En países con el Estado propietario de los recursos naturales, la presencia de la inversión privada y/o de empresas internacionales especializadas, es políticamente resistida. Como el Estado no es el mejor administrador del mundo se tiene casos donde la participación del capital privado se hace necesaria, casi imprescindible. Tal es el caso de México. Un país con una gran tradición petrolera. El 1911 llego a producir 6 millones de bpd. El 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas nacionalizo la industria y creo PEMEX, entidad estatal con monopolio nacional en la industria petrolera. Después de una gran trayectoria, el ente estatal entro en declinación y la producción ha ido cayendo consistentemente de más de 3 millones bpd a 2.5 millones bpd. Financieramente está técnicamente en quiebra con más de $us 80000 millones de deuda. Muchos expertos opinan que de seguir así, México estaría importando petróleo de acá a 10 años. Por eso, las reformas prometidas, en la campaña electoral por el Presidente actual, eran ansiosamente esperadas.
El lunes pasado, en el auditorio de Los Pinos, residencia oficial de la presidencia, ante una colmada audiencia, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, dio a conocer los aspectos fundamentales de su propuesta de cambios energéticos que había remitido al Senado Nacional para su consideración.
En su discurso el Presidente mexicano enfatizo que su propuesta contempla cinco ejes fundamentales. El primero que el Articulo 27 de la Constitución Política del Estado sea reformado para retomar “palabra por palabra” el texto de la Constitución del Presidente Lázaro Cárdenas que permitiría celebrar contratos petroleros de “utilidades compartidas” y no de producción compartida, así el “control estatal absoluto” sobre los hidrocarburos no es eliminado. Segundo, propone un nuevo régimen tributario para el sector con “visión a largo plazo” no “recaudación con necesidades a corto plazo”. Tercero, la reorganización de PEMEX en dos grandes unidades (upstream y downstream), para lograr administraciones transparentes que rindan cuentas y finalmente, Quinto, el establecer un nuevo régimen de compras y contrataciones de servicios.
El Primer Mandatario indicó que estos 5 elementos permitirán alcanzar resultados específicos como la restitución de reservas, el incremento de producción a 3 millones de bpd para el 2018 y 3.5 bpd para el 2025. Así también duplicar la producción de gas para el 2018.
Adicionalmente, aclaro que PEMEX no será privatizada y que tampoco se disminuiría la renta petrolera para el Estado.
Finalmente, prometió el envío de las leyes secundarias una vez las reformas a la Constitución sean aprobadas.
Pero el diablo siempre está en los detalles, lo que hace suponer que la batalla política interna recién comienza. No obstante que el oficialismo y oposición tienen un acuerdo denominado “Pacto por México”, los vientos de cambio podrían convertirse en huracanes políticos.
Para nosotros, lo que se apruebe en México no es tan remoto ni extraño que no solo nos interesa por que los inicios de nuestra vida petrolera han tenido México y PEMEX como fuentes de inspiración y ayuda técnica.
PEMEX es grande e importante, no podemos observarla envuelta en un velo de nostalgia, su sombra llega hasta el Cabo de Hornos. Cuando las propuestas de Peña Nieto sean aprobadas, que es lo más probable, si los contratos mexicanos de utilidad compartida llenan las expectativas del gran capital petrolero, se debe esperar una fuerte concurrencia con fondos y tecnología de empresas petroleras internacionales de USA, Europa y China. En tal caso, podríamos mejorar los nuestros que hasta la fecha no son atractivos.
Los cambios en la Constitución Política y la aprobación de las leyes secundarias y de los contratos de utilidad compartida, tomaran su tiempo.
Por estas razones las grandes empresas petroleras no han dado a conocer todavía su reacción a las medidas en México. Los mercados de valores también todavía no han reaccionado en alguna forma. La actitud general parece ser: esperar y ver.
