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Pese a normas, entidades restringen acceso ciudadano a información pública

La ANP considera que “es fundamental que el Gobierno asuma, con convencimiento, la necesidad de hacer transparente toda la información que procesa y almacena”. La APLP reitera que la ley es parte del control social de los recursos estatales. “Implica que no sólo periodistas, sino también ciudadanos puedan solicitar y hacer seguimiento a la administración pública de forma abierta.

Leny Chuquimia / La Paz

Pese a la vigencia del Decreto Supremo 28168 que garantiza el acceso a la información pública, las entidades de  todos los niveles de gobierno restringen datos a la ciudadanía. Las representaciones de la prensa  advierten sobre una falta de voluntad por transparentar la gestión pública.

“Hay un ministerio destinado a la transparencia informativa, pero los periodistas tienen  permanentes dificultades para la obtención de datos, documentos e información sobre temas financieros, procesos de contratación de bienes y servicios, y otros. Aunque los sectores sociales, ONG  y  periodistas realizaron campañas, seminarios y propuestas, no se logró sensibilizar al Gobierno sobre este derecho”, dijo  Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Sostuvo que en los últimos 12 años la tendencia ha sido  la concentración de información y la escasa difusión  de la misma. “Los pocos datos presentados por entidades públicas son generales y no responden a las inquietudes de la sociedad civil”.

Para el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Nelson Martínez,  el derecho de acceso a la información -inserto  en la Constitución Política del Estado-  debe ser normado. “Una ley de este tipo significa que no sólo periodistas, sino también ciudadanos  puedan solicitar y hacer seguimiento  a la administración pública de forma abierta. Es parte del control social de los recursos estatales”,  sostuvo.

Actualmente rige el Decreto Supremo 28168, de acceso a la información pública, promulgado el 17 de mayo de 2005, durante el gobierno de Carlos Mesa. En el artículo 3 la norma determina que toda “información que genere y posea el Poder Ejecutivo pertenece a la colectividad y toda persona tiene un acceso irrestricto a la misma”.

Establece, por tanto, la obligatoriedad que tiene toda entidad del Poder Ejecutivo “de entregar la información solicitada de manera completa, adecuada, oportuna y veraz que solicite cualquier persona sin discriminación alguna”.

Cinco proyectos fallidos

Desde 2013, a la Asamblea Legislativa llegaron cinco propuestas de ley de acceso a la información. Ninguna prosperó.

La más observada fue la remitida por el entonces Ministerio de Transparencia. Ese proyecto planteaba restringir la información referente a empresas estratégicas del Estado y a algunas contrataciones y obras.

“En su momento, la ANP observó esa propuesta porque contenía artículos que terminaban por eliminar el espíritu de la norma al otorgar atribuciones a funcionarios de rango medio para decidir sobre la publicación o restricción de entrega de datos al público”, explicó Chávez.

Según el ejecutivo, la falta de voluntad por hacer transparente la gestión de gobierno ha causado la postergación indefinida del tratamiento de estos proyectos. “La ANP considera que antes de crear nueva legislación es fundamental que el Gobierno asuma, con convencimiento, la necesidad de hacer transparente toda la información que procesa y almacena”.

Página Siete acudió al Viceministerio de Transparencia para conocer más datos al respecto, lastimosamente se restringió el acceso de este medio a las oficinas y no se le permitió hablar personalmente con ningún funcionario. La consulta tuvo que ser por medio del guardia de seguridad, quien vía telefónica transmitió nuestra consulta a los funcionarios, quienes derivaron a la periodistas a la unidad de comunicación del Ministerio de Justicia. Después de cuatro días de insistencia, desde esa instancia se informó que el viceministro de Transparencia, único vocero válido para el tema, estaba de viaje. Pidieron esperar para intentar una nueva gestión.

Restricción a los periodistas

“Pese a que hay una ley, es casi imposible acceder a información”. “Las unidades de comunicación se niegan a gestionar las entrevistas”. “Te dicen que si les das palo no te van a ayudar a conseguir la entrevista ni los datos”. Esas son algunas de las quejas de los periodistas que prefirieron guardar su identidad por temor a mayores represalias.

“Hemos recibido varias denuncias sobre la inaccesibilidad a las fuentes oficiales al momento de buscar una contraparte o información específica y de carácter público. Si bien en ciertos momentos hay una presencia del estado en los medios, ésta responde a conferencias generales. Muchas ocasiones la información se salva con especialistas, pero no con la voz oficial, esto daña al periodismo”, consideró Martínez.

“Hace unas semanas pedimos al Ministerio de la Presidencia información sobre el nuevo Palacio de Gobierno, la inversión y las características y funciones de los ambientes, pero los pocos funcionarios a los que tuvimos acceso nos dijeron que les estaba prohibido dar esta información a pesar que es pública. Lo mismo pasó cuando solicitamos el gasto en que incurre el helicóptero del Presidente”, manifestó una periodista de un medio nacional.

Otro colega señaló que a nivel municipal las cosas están igual. “Hace un año que pido información sobre el uso y monto de las multas a choferes. Hasta ahora no hay respuesta”, sostuvo.

Ciudadanos que hicieron la petición de acceso a la información a la Alcaldía de Santa Cruz.
Foto #criarespondona

Petición ciudadana de acceso a la información

Amparados en la Constitución Política del Estado, un grupo de ciudadanos de Santa cruz presentó una petición de acceso a la información para que el alcalde cruceño Percy Fernández transparente todo lo relacionado a un denunciado monitoreo de cuentas personales en las redes sociales. Este es uno de los pocos antecedentes del reclamo ciudadano por el derecho al acceso a la información pública.

“Es impresionante comprobar que un acto tan simple como es pedir una información de naturaleza pública se convierte en un acto de osadía y temeridad, cuando esto debería ser parte de una práctica ciudadana corriente, colectiva, comunitaria y cotidiana. Creo que estamos poniendo en valor lo que significa ser ciudadano en ejercicio”, manifestó el exprefecto y uno de los solicitantes, Carlos Hugo Molina.

Hace casi un mes, en la capital oriental circuló una lista de personas, colectivos ciudadanos y medios que -presuntamente- son monitoreados en las redes sociales por funcionarios ediles. En la nómina están Carlos Valverde, Carlos Hugo Molina, Fede Morón, Maggy Talavera y Alicia Tejada, entre otros ciudadanos y activistas.

Ante esta situación varios aludidos presentaron mediante una carta una petición de acceso a la información, amparados en los artículos 243 numeral 4 de la CPE, la Ley 341 de Control Social y el DS 28168. Las consultas formuladas al Alcalde fueron: ¿a qué política corresponde el monitoreo de redes sociales?, ¿de quién depende?, ¿cuál es el presupuesto asignado y qué fin tiene la información obtenida?, entre otras.

“No estamos haciendo más que lo que señala la responsabilidad cívica. Queremos saber de qué manera se está usando la información y sobre todo de qué manera se utiliza los recursos públicos en esta actividad que necesita ser fiscalizada”, manifestó Molina.

Indicó que el tema de fondo es acceder a la información para transparentar el manejo público. La solicitud fue entregada el 18 de diciembre. La ley establece un plazo de 15 días para que se emita una respuesta.

APLP: Preocupa la agresión a periodistas sólo por informar

El 1 de noviembre de 2016 el periodista Sergio Mendoza y el fotógrafo Álvaro Valero, de Página Siete, fueron detenidos durante la audiencia del excomandante del Ejército y de las Fuerzas Armadas Omar Salinas. Pese al carácter público del evento, los efectivos procedieron al desalojo violento de ambos miembros de la prensa, quienes fueron conducidos enmanillados a una unidad policial de la calle Pando.

“El caso es lamentable porque los periodistas estaban en juzgados para conseguir información pública. Debe de garantizarse el trabajo periodístico, pero hay instancias que desconoce la norma y si la conoce aún así la vulneran. Eso también es una restricción”, dijo el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Nelson Martínez .

En febrero de 2017, varios periodistas fueron amedrentados durante los hechos violentos en Achacachi, comunidad en conflicto por las denuncias de corrupción contra su alcalde. Por hacer el seguimiento del caso una periodista de Radio Líder recibió amenazas contra su integridad que venían de teléfonos registrados a nombre del burgomaestre involucrado.

En marzo, Migración de Chile retuvo a la periodista Sandra Mariscal y expulsó del vecino país al camarógrafo Érick Condorena, ambos de Bolivia Tv. Los agredidos debían cubrir la visita familiar a los nueve bolivianos detenidos en el Penal de Alto Hospicio, en Iquique.

El 29 de agosto el periodista Agustín Mamani fue detenido por filmar una movilización de pobladores de Mecapaca y la intervención de la Policía. Al momento de su aprehensión le fue arrebatada su cámara, que logró recuperar 70 días después.

En octubre, los periodistas Moisés Cornejo y Sergio Gandarillas fueron maltratados por los uniformados de la UTOP en inmediaciones de la plaza Murillo. La página web de la APLP recibió 10 alertas de intentos de hackeo, cuando se pronunció contra las amenazas y el acoso que soporta el equipo periodístico de Radio Líder.

A todos estos se suma el proceso penal instaurado por el exministro de la Presidencia y actual embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, contra el periodista y director del Sol de Pando, Wilson García Mérida, por el cargo de sedición. Hasta hoy no se conocen las pruebas.

“Esas no son las únicas vulneraciones que vemos con preocupación”, dijo Martínez

Pedidos sin respuesta

  • Con el fin de conseguir una voz oficial, Página Siete solicitó información en diferentes oportunidades y a diferentes ministerios. No recibe respuestas hasta el momento.
  • 2017 En octubre, Página Siete solicitó a la ATT conocer la cantidad de sanciones pecuniarias de las aerolíneas que operan en el país, hasta la fecha no hay respuesta. En noviembre y diciembre pasado se solicitó a la misma entidad datos sobre la licitación para el sistema de portabilidad numérica en telefonía móvil. Pese a que la apertura de sobres era pública, no se dio a conocer el lugar ni la fecha, que aseguraron no era conforme a la convocatoria.
  • 5 solicitudes de información sobre epidemias, rabia canina, atención a personas con discapacidad y cantidad de personas intoxicadas fueron enviadas al Ministerio de Salud desde enero, no hay respuesta.
  • 2018 Por ordenes del Ministerio de Culturas el Museo de Arqueología se negó a dar información a Página Siete sobre las exposiciones de este año. Señaló que la ministra debe revisar las preguntas.
  • 2011 En octubre de 2017 Página Siete pidió a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros información sobre una adjudicación hecha hace seis años. La autoridad argumentó que no conocía el tema y no dio respuestas.
  • 195 Este artículo del nuevo Código Penal dicta una sanción de uno a tres años de cárcel y el resarcimiento económico a quien impida o estorbe el libre acceso a la información o el derecho a la comunicación.

Fuente: paginasiete.bo

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