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LEGISLATIVO DE FACTO

Manfredo Kempff Suárez

Una vez que la señora Jeanine Añez asumió legalmente la Presidencia de la República, al haber recibido el mando por la vía de la sucesión constitucional, ante el vacío de poder luego de la huida de Morales, lo que debió suceder fue ponerle un candado al portón del Palacio Legislativo. A la puerta del Palacio Quemado no se le podía poner un candado, porque era necesario que alguien gobernara, pero, y a la Asamblea, ¿por qué no? ¿Qué se iba a esperar de una Asamblea de plena mayoría masista, si no fuera obstruir la labor del Gobierno? ¿Qué aportes se podían esperar de la Asamblea más iletrada y mediocre de que se tiene recuerdo? No se podía aguardar otra cosa que lo observado hasta hoy: nada. O peor aún: una peligrosa obediencia y sumisión al fugado de Buenos Aires.

Todos los senadores y diputados masistas, ahora opositores, no hacen otra cosa que mencionar a la “presidenta de facto” o al “Gobierno de facto”, queriendo deslegitimar al Ejecutivo, llamando a la desobediencia ciudadana. Sin embargo, los ilegales, los facciosos, son ellos. Quienes sobran en esta hora crucial, son los elegidos en las circunscripciones rurales, solamente indígenas, de las elecciones pasadas y que se convirtieron en legisladores, de golpe y porrazo, sin haber pasado ni por la instrucción primaria. ¿Pueden estas personas seguir ocupando curules y votando leyes fundamentales?

Ya llegará el momento de ordenar el funcionamiento del país cuando una Constituyente acabe con la pésima Constitución actual y toda esa chabacanería insulsa y cumbiambera del Estado Plurinacional y demás vainas. Cuando se establezca claramente el término del mandato presidencial, sin lugar a reelección. Y cuando se legisle sobre la necesidad – fuente vital de la democracia – de que una persona represente un voto, sea de quien sea y viva dónde viva.

Es que no existe una relación proporcional en la Ley Electoral actual, simplemente porque el MAS le quitó competencia al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que estaba facultado para hacer las delimitaciones de las circunscripciones. Al parecer y lo lamentamos mucho, el TSE no ha querido ni mirar de reojo este atrabiliario escamoteo; entonces hay que exigírselo a la Asamblea o hay que recurrir al Tribunal Constitucional, lamentablemente ambos con mayoría masista. Sin embargo, no deberíamos ir a nuevos comicios generales antes de modificar la Ley Electoral vigente y quitarle la ventaja abusiva que se ha atribuido el MAS. En suma: se debe convocar a nuevas elecciones cuando exista una Ley Electoral ecuánime, sin trampas.

Por primera vez, desde que asisto a votar hace más de 50 años, no me he decidido por ningún candidato. Claro que queda mucho tiempo por delante para hacerlo. Sin embargo, sé perfectamente por quién no votaría jamás y no necesito decirlo porque todos quienes me leen lo saben. No me gustan las heroicidades periodísticas, por eso, al sujeto que deploro, no deseo ni mencionarlo.  Estoy seguro que las corrientes políticas conscientes que hay en el país, superarán esa situación de oscuridad, de nebulosa, de no saber qué hacer, y hallarán un destino en que confluyamos la mayoría de esa posición política pensante.

Entre tanto, es necesario que los bolivianos estemos convencidos que el actual Congreso (Asamblea Plurinacional) es de facto. Que dejó su legalidad el 22 de enero pasado, y que, por tanto, no tiene atribuciones para dictar leyes, para legislar nada. Todos esos parlamentarios, senadores y diputados, debieran estar encerrados en sus casas cumpliendo la cuarentena, en vez de estar planeando maldades. Hoy que escribo esta nota (domingo, 3 de mayo) deberíamos estar votando para elegir al nuevo mandatario. Es decir que estaríamos haciendo cola, estúpidamente, para que, como en anteriores comicios, el MAS nos gane con una mayoría en diputados producto del “fraude escondido” que llama Humberto Vacaflor, una trampa que está a la vista de todos, en la que, como hemos visto, el voto rural vale más que el urbano. ¿Qué clase de democracia es esta?

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