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Estado interventor versus Estado democrático
Marcelo Ostria Trigo

La insistencia en ampliar el papel del Estado en la economía,  nuevamente  se manifiesta en el proyecto de “refundar” la otrora poderosa Corporación Minera de Bolivia. En realidad, se trata de eliminar la restricción impuesta por el Decreto Supremo 21060 a la empresa estatal de producir directamente minerales. Esto repone  —o reaviva— el debate sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la economía y en otros sectores de la actividad nacional.

Por una parte están los que creen que el Estado debe producir bienes y prestar servicios, industrializar el país, construir la infraestructura, educar a la población, crear empleos, democratizar la tierra, combatir la pobreza, erradicar las enfermedades y dirigir el deporte y las manifestaciones culturales. Por otro lado, se propugna el “estado menor”, o sea el que tiene poder limitado, y que no interfiere directamente en la economía y en otros sectores.

Ambos sistemas, incluyendo sus matices, ya han sido probados en Bolivia. Ahora hay un retorno al estatismo. Por ello, deben tomarse en cuenta las experiencias propias y las de otros países que también han transitado por los dos caminos. Habrá que advertir que en Bolivia el intervencionismo nunca llegó a establecer un sistema de economía planificada de tipo socialista; la tendencia fue que el Estado actúe como empresario.

Pero ahora se va en la misma dirección de las empobrecidas economías cubana y venezolana. Esto mientras el sector privado se ve cada vez más acosado y vulnerable. Es más: la constante populista es aumentar la burocracia en las ya deficitarias empresas públicas. Pero hay más aún: ya se conoce la intención oficialista de controlar otros sectores, como el de la educación superior, insinuando que las universidades privadas deben cerrarse.

Cuando hay condiciones excepcionales como el incremento en las cotizaciones internacionales de los precios de los productos que se exportan, se captan más recursos y, si el exportador es el Estado, se favorecen directamente las finanzas públicas. Se trata, entonces, de una coyuntura excepcional, pero que puede revertirse desatando graves crisis. La receta, entonces, no radica en mayor intervención del Estado, sino en restablecer la libertad económica, y alentar sectores eficientes y previsores, lo que da sentido a la democracia. La  solución a una crisis que asoma no se logra refundando empresas estatales fracasadas, o creando instituciones que, por su naturaleza, son susceptibles a la corrupción y a la desidia.


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