La Comisión de Derechos Humamos, CIDH, es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en este Continente. Sin embargo, se trata de una autonomía tutelada ya por Foros castrochavistas-populistas, ya por el leninismo, redivivo siempre, hoy, vía Putin y sus afines.
¿Fue una necedad, o cumplimiento de mandato de sus anfitriones y padrinos, que la CIDH considerara a la expresidente constitucional Jeanine Áñez, al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, y al dirigente cocalero de Los Yungas, César Apaza, “personas que se autoidentificaron como presos políticos”? Como si la exmandataria hubiese optado estar presa hace más de dos años con todos sus derechos civiles y constitucionales conculcados. Como si Camacho hubiese montado su violento secuestro y detención hace más de 100 días; como si Apaza no estuviese recluido en prisión hace 6 meses y con embolia cerebral, sin debida atención médica; como si Marco Pumari, descartado de la visita in loco, estuviese en la cárcel de Cantumarca por voluntad propia.
Mientras la lejana Andrómeda se convirtió en caníbal que devora a sus vecinas más débiles, el Movimiento al Socialismo (MAS) devora a una oposición política inorgánica, a pesar de esfuerzos individuales. El MAS devora también a sus propios miembros, en disputa por el usufructo del llamado ‘proceso de cambio’ que, tras 17 años de ejercicio de poder, ha llegado a un agotamiento orgánico, al parecer sin retorno. El meollo de la disputa es quién o quiénes conducirán al instrumento político a seguir reproduciendo su poder en las elecciones 2025.
Tan remota es la ayuda de la CIDH, invitada por el actual régimen, que, apenas iniciada su visita, 27-31 de marzo pasado, avaló con la presencia de su relator, el mexicano Joel Hernández, el fraude electoral de 2019, en una ceremonia de “desagravio” a los entonces funcionarios de ese organismo. Sí, nada menos que a los que cortaron el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en esas elecciones, responsables de la “manipulación dolosa, irregularidades en la cadena de custodia, actas adulteradas, parcialidad de la autoridad electoral» y alteración de «la voluntad expresada en las urnas, según el informe preliminar de la Comisión de Observadores de la OEA.
La Auditoría Integral posterior fue un pedido del propio ex Morales, tras la insubordinación popular pacifica que produjeron las fundadas sospechas de fraude. ¿Leyó ese informe el comisionado Hernández, y lo que dijo el entonces jefe de la Misión de Observación, Manuel Gonzales: “No me cabe la menor duda de que ocurrió un fraude electoral para beneficiar al entonces presidente Morales en las elecciones del 2019? (La Paz, 18 de marzo, 2021. ANF).
En aras a la verdad y a la memoria histórica, recordemos que el 10 de noviembre de 2019, toda la directiva de ese Órgano Electoral fue destituida por el mismísimo Morales, que se había presentado como candidato por cuarta vez consecutiva, violando el Art. 168 de la CPE que solo permite dos continuas. Frente a esa nueva postulación, la sociedad le había dicho NO, en el Referéndum 21 F de 2016. En 2019 Morales fue un candidato que violaba la ley.
Y hubo una pacífica rebelión social. Él, obnubilado y soberbio, ofreció segunda vuelta, nuevas elecciones, después, renunció, huyó a México, dejó al país herido y polarizado. Hoy, siempre obnubilado y soberbio, pero libre de cargos, cocalero irredento, se enfrenta al régimen que preside su otrora ministro de economía Luis Arce Catacora y también su candidato ganador en las elecciones 2020. Todos sin excepción, armados de mentiras, pretenden imponer la falaz versión de que no hubo fraude, sino golpe. Todos amnésicos, olvidan que “vencer no es convencer y que conquistar no es convertir”, bien decía Miguel de Unamuno.
El informe preliminar de la Comisión CIDH 2023, no vinculante, expone la por demás conocida descomposición del poder judicial, con minúscula nomás, y cuenta la indefensión en la en que se encuentra la sociedad boliviana. Lo sabemos pues Bolivia sufre hace 17 años un poder judicial “transformado en un ejército de sicarios judiciales, con sueldos del Estado, y la policía que ahora es el brazo armado del gobierno bajo el mando directo de un ministro,” así definido por Abruzzese.
El ministro aludido es el de Injusticias. Se llama Iván, Terrible como el zar o como el carnicero de Treblinka, o cuando funge de magistrado, fiscal acusador, juez que dirime siempre a favor de la ahistórica campaña del golpe, y desecha la ética en el ejercicio del Derecho, la política y la función pública.
De nada servirá que los miembros de la CIDH hubiesen visitado, entrevistado, hasta abrazado a familiares de presos políticos, y que sus requerimientos hayan “sido puestos a conocimiento del Estado”, si es ese mismo Estado-Gobierno quien los ha convertido en presos político: hay más de 200 personas en esa condición. Amén de las muchas sujetas a persecución política, que adopta carátula judicial, impositiva u otras. Su objetivo es eliminar todo atisbo de reclamo y crítica ante la crisis multifacética que vive Bolivia, producto del llamado “proceso de cambio”.
