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Susana Seleme Antelo

Que los del oficialismo quieran “envenenar” a los opositores, no figuraba en estas puntualizaciones. Luego de la advertencia de un ejecutivo de la Federación de Campesinos del Norte de Potosí, sí figura, pues amenazó con que «van a envenenar a los q’aras”. Es decir, los blancos de yapa neoliberales, si se atreven a ingresar a su región para hacer campaña electoral.

Desde el oficialismo se aclaró que lo de ‘envenenar’ fue una metáfora. Aunque, como es habitual, el régimen viola la ley sin pudor alguno. La del Régimen Electoral, por ejemplo, que en su artículo 125, prohíbe “obstaculizar la realización de campaña electoral mediante violencia o vías de hecho”.

Se calienta el campo político con un paro cívico en puertas y otros escalonados para exigir respeto al voto que el 21 F de 2016 dijo NO a Morales a su nueva re-reelección. Se acatará el paro, pero más efectivo será ganar las calles en forma organizada y pacífica defendiendo el NO al candidato inconstitucional y vetado. De suyo, el derecho al cambio en democracia, con alternabilidad política, luego de 13 años de deriva autoritaria. Amén de autocrática, intolerante, con libertades democráticas en riesgo pues se excluye el pensamiento diferente, por mucha inclusión étnica de la que se precien.

Hoy es imprescindible la unidad táctica y visión estratégica para la selección de candidatos uninominales, en cada una de las 63 circunscripciones electorales de Bolivia. Desde 2014 hay 63, cuando el oficialismo cometió la aberración de romper la continuidad territorial provincial para asegurar sus votos. ¿Qué estará tramando el actual Poder Electoral, subsumido por el Ejecutivo?

La misma unidad debe ser defendida para el recuento de votos, en cada mesa, como se hizo el 21 F, cuando el electorado actuó como en “Fuenteovejuna, todos a una”. Debe asegurase la presencia de delegados de todos los partidos políticos, de plataformas u otra expresión de la sociedad civil en cada mesa, en los órganos electorales departamentales y el nacional. Es un derecho democrático constitucional, aunque le importe un rábano al régimen, tan dado a violar leyes y derechos.

Una vez finalizado el ciclo de hiperprecios de materias primas, en 2014, el declive de la economía está documentado por varios estudios. Como el de calificadora Fitch Ratings, que bajó la perspectiva de “estable a negativo”. Ese dato refleja vulnerabilidad macroeconómica “por la rápida erosión de las reservas externas y fiscales, impulsada en parte por los desarrollos adversos y las incertidumbres futuras en el sector del gas, una fuente clave del comercio exterior y los ingresos fiscales”. (20.06.19). Se resalta la caída de las reservas internacionales, pues pasaron de $us 15.123 millones en 2014, a $us 8.253 millones, en 2018.

La boliviana Fundación Milenio opina que “Los malos tiempos han llegado” (LaPaz, 26.06.19). Caracteriza la situación “por la desaceleración del crecimiento económico, la pérdida de competitividad cambiaria y su elevado déficit fiscal. La proyección macroeconómica para los próximos dos años muestra un panorama aún más delicado para la sostenibilidad fiscal dada la pérdida continuada de reservas internacionales y el aumento acelerado de la deuda externa”.

Quedó para este final, el tema del narcotráfico. Me ronda la incógnita de siempre: ¿por qué no hay un estudio sobre la economía política de la cocaína? Sobre sus relaciones sociales y los medios de producción de la capitalista cadena coca-cocaína. Desde el cultivo de la materia prima por los cocaleros, cosecha, acopio, transporte, contrabando y compra de insumos para su transformación en pasta base o clorhidrato de cocaína; distribución, comercialización y consumo para el mercado interno, exportación para el globalizado mercado ilegal de la droga y el “blanqueo” de dinero.

No fueron gratuitas la expansión de las hectáreas de cultivo de la hoja de coca y la legalización de las llamadas excedentarias de Chapare, el santuario político de Morales. Subió de 6000 Ha a 7700. Se sabe que 95% de esa hoja va a la producción de droga. En total, de 12.000 Ha, se incrementaron a 22.000, en 2017. Las reales pueden triplicar esa cifra, según entendidos. Se confisca droga boliviana aquí, en ciudades de países limítrofes y allende los mares. Por la frontera argentina, en camiones, a pie, o en aviones entran precursores y sale la droga. (Clarín. El Día 3.VI.19).
Las ganancias exorbitantes que produce la hoja son causantes de la lucha con muertos, heridos y detenidos entre los productores de la apta para el consumo, que se cultiva solo en Los Yungas de La Paz, y los que la cultivan para la producción de la mercancía cocaína, en Chapare. El régimen oficia de árbitro represivo a favor del Chapare de Morales.

A pesar de la presencia del narcotráfico, no es correcto definir al Estado boliviano como un narco Estado, si partimos de su definición como un contrato social, recordando a Rousseau. No olvidamos a Weber que lo define como monopolio del uso de la violencia. Ni a Marx, para quien es producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Ni a Gramsci, que lo define como hegemonía + coerción. Lo que sucede en Bolivia es que los narcos han tomado el Estado. Queda por puntualizar quiénes son y dónde están.

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