “para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país”. Este rechazo de varios grupos sociales seguramente ha influido para que el presidente Evo Morales pida al Senado que suspenda, temporalmente, su consideración, buscando llegar a acuerdos, especialmente con los empresarios.

La preocupación predominante se ha centrado en el derecho de propiedad de las empresas, lo que ciertamente es legítimo, pues uno de los principios inmanentes de la democracia es el respeto a la propiedad privada, que en este caso estaría amenazada por el citado proyecto de ley. Resalta también –y preocupa– la tendencia del régimen de seguir el camino trazado por el Foro de San Pablo de dar al Estado –ya fue iniciado en Bolivia con las nacionalizaciones– el carácter de interventor en todas las actividades de la Nación; esa política –ya fracasada– es una de las causas de la espantosa crisis venezolana. Es más: recuerda el “nacionalícese” de Hugo Chávez.

Por otra parte, el presidente salió al paso de las críticas afirmando que no se confiscarían las empresas en problemas; que, en cambio, se las compraría. Se confirma, entonces, que en ese caso el Estado sería el nuevo propietario de las empresas intervenidas, aunque en apariencia se las entregaría a los trabajadores. Pero lo cierto es que ha sido práctica del régimen copar toda la actividad nacional, lo que trae consigo el gran aumento del ya desproporcionado tamaño del Estado boliviano. Es más, con la ya probada ineficiencia y el manejo partidista de las empresas públicas, es de esperar un seguro fracaso de las empresas ‘compradas’.

El cuestionamiento del tamaño desproporcionado del Estado y su carácter interventor no se limita a la adquisición o confiscación de empresas privadas. Se trata especialmente de un asunto ligado a la libertad, ya que “un Estado grande coarta las libertades individuales, por su excesiva influencia (…) y sus despliegues autoritarios. Un Estado grande promueve el despilfarro y la corrupción. Y tal vez lo más grave, un Estado grande en manos ‘equivocadas’ puede fácilmente llevar a un país a la catástrofe, como en el caso de nuestro vecino (Venezuela)”. (Louis Kleyn en Tamaño y función del Estado. Portafolio. Bogotá, Colombia, 18 de enero de 2017).


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