¿RETORNO AL ESTADO DE DERECHO?

El 2005 marcó un momento de inflexión en la vida institucional del país. Por la vía democrática, haciendo uso de prerrogativas y derechos constitucionales llegaba al gobierno Evo Morales. Había competido electoralmente en anterior oportunidad, y nadie había cuestionado entonces ni ahora sus condiciones personales, intelectuales, origen étnico, extracción social, convicciones políticas o religiosas para postularse al cargo. Ganó y fue posesionado como Presidente. Se le puso la Constitución por delante, a la que juró respetar, cumplir y hacerla cumplir. Tenía cuatro años para demostrar las bondades de su promesa y programa electoral.

Sin embargo, como todo el mundo acepta y reconoce, menos los oficialistas, el 22 de enero del 2006 todo cambió. Se impuso el célebre “le meto nomás”, aunque los próximos y asesores le adelanten que no es legal, que a lo mejor no es ético, que la democracia tiene sus reglas (mínimas, pero las tiene), que el Estado de Derecho se caracteriza por los límites al poder a través de la CPE y las leyes. Hay normas de oro, como la separación de poderes. El presidente no las desconocía, porque antes ya había sido parlamentario. Al parecer no le importaba. El plan, premeditado, era otro. Nada menos que tirar todo por tierra y empezar de cero. En algunos casos, hasta más atrás del cero, al infinito, para lo cual se había montado una atrevida interpretación de la historia, creado leyendas, héroes y nuevos mitos. Lo que vino es de todos conocido. Se suspenden las garantías constitucionales, la seguridad jurídica para los bienes y las empresas, la amenaza constante a los enemigos reales y fabricados, el comportamiento descontrolado con los recursos públicos, y hasta el cuestionamiento a los compromisos internacionales del Estado boliviano.

Son siete años de vivir sin Dios y sin ley. Pero el tiempo se encarga de bajar las utopías a la realidad y de enfrentar realidad a sueños e ilusiones. Los problemas, graves, se multiplican dentro y fuera del país. Los conflictos se profundizan y las soluciones, en la mayoría de los casos, no son tales, sólo son parches ganando tiempo. Tiempo que se agota y al final terminan estallando, dejando su estela de dolor en cada caso, y el problema sin resolver. ¿Habrá llegado la hora de volver, aunque sea lentamente, y a regañadientes, al imperio de la ley?

La impostura se acabó. Los indígenas divididos y humillados por el MAS han roto con el gobierno. Los de Tierras Bajas se embanderan con la defensa del TIPNIS, que cuenta con amplio apoyo de la población boliviana, sin importar el color político. TIPNIS SOMOS TODOS se ha incorporado al lenguaje coloquial. Los obreros, principalmente los grupos duros, mineros concentrados en Potosí, Oruro y La Paz, con francos cuestionamientos que van desde reivindicaciones laborales, compromisos no cumplidos, conflictos por concesiones de minas y, ahora, hasta de límites provinciales y departamentales. Los de Tierras Altas hacen públicos sus reclamos y sus decepciones. Aglutinados los unos en la CIDOB y los otros en el CONAMAQ, enfrentan al gobierno. Acostumbrados como están a las luchas milenarias, no va a ser ésta la batalla perdida. Ya se conoce al perdedor.

El paquete es de digestión difícil. Las concesiones para proyectos de carreteras, para plantas de separación de líquidos, para exploración de gas e hidrocarburos (hasta en áreas protegidas), atropellando leyes vigentes y sin previa consulta a los originarios de cada región, han terminado por convencer que la bandera de la defensa de los recursos naturales como de los pueblos excluidos y marginados por la Colonia y la República, bases del discurso masista antes y durante su estadía en palacio, ha sido totalmente arriada por el gobierno. El MAS se ha convertido en un clásico partido de políticas extractivistas y exportadores de materia prima. Nada nuevo bajo el sol. Como lo termina de demostrar el tan publicitado como fracasado proyecto en el Chapare de la industrialización de la hoja de coca, de la cual lo único valioso lo sacan hace tiempo los narcotraficantes, con o sin apoyo de ningún plan de industrialización.

¿El final de la historia? Tanto tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe. ¿El caso Rosza se cae? El terrorismo a la luz pública internacional. ¿Derechos Humanos? Presos unos 30 ciudadanos sin sentencia por más de tres años. Un auténtico atentado a derechos constitucionales. Acusados que corren con camas y petacas (abogados defensores, familiares, equipamiento para la defensa, documentos, etc.) de un lado para otro, para enfrentar de una vez un juicio, donde las pruebas y el testigo clave, más parecen estar a su favor. ¿Se corroborará lo adelantado por investigaciones particulares? Carlos Valverde en su momento en Bolivia, Nicolás Márquez afuera, han resumido exhaustivamente con audacia y valentía sus investigaciones y seguimiento del caso. El último, analiza “el pachamamismo hacia el narcoestado”, apoyado en 620 citas. Todo es grave en este engorroso caso. Pero lo más grave, ¿le contaron toda la historia al Presidente? ¿Todo se resume a un desborde de ambición por poder?

Algo huele mal en palacio. ¿Hay plazos para Evo? El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se rebela, o simplemente, ¿empieza a aplicarse la CPE y las leyes? Mientras el diputado H. Arce, desde la ALP da el espaldarazo jurídico político a la reelección de Evo y del Vice a partir del 2014, «tema absolutamente zanjado», el presidente del TCP, Dr. Ruddy Flores, en franca rebeldía a los propósitos de la ALP, reafirma que los magistrados no están conminados a presentar informes de ninguna índole, ni por la vía oral ni por vía escrita, a esa instancia legislativa. El tema de la reelección irá tarde o temprano en consulta a ese tribunal. ¿La vuelta al Estado de Derecho? La independencia de poderes, base republicana del Estado. ¿No todo está bajo control del gobierno, no todo está perdido?