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EL COMITÉ Y LAS ELECCIONES

Manfredo Kempff Suárez

Eran muy esperadas y necesarias las declaraciones que emitió el domingo pasado, vía redes sociales, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Se refirió a la fecha que ha dispuesto el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de acuerdo con algunos importantes candidatos (Arce, Mesa, Quiroga), para llevar a cabo las elecciones generales que debieron producirse el 3 de mayo último y que fueron postergadas por la presencia de la mortífera plaga que nos acosa.

El Comité Cívico es una institución que jamás debería dejar de opinar cuando suceden acontecimientos que afectan al Departamento y al país, como son unos comicios presidenciales, por ejemplo. Siempre ha sido necesario el criterio orientador del Comité en momentos cruciales, como lo fue en octubre del año pasado, cuando, a través del presidente de entonces, Luis Fernando Camacho, se logró desalojar del poder, sin producir un solo disparo, al autócrata caudillo aimara Evo Morales Ayma.

Es por eso que lo manifestado por Rómulo Calvo, el domingo, en sentido de que no ha sido oportuna ni conveniente la convocatoria a elecciones para el 6 de septiembre venidero, tienen trascendencia. Según el presidente cívico es absurdo llamar a votar a la ciudadanía cuando no se tiene certeza de cuánto tiempo más permanecerá estacionado en el país el Covid-19. Y eso es así si es que se debe priorizar la vida de los bolivianos por encima de todo.  Lógicamente que, si la peste persiste, si la población apenas termina de salir de la cuarentena o todavía se mantiene recluida, nada aconseja que la gente vote, porque o acudirá a las urnas de manera forzada o el ausentismo será altísimo. Según sugiere el Comité, dentro de los 90 días de suspendida la emergencia y una vez consultados los criterios médicos, se podría realizar la elección.

Todos deseamos una nación plenamente democratizada, con un gobierno que salga de la voluntad popular, tanto como con una Asamblea Legislativa remozada y limpia. Sin embargo, también se desea que la nueva administración surja de unas elecciones sanas, concurridas, donde los votantes sepan cuáles son las posiciones de los candidatos luego de los acontecimientos sucedidos desde noviembre pasado a la fecha, en especial sobre lo que harán para movilizar la economía nacional luego de meses de paralización por la plaga que todavía nos agobia. Lo cierto es que la Bolivia de octubre del 2019 no será la misma que la de septiembre del 2020. En menos de un año han acontecido tantos hechos que la nación tendrá otros nuevos problemas diferentes que enfrentar.

Pero, volviendo a lo dicho por el presidente del Comité – y no menos importante – es que, para esta nueva justa electoral, no se deben pasar por alto válidos derechos constitucionales y por tanto que se permita votar a todos los jóvenes que hayan cumplido los 18 años en ese lapso, lo que significa una multitud de sufragantes. Como que también se revise lo que, desde hace mucho, se viene señalando de inequitativo y que tiene que ver con la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa. No se puede ni se debe favorecer al campo en detrimento de las ciudades en cuanto al valor del voto, justamente porque el MAS quiso darle esos valores que le favorecían.

Ir a votar, nuevamente, con las normas del fraude, sería un sinsentido y hay que aprovechar este momento preciso para que el TSE corrija esa falta que es antidemocrática. Igualmente importante es lo que ha mencionado Calvo respecto a la depuración del padrón electoral. Ha manifestado, con toda razón, que se trata de un padrón contaminado y que se debe actualizar con limpieza.

Creemos que el Comité Cívico ha acertado señalando los inconvenientes que presentaría una elección precipitada. Debería embanderarse en esa posición que la creemos correcta. Y como es una institución que trasciende de la propia Santa Cruz, convendría que también invitara a personalidades del mundo político y social, para que se vaya gestando una convocatoria a Asamblea Constituyente, que deje para Bolivia una Carta Magna seria, coherente, que perdure y asegure la plena confianza y legalidad en el país.

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