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Las 5 diferencias entre las propuestas del Gobierno y el Comité Interinstitucional que frenan un acuerdo por el censo

Dos propuestas aguardan en una mesa sin diálogo. La tarde del sábado se truncó un diálogo entre Gobierno y Comité Interinstitucional para buscar una salida al paro por el censo. Desde Santa Cruz se apunta al 2023 como fecha para realizar la consulta censal. Por su parte, el Gobierno considera que es inviable dicha fecha aunque, plantea eliminar las referencias temporales en el actual decreto.

Antes de abandonar la mesa, el Comité Interinstitucional entregó su propuesta para la aprobación de un nuevo decreto supremo que abrogue el actual, el 4760, y establezca una fecha para el censo en el año 2023.

También el Gobierno mostró su propio documento para alcanzar un acuerdo. En esta, se propone modificar algunos artículos del Decreto Supremo 4760 vigente y eliminar del mismo las referencias temporales para la realización del Censo.

Cinco diferencias entre las propuestas

– Vigencia del Decreto Supremo 4760

La propuesta de decreto supremo presentada por el Comité Interinstitucional incluye una disposición adicional única en referencia al decreto actual en discusión. “Se abroga el Decreto Supremo N° 4760, de fecha 13 de julio del año 2022″ refiere el texto. De esta manera, recoge la demanda del cabildo del 30 de septiembre.

A su vez, el documento oficializado por el Ejecutivo evita la utilización del término abrogación y apuesta a la “modificación” de algunos artículos incluidos en el Decreto Supremo 4760. Una de las principales alteraciones al decreto elimina las referencias temporales que identifican al mismo. Así, en una disposición adicional única se sugiere cambiar la denominación “Censo de Población y Vivienda 2024” por “Censo de Población y Vivienda”, sin la alusión al año.

– La fecha del censo

Quizá sea la discrepancia más notoria entre las dos alternativas. La redacción del Gobierno delega al INE la definición de la fecha “mediante resolución expresa” y de acuerdo “al producto del trabajo técnico realizado”.

Según esta propuesta, el decreto supremo dejaría la fecha del censo abierta y pendiente a la definición por parte del equipo técnico del INE.

Para el Comité Interinstitucional, el decreto debe estipular claramente que el censo se realice en el año 2023, aunque no marca una fecha concreta. El texto propuesto por la delegación cruceña marca que el censo “será ejecutado por el INE durante la gestión 2023”.

– Los actores del censo

Gobierno y Comité interinstitucional coinciden en la responsabilidad del INE para la realización del censo. Ambos consideran que hay otras entidades que pueden acompañar el proceso censal y garantizar la idoneidad del mismo.

Para Santa Cruz, el censo requiere la “coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, las Universidades Públicas, gobernaciones e instituciones que sean requeridas por el INE”.

Desde el Gobierno se buscaría un “trabajo técnico bajo la dirección del INE con la participación de organismos internacionales y Universidades Públicas que se acrediten para tal efecto”.

– Plazo para conocer los datos. 

Nuevamente los tiempos pueden ser parte de un desacuerdo que frene el diálogo. La propuesta oficialista recoge la intención del Gobierno nacional para contar con datos preliminares en 2024. Con esta información se “realizará la redistribución de los recursos económicos de la coparticipación, en base a resultados preliminares  del empadronamiento”.

El texto alternativo ofrecido por el Comité Interinstitucional marca un periodo de 6 meses. “El Instituto Nacional de Estadística, publicará los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda, en un plazo máximo de ciento ochenta días (180) días siguientes a la fecha del empadronamiento. Los resultados serán de aplicación inmediata, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes”.

– Alcance del censo. 

Se desgrana de ambas propuestas otro de los puntos de conflicto que distancia el acuerdo. El ejecutivo central vincula los datos censales con una faceta económica de redistribución de los recursos. La propuesta cruceña alude al marco legal vigente como una forma de incluir la redistribución de escaños parlamentarios. Esta nueva repartición debería realizarse “de aplicación inmediata” para que rijan las elecciones presidenciales de 2025.

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