ArtículosInicioMarcelo Ostria Trigosemana del 12 de OCTUBRE al 18 de OCTUBRE

Cuando se parte de una ilegalidad

La iniciativa oficial para reformar la Constitución Política se orienta a permitir nuevas reelecciones, y para consultar al pueblo si está de acuerdo con otra reelección del actual presidente, pues éste —se dice— debe concluir hasta el año 2025 su “agenda patriótica”.

Sucede, sin embargo, que este intento ya ha partido de una ostensible ilegalidad. Cuando se aprobó la Constitución vigente, fue incluida una disposición transitoria: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Entonces, el segundo período del actual presidente —reelecto en 2009— se iniciaba en enero de 2010 y debía terminar en enero de 2015. Pero pudo más el afán continuista. El Tribunal Constitucional, se plegó a esta  curiosa tesis: como el Estado Plurinacional de Bolivia nació en la fecha en que se aprobó el actual texto constitucional, no correspondía contar la primera elección del presidente en 2005. Para Bolivia y sus normas, la vida sólo comenzaba en 2009.

Ahora, se procura mostrar que el nuevo intento prorroguista  sigue el procedimiento establecido para una reforma constitucional parcial: ley aprobada por la mayoría legislativa (en este caso oficialista), consulta al Tribunal Constitucional y, luego, un referendo para aprobar la reforma. Lo que no cuenta en este propósito es que, hay que repetirlo, la supuesta legalidad parte de la mencionada interpretación torcida –e ilegal, por cierto– de que Bolivia, como Estado, fue refundada y, entonces, ya todo es nuevo.

La actual tendencia debería ser la de abrir nuevas oportunidades para renovar democráticamente el ejercicio del poder, lo que es un elemento esencial para afirmar la alternancia en la jefatura del Estado, puesto que, del caudillaje, surgen los supuestos predestinados a la conducción de un pueblo. Y los caudillos siempre terminan siendo dictadores. México, Guatemala, Paraguay y Colombia, por ello, no permiten la reelección, y hay una iniciativa parlamentaria brasileña en el mismo sentido.

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