ArtículosIniciosemana del 18 de DICIEMBRE al 24 de DICIEMBRE del 2017

ONG y colectivos ‘Estamos amenazados de muerte’

Entrevista: Marco Gandarillas – Cargo: Director del Cedib

En menos de seis meses, cuando el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el mayor fondo documental del país, fuera casi expulsado de predios de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, ahora se encuentra ante otra adversidad: cual es el congelamiento de sus cuentas bancarias, supuestamente por incumplimiento de una deuda con dicha casa de estudios superiores. Marco Gandarillas, director del Cedib, describe a El Día, los avatares que atraviesa dicha organización no gubernamental, situación que es vista como una sistemática política gubernamental por acallar la voz y la defensa de los derechos colectivos que por años desarrollan.

P. ¿Es para el Cedib este un año adverso?
M.G.: Desde el último ataque, son menos de seis meses. Mientras intentábamos recuperarnos de aquella salida traumática, donde nos quitan el espacio donde funcionaba el Cedib, con un centro de documentación patrimonial de enorme valor para la memoria histórica del país, ahora nos vienen a congelar cuentas. Lo que buscan es aniquilarnos políticamente con una serie de ataques públicos desde el Gobierno, como el referido estos días por el propio vicepresidente, Álvaro García Linera.

P. ¿Están amenazados las ONG y sobre todo el Cedib?
M.G.: Así es. Las ONG, fundaciones y las organizaciones colectivas no afines al Gobierno, que además somos defensores de los derechos ciudadanos e indígena y a la vez críticos de las políticas extractivas de este Gobierno, prácticamente estamos amenazadas de muerte. Nos quieren aniquilar. Buscan cualquier resquicio, como el caso de una supuesta deuda, para acallarnos.

P. ¿Por qué sucede todo esto?
M.G.: Es importante reflexionar por qué. Por qué nos está sucediendo todo esto y poner todo esto en su contexto. El Cedib, además de ser un centro documental de información muy citado por la prensa nacional e internacional, es una organización defensora de Derechos Humanos, sobre todo de las personas y comunidades involucradas o afectadas con proyectos extractivistas que impulsa el Gobierno. A partir de eso fuimos y somos objetos de una serie de ataques y descalificaciones públicas que buscan dañar nuestra credibilidad. Y segundo, el objetivo del Gobierno es mostrarnos como algo malo, tanto que el vicepresidente en algún momento ha expresado que nos deben expulsar del país.

P. ¿Otras organizaciones también?
M.G.: Este último año, al Cedib, le ha tocado ver a organizaciones muy amigas vivir una situación similar como la Fundación Solón, a cuyo director el Gobierno le ha acusado por un delito, que en el mejor de los casos ha sido administrativo, pero puesto en el plano penal. Lo mismo sucede con Cáritas Tarija por salir en defensa de la reserva natural de Tariquía. Lo otro es lo que vive la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, semejante institución, dado que hablar de ella es como referirnos a las madres de la plaza de Mayo en Argentina. Pero el Gobierno ha hecho sistemáticos ataques como el intento de toma de las sedes, organizaciones paralelas y un acoso político permanente.

P. ¿Es una amenaza sistemática de criminalización?
M.G.: Los mensajes son claros, nos están hablando de expulsión, de cierre y de judicialización. Hay una criminalización sistemática de la sociedad civil independiente. En nuestro caso, hay una acción evidente de judicialización, cuando el rector de la UMSS, Juan Ríos, afín al poder político del país, se convierte en un actor inescrupuloso que no tiene miedo de mentir, que no tiene miedo de usar los fondos públicos, dado que no lo hace con sus propios recursos, sino los fondos de los bolivianos que son destinados a la universidad. No sé que cantidad de juicios ha hecho este señor y todos después se caen, porque no tienen argumentos.

P. ¿En el caso específico del congelamiento de cuentas?
M.G.: En esta pretendida falta que habríamos cometido, de supuestas deudas a la UMSS que se nos quieren atribuir, no hay ningún informe de la Contraloría que diga que tal hecho existe. El proceso administrativo, los procesos judiciales de esta naturaleza necesariamente provienen vía acciones de la Contraloría General de la Nación. En cambio, en contra del rector, Juan Ríos, si existe un informe de la Contraloría. Dice que se pagó indebidamente durante dos años no solo él, sino 202 funcionarios de la UMSS a su cargo se cobraron sueldo por encima de lo que ganaba el presidente. Hay un pliego de cargo y hay una orden de que deben devolver al Estado. En nuestro caso no hay, pero se ha actuado con la acción mas severa de congelar nuestras cuentas.

P. ¿Cuál es el argumento de ese congelamiento de cuentas?
M.G.: Hasta ahora no hay notificación. Lo que sabemos de la poca documentación al que tuvimos acceso: es que se nos acusa de haber incumplido un viejo convenio con la Universidad. En su momento ese convenio dijo San Simón que no existía y ahora dicen lo contrario. Ahora nos dicen además que el Cedib nos debe dinero, pero sin notificarnos previamente, mediante la Contraloría y solo causando el daño más severo del congelamiento.

P. ¿Mas allá de eso este no es solo una excusa para acallarlos?
M.G.: Ese es el tema de fondo. Qué no nos han hecho en estos 11 años de gobierno. Casi todos los ataques han tenido un trasfondo de buscar socavarnos económicamente, ponernos multas y poner en duda nuestro estatus legal. Aún así vamos a seguir adelante, haciendo frente a toda esta arremetida. Tenemos un apoyo a nivel nacional e internacional. No nos vamos a callar y veremos qué cosas más harán en contra de nosotros.

‘Lo que no le gusta al Gobierno es que libremente se ejerza el derecho a asociarse. Más allá del tipo de Estado que se tenga, es importante defender los derechos humanos’.

Fuente: eldia.com.bo

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