ArtículosDestacadosEconomíaIniciosemana del 18 de DICIEMBRE al 24 de DICIEMBRE del 2017

En ocho años, el Estado confiscó Bs 18.831 millones a las gobernaciones

Se retuvieron por decretos, resoluciones y transferencias. Fueron a parar al TGE (Bs 13.585 millones) y a los municipios (Bs 5.246 millones). Se afectaron proyectos de salud, educación, seguridad y producción

En el periodo 2008-2016, el Gobierno central confiscó Bs 18.831 millones a las nueve gobernaciones del país.

Por la medida, según la Gobernación cruceña, se dejaron de instalar tendidos para energía eléctrica en áreas rurales, se paralizó la construcción de más hospitales de tercer nivel y se dejaron sin efecto proyectos de desarrollo productivo.

Los fondos se retuvieron por medidas emitidas por la Asamblea Plurinacional, por decretos, de transferencias, recortes al Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) y aumentos de competencias, pero sin la asignación de recursos correspondientes.

Solo en Santa Cruz en ocho años, se dejó de percibir Bs 1.938 millones.

Esto frenó la ejecución de proyectos en cuatros sectores claves: salud, educación, seguridad ciudadana y producción, explicó el asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada.

“Las más afectadas fueron los Gobernaciones, obligándolas a realizar una reingeniería de su presupuesto, retrasar el pago de proyectos y postergar el cumplimiento de algunas competencias”, afirmó Parada.

Siguiendo su análisis, Parada afirmó que el Gobierno, a través del Decreto Supremo 28421, bajó la asignación de los recursos del IDH a las gobernaciones de un 56,9% a un 24.3%. El saldo de estos recursos (32%) fueron redirigidos a los municipios. Además, otro 30% del impuesto se destinó para el pago de bonos.

“En total, quiere decir que el recorte es del 71% del IDH, y siguen dando competencias, pero sin recursos”, manifestó.

Destino

De acuerdo con un análisis enviado por la Gobernación de Santa Cruz al servicio estatal de autonomías, del total confiscado el Tesoro General del Estado (TGE) recibió Bs 13.585 millones.

Estos recursos se usaron para el pago de la Renta Dignidad que antes pagaban las empresas públicas con sus utilidades. Además, los municipios recibieron Bs 5.246 millones.

Entre el 10 y el 14 de septiembre de 2017, el ministerio de economía remite a las prefecturas de departamento nuevas asignaciones para los ingresos para el reformulado del presupuesto que incluyen una reducción del 21% de los ingresos por IDH.

Esto significó que ocho departamentos pasaron de recibir Bs 211 millones a solo Bs 167 millones, pero la región más afectada fue Tarija que pasó de Bs 283 millones a solo Bs 224 millones.

Para la elaboración de esta nota se llamó al secretario de Economía de Tarija, Manuel Figueroa, pero no contestó su celular.

En marzo, el gobernador tarijeño, Freddy Oliva, informó de que los recursos del departamento bajaron de Bs 5.000 millones a Bs 2.000 millones.

En el eje central, La Paz y Cochabamba dejaron de percibir cada uno Bs 1.938 millones.

Consultado sobre el tema, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, señaló que mañana dará una conferencia sobre los recortes sufridos en su región.

“El miércoles vamos a dar un informe con datos y las proyecciones para el 2018; sin los datos a mano no puedo hablar”, dijo la autoridad paceña.

Por su parte, Camilo Torres, secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación de Cochabamba, señaló que hubo recortes importantes en 2015 y 2016. En estos años se ajustó el presupuesto de funcionamiento de la administración departamental y se dejaron de lado algunos proyectos, “para cerrar ese déficit generado por la caída de los precios de los hidrocarburos”.

Torres agregó que este año la administración cochabambina, no tuvo recortes y que esperan recibir recursos adicionales, los mismos que se destinarán en diversos programas, sobre todo en salud y proyectos productivos.

Debe haber acuerdos

Para el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Armando Méndez, es necesario que se elabore un pacto fiscal para determinar quién maneja los recursos del Estado.

“Más allá de quién sea el que administre los recursos están llegando a las regiones, de manera directo o indirecta. Las regiones quieren administrar y eso está bien porque allí se generan. Pero la gran pelea es quién maneja estos recursos, eso se tiene que discutir”, señaló la exautoridad.

Las retenciones vulneran la constitución política del estado

La Constitución Política del Estado, en su artículo 146, establece claramente que los recursos de los tesoros tanto departamentales como municipales no pueden volver a ser centralizados, esto significa que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) no pueden ser usados por el Gobierno central, afirmaron expertos consultados.

Para el analista Henry Oporto, dos son los móviles que lleva al Gobierno a transgredir esta norma: el económico y político.

En el ámbito político, según Oporto, el Ejecutivo necesita recursos para sostener su administración, luego de la caída de las exportaciones de los hidrocarburos. En el aspecto político, dijo que las regiones más afectas por los recortes son opositoras que no podrán ejecutar sus proyectos.

Según la Ley Nº 3058 (Ley de Hidrocarburos), los recursos asignados los gobiernos subnacionales (Prefecturas y Municipios) deben ser usados en inversión en educación, salud, infraestructura caminera y todo lo que genere fuentes de empleo, pregunta que tuvo una aprobación de más del 90% de toda la población boliviana.

Fuente: eldeber.com.bo

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