Si el censo de 2012 fue el arma ideológica étnico-indígena, en detrimento de la mayoritaria población mestiza, confirmada en dicho censo, las elecciones de 2014 son el arma política del régimen de Evo Morales para perpetuarse en el poder. Primero fue la habilitación inconstitucional de su tercera candidatura y una campaña electoral anticipada y aventajada. Luego, merced a la cartografía impuesta por el sumiso Tribunal Supremo Electoral, se descuartizó la unidad territorial de algunas provincias y circunscripciones, y se eliminó la igualdad del voto urbano con el voto rural. Vía la sobrerrepresentación de este último, la desproporción será de 1 a 3, cuando no de 1 a 4, para diputados uninominales afines al régimen. Por último, el acarreo de gente y la estafa está servida.
El acarreo hasta municipios provinciales en Santa Cruz según denuncias de autoridades y lugareños cumple ese objetivo. ¿Cuántos acarreos más habrá en el país? La trampa consiste en ganar votos sobrerrepresentados para uninominales y asegurarse mayoría absoluta en diputados, pues el régimen no tiene asegurado un mayoritario voto urbano. Lo sabe mejor que todas las encuestas conocidas. Y tras casi 9 años de ejercicio autoritario, violento y concentrador de todos los poderes del Estado, Morales se siente con derecho a jugar a la política al margen del Estado de Derecho, vía elecciones con carátula democrática, como las nacionales de 2009 y la de magistrados en 2011.
Como opinan algunos analistas, seguramente Morales ganará las elecciones de octubre, “sin despeinarse” dado el dominio absoluto que ejerce sobre los aparatos del Estado, incluidos los ideológicos, como gran parte de los medios de comunicación y la hasta ahora débil oposición política, si no se une. Es previsible que unida tampoco ganaría, pero el objetivo mayor de la unidad deseada es impedir que los artífices de la derrota democrática ganen por dos tercios y diseñen al mismo tiempo las elecciones de gobernadores y alcaldes en 2015 y las por venir.
En octubre, Morales también ganaría por una nueva correlación entre clases sociales y el gobierno. A la clásica subordinación campesina, antes sector muy pobre, hoy orillando una clase media menos pobre y hasta rica según su práctica económica, se une la relación idílica de una burguesía que, como casi todas, necesita al gobierno de turno. No importa que sea antidemocrático, que ostente 39 presos y perseguidos por un complot político con carátula judicial y tenga más de 700 exiliados políticos.
