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La impotencia estatal para contener a la nación

Susana Seleme Antelo

El asalto del centralismo a las regalías del departamento de Santa Cruz, contenidas en el pozo petrolero Incahuasi, confirma que Bolivia no es un Estado Autonómico como forma de organización territorial, administrativa y política del Estado.

Es uno “con autonomías”, inscrito así en la Constitución Política del Estado (CPE), para salir del paso frente a las demandas autonómicas, otorgando competencias ya exclusivas, concurrentes, privativas y compartidas, solo en el papel. En los hechos, se aplican o respetan cuando bien le conviene al Ejecutivo que concentra todos los poderes del Estado.

La confiscación de las regalías de Incahuasi es, además, un caso de judicialización política de las mismas regalías y de la autonomía. La maniobra empieza en el Ministerio de la Presidencia, y luego, con cara de “yo no fui”, se pasa al Judicial, que es su apéndice. Y el Tribunal Constitucional establece la sentencia 1160/2017 que congela cuentas porque Chuquisaca también reclama esas regalías, aunque el reservorio está en departamento cruceño, según estudios antiguos y actuales, pero pide uno nuevo.  Recuerda al perro del hortelano: ni come ni deja comer.

Sin corrección política alguna, afirmo que es una maniobra del centralismo de Morales y sus ad látere contra Santa Cruz y contra el Gobernador Rubén Costas, a quien con 28 procesos judiciales inventados e interminables, no logran acobardarlo, acorralarlo o destituirlo, que es la meta del oficialismo.

Y sin inmutarse, resta a la gobernación y a la población cruceña sus propios recursos, congelados desde hace más de cuatro meses. El monto a la fecha supera más de 130 millones de bolivianos.

El secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, cuestionó la determinación de la autoridad judicial, y afirma que “nosotros no hemos pedido el cumplimiento de una sentencia, hemos pedido corregir una injusticia”. Agrega que nunca existió la intención de enfrentarse contra el pueblo chuquisaqueño, sino contra el gobierno centralista, y afirma que no pagarán un nuevo estudio, porque carecen de fondos, y además “ni la montaña ni el reservorio se han movido.”

Es evidente que el juez que dictó el congelamiento de fondos, no es independiente del poder político:  está subordinado al Ejecutivo, que ya es un ‘Estado-Gobierno’ como ya llaman algunos especialistas al de Morales y García Linera. La denominación ‘Estado-Gobierno’ contiene una de las mayores contravenciones al Estado de Derecho, porque el Estado es la institución permanente, basado en un Pacto Social que proviene de una Constituyente y de la CPE, más allá de sus aberraciones, como distinguir dos tipos de ciudadanos por su origen étnico.  Es decir, no es garantía de igualdad de todos los ciudadanos de Bolivia, según el constitucionalista Ramón Peralta Martínez. (El Deber. 05/04/2015)

Los gobiernos, en cambio, son transitorios porque están sujetos a la alternancia cada cierto tiempo, en cumplimiento al democrático y legítimo derecho ciudadano de elegir/cambiar a sus gobernantes.  La alternancia permite a los votantes corregirse si se equivocaron antes, pues no hay ‘derecho humano’ que ampare la reelección indefinida para perpetuarse en el poder y utilizar ilícita e impunemente los recursos públicos.

Bien decía Ramiro Velasco (+) que “El centralismo es producto de la estrechez política del sistema administrativo estatal, es la impotencia estatal para contener la nación” que es diversa y heterogénea en un espacio geográfico y étnico de diferencias contundentes. En esa realidad, el Estado-Gobierno centralista es una superestructura vertical que tiene una visión parcializada de su conjunto social multi y pluri. Por eso nunca han entendido los fines de la descentralización ni de las autonomías, en las antípodas del centralismo ‘castrochavista’, según el chileno Fernando Mires, amén de populista y autocrático.

Ya en 1928, el peruano José Carlos Mariátegui, sentenciaba que “el fin histórico de una descentralización no es secesionista, sino por el contrario unionista. Se descentraliza no para separar y dividir a las regiones, sino para asegurar y perfeccionar su unidad dentro de una convivencia más orgánica y menos coercitiva. Regionalismo no quiere decir separatismo.”  Otros autores sostienen que cuando crece la competencia en unidades territoriales que no están separadas por fronteras, ningún argumento es más acertado que el de la autonomía política.

James Petras, intelectual de izquierda norteamericano libre de toda sospecha imperialista, pinta a Morales de cuerpo entero: “¿Cuántos líderes pueden proclamar un ‘Estado plurinacional’ y centralizar el poder político y la toma de decisiones económicas en las manos de una pequeña élite tecnocrática mestiza? Evo Morales es el rigor y la consistencia con que ha aplicado las políticas económicas ortodoxas, siguiendo el manual de las organizaciones financieras internacionales… ha mostrado su maestría, sin parangón en América Latina, en justificar las políticas ortodoxas y reaccionarias con una retórica radical”. ¡Vaya!  que la Bolivia de Morales no es ni revolucionaria, ni socialista del Siglo XXI. Este es un Estado-Gobierno que quiere partido y pensamiento únicos, con economía estatizada y que da muestras de colonialismo interno.

Según Peralta Martínez, “frente al modelo del Estado Plurinacional estatista, centralista y sin división de poderes habrá que plantear un modelo federal, democrático y ciudadano” donde nadie ande “promoviendo un Estado indigenista ni a sus 36 naciones”, sino todos iguales ante la Ley.

Para que el Estado contenga las múltiples determinaciones de la nación, debemos impedir la cuarta reelección de Morales predicador de la impostura. Debemos impedirlo para que tantas décadas de lucha no sean fagocitadas por un Estado-Gobierno que desde hace 12 años se esmera en la reproducción verticalista, corrupta y centralista del poder, porque es impotente para contener a toda la nación.

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