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CONECTADOS EN EL MUNDO

JUEVES NEGRO

Rolando Fernández Medina

Antes de ingresar en el desarrollo de este artículo, es necesario rememorar algunos acontecimientos que tienen vinculación directa con las restricciones de la Policía Nacional en el uso de armamento adecuado para enfrentar a la moderna y sofisticada “delincuencia organizada”,

El 12 de febrero del 2003, en el gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hubieron manifestaciones en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz de algunas unidades policiales, reclamando reivindicaciones sociales y salariales contra un proyecto económico del gobierno nacional, que trataron de ser controladas por efectivos militares y que posteriormente desembocaron en enfrentamientos armados con fallecidos en ambas instituciones.

El otro antecedente es la Ley 400 sobre armas que fue promulgada en noviembre del 2013 y reglamentada un año después, que solo permite el uso de armas cortas para la institución del orden, y contempla como excepción, el uso de fusiles semiautomáticos y automáticos, casi obsoletos para estos años, solo para las unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado, previa autorización del Ministerio de Defensa.

Estas medidas estuvieron motivadas por el tiroteo de “febrero negro” y que debido a la presión militar, debilitaron la capacidad operativa policial, desarticulando la única unidad capacitada y entrenada para operaciones de alto riesgo y por ende, hoy tenemos una institución que lucha en tremenda desigualdad de condiciones materiales contra las poderosas mafias transnacionales que manejan rutinariamente armas bélicas en sus profusas actividades delictivas. Habría que pensar en la urgente necesidad de modificar los artículos pertinentes de esta Ley que eviten estas restricciones en el uso de armamento a la institución del orden, en particular, para sus unidades comandos a crearse en un futuro próximo en nuestra ciudad para enfrentar estos ataques.

En el asalto ocurrido en la importadora de joyas y relojes Eurochronos por delincuentes de rasgos psicopáticos y criminal de sangre, usaron para este fin fusiles de guerra y pistolas 9 milímetros, con los cuales no dudaron en entablar fuego cruzado con los policías, lo cual da pautas sobre su terrible peligrosidad.

Mediante los diversos vídeos posteados en las redes sociales hemos visto una reacción policial precipitada por las circunstancias y poco ortodoxa, con respecto

a los protocolos sobre protección de la vida de las personas tomadas como rehenes. Este asalto también permitió develar los pormenores de la permeabilidad de algunos operadores del sistema penal, que dieron lugar, desgraciadamente, a que se desencadenen resultados trágicos y luctuosos para familias cruceñas y policiales.

La génesis de los “enredos jurídicos” ocurridos antes de este acto criminal, nos demuestran que dos de los asaltantes abatidos por la Policía estaban detenidos en cárceles de La Paz y de nuestra ciudad respectivamente, por la comisión de delitos contra la propiedad, habiendo logrando la libertad con medidas sustitutivas, por resoluciones calificadas primariamente como irregulares o contra lo que determinan las leyes, que constituyen técnicamente prevaricaciones e incumplimiento de deberes formales y que forman parte del debate denominado eufemísticamente “crisis de la justicia”; que decisiones judiciales facilitaron posteriormente la rearticulación de este grupo criminal con algunos trazos de “delincuencia organizada”, que serían células del cartel primer comando de la capital del Estado Brasilero quien maneja el monopolio del narcotráfico, y que habría diversificado sus actividades a los casos de asalto a negocios millonarios y es considerado muy poderoso por la estructura y medios con que cuenta, según las aseveraciones de autoridades del gobierno nacional.

La presunta conjura entre detenidos y libertarios nos demuestra que la observancia e infracciones de las leyes que afectan a la seguridad ciudadana, son secundarias ante intereses particulares, y que estos desmanes no permiten que los planes de seguridad tengan alguna aplicación exitosa, debido a la falta de coherencia y concordancia de algunos jueces y fiscales con los esfuerzos de la Policía Boliviana en su lucha diaria contra la criminalidad, que a pesar de sus carencias trata de cumplir su deber constitucional.

Debido a estas permanentes irregularidades, queda de manifiesto que necesitamos jueces y fiscales probos, decentes y honestos; paralelamente necesitamos contar con políticas de control de fronteras, con un servicio de migración y extranjería que sea pro-activo y no pasivo como hasta ahora. Además, una policía con unidades de élite, entrenadas, capacitadas, en operaciones de alto riesgo, con pertrechos y armamento moderno, con equipos adiestrados en el “manejo de crisis”, con negociadores en casos de toma de rehenes que observen los protocolos para evitar víctimas fatales, franco-tiradores, analistas, vehículos blindados, que permitan enfrentar con éxito a estos monstruos criminales que están extendiendo sus tentáculos y garras en nuestra sociedad; también, se deben fortalecer los servicios de Inteligencia criminal e interpol para “rastrear” a los delincuentes de otros países mediante el intercambio de información.

Hoy vemos que aún no estamos preparados para repeler este tipo de criminalidad y ese debe ser el gran desafío en estos momentos difíciles para nuestro Estado, que en sus diferentes niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal, deben coordinar los mayores esfuerzos y apoyar en este objetivo con mayores recursos. La empresa privada también juega un rol importante en este reto y debe involucrarse, coadyuvar e invertir en la seguridad de su personal, bienes e infraestructura, para evitar seguir siendo el blanco preferido y apetecido de los asaltantes.

El tema es complejo y complicado. La pujante ciudad de los anillos, la locomotora económica del país, muy festejada con reconocimientos verbales en fechas especiales, no merece la suerte que está corriendo. Estamos en inminente peligro y ese peligro se llama DELINCUENCIA ORGANIZADA, que cuenta con un abanico de ilícitos que va desde el narcotráfico, asaltos, tráfico de armas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, hasta trata de personas, y que tiene que ser enfrentado con las estrategias que requiere una acertada política criminal. Si bien la seguridad ciudadana nos involucra a todos, es responsabilidad del Estado contar con instituciones sólidas, eficientes y eficaces que le permita garantizar a los ciudadanos seguridad, respeto a sus derechos y protección para sus vidas y patrimonios, para gozar de una mejor calidad de convivencia, en un clima de paz y tranquilidad. ¡Llego la hora de apostar por la seguridad de Santa Cruz, con seriedad y mayor compromiso!

El autor es Policía (SP) y abogado.


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