DECLARACION DE LOS EX CONSEJEROS DEPARTAMENTALES
LA JUSTICIA CRIMINALIZA LA AUTONOMIA
La convocatoria a referéndum departamental, para consultar a la población si estaba o no de acuerdo con el estatuto autonómico departamental, fue realizada en cumplimiento de la Constitución Política del Estado de aquel entonces, la Ley Electoral y la Ley Marco de Referéndum.
No se vulneró ninguna norma del ordenamiento jurídico vigente. Esta decisión respondió al clamor popular y la voluntad colectiva expresada en multitudinarios cabildos y en más de 500.000 firmas validadas por la Corte Departamental Electoral que demandaron el establecimiento de un régimen autonómico departamental para Bolivia.
Como consecuencia de este referéndum, la nueva Constitución Política del Estado incorporó la autonomía y reconoció los estatutos en los departamentos donde se realizó esta consulta departamental.
El hecho que se haya dispuesto, en la nueva carta magna, que Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija deben adecuar sus estatutos a la nueva Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad, es un fehaciente reconocimiento constitucional a los estatutos que validó el pueblo cruceño en el referéndum del 4 de mayo de 2008.
La respuesta positiva del 86 por ciento del electorado que concurrió a este referéndum avaló esta decisión y le otorgó una incuestionable legitimidad.
Actualmente, este referéndum ha sido criminalizado por el gobierno a través de un sistema judicial absolutamente obsecuente a los dictámenes del Órgano Ejecutivo. Todo el parlamento departamental, incluyendo el gobernador y cuatro secretarios departamentales, ha sido llevado a juicio político sin mínimo asidero jurídico.
Este martes 7 de mayo, cinco años y tres días después del referéndum autonómico, concluyó una etapa procesal del juicio, sin haberse aplicado la racionalidad jurídica en los incidentes y excepciones planteados por la Defensa, demostrándose que este juicio ha sido y seguirá sometido a un manoseo político.
