Corrupción, la madre de todos los crímenes y el dolor en El Abra

EN LA LISTA HAY MUCHOS CASOS DE EXTORSIÓN, ABUSOS SEXUALES Y TORTURAS QUE LAS AUTORIDADES MIRARON DE PALCO

POR: DARYNKA SÁNCHEZ A.

“Yo no quiero que el reloj marque la seis de la tarde porque entonces empieza mi suplicio en El Abra. No tengo dinero para pagar el derecho de vida”, relató el interno Moisés C. a la jueza de Ejecución Penal Yolanda Ramírez, en una audiencia pública.

Éste es un caso en el que el reo clamó por ser valorado por un médico, pues tenía el tabique nasal desviado y tres costillas rotas, tras recibir brutales golpizas de Edgar Ariel Tancara y sus secuaces.

La jueza le respondió que “no era el momento” de hablar de eso y que luego lo solucionarían.

El interno, deprimido por no hallar ayuda en la instancia que era su última esperanza, bebió lavandina para quitarse la vida y terminar con la pesadilla, pero los médicos lograron salvarlo a tiempo.

En los juzgados de Ejecución Penal existen muchas denuncias de torturas y tratos inhumanos, pero no todas las autoridades protegen a las víctimas, pese a que uno de los tratados internacionales más importantes, firmado por el Gobierno de Bolivia, es la Convención contra la tortura, tratos o penas crueles inhumanas y degradantes.

CASO 2

Al hospital Viedma continuamente llegan reclusos de El Abra y otros penales con los brazos, piernas o costillas rotas. A todos les ordenan decir que se cayeron jugando fútbol, pero en realidad son golpeados por no pagar todas las extorsiones.

Algunos ejemplos: a Ever V. le fracturaron la tibia y el peroné, a Pascual H. le rompieron el tímpano y ya no oye, a Santos J. le dejaron lesiones en la espalda y dificultades para orinar, por un daño en la vejiga; a Efraín J. le propinaron severos golpes en la cabeza. José A.Ll. soportó decenas de golpizas igual que Plinio T.

Ariel Tancara también ordenaba que los que no pagaban las extorsiones “duerman” con los perros pitbull que criaba en El Abra. Varios fueron mordidos. A otros los hacía dormir con los pies sumergidos en lavandina. Y a los que llegaban acusados de violación, ordenaba que durante un mes los sodomicen con pepinos, zanahorias y palos, mientras otros reclusos filman los vejámenes.

CASO 3

Prohibidas las denuncias y quejas. Según internos, “denunciar vejaciones o irregularidades en cualquier penal tiene como castigo que nos inventen cualquier falta y nos trasladen a El Abra para que el Tancara nos masacre y nos calle”.

CASO 4

Indignado, adolorido y airado, el chileno Mitchel Portilla contó que sus dos hijos y un amigo de ellos, de 19 y 20 años, querían viajar al Mundial luego de que uno de ellos se sometiera en Bolivia a un tratamiento quiropráctico en la rodilla a causa de un cáncer.

Llegaron al país en abril y se quedaron sin dinero. Hurtaron productos de tres tiendas y fueron sorprendidos. La Policía los presentó el 21 de mayo como una peligrosa banda, luego de torturarlos para que confiesen sus delitos.

Un juez los envió a la cárcel de San Sebastián donde fueron acusados de una pelea que no iniciaron y los golpearon brutalmente.

Uno de ellos fue hospitalizado con una burbuja en el cerebro y otras lesiones. Los trasladaron a la cárcel de El Abra, donde les dieron la bienvenida con una salvaje golpiza y presuntamente fueron vejados.

La pariente de otro preso se apiadó de ellos y llamó a Chile para avisar a sus familias. Mitchell Portilla llegó a Cochabamba y fue a ver a sus hijos, pero no le permitieron quedarse a solas con ellos.

Los delegados Édgar Ariel Tancara, Humberto Gonzales y Gustavo Tovar lo llevaron a su oficina y le exigieron 6 mil dólares por los tres jóvenes, para “que la población no les haga nada”.

Le dieron plazo para el pago, pero Portilla denunció el hecho al cónsul chileno, éste se comunicó con la Cancillería boliviana y con el Defensor del Pueblo que gestionó el traslado de los jóvenes a San Antonio, antes de que se efectivice el pago.

Portilla anunció que presentará una denuncia, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para evitar que más extranjeros sean víctimas de la corrupción y la crueldad del sistema carcelario boliviano”.

CASO 5

El taxista Gonzalo E., un hombre con problemas mentales, que fue sentenciado a 30 años de cárcel por estrangular a una adolescente de 16 años, “por orden de un hombre de sombrero grande”, según admitió en el juicio, fue enviado a El Abra.

Al llegar, Tancara le pidió que le entregue su taxi como derecho de piso, pero éste no podía hacerlo porque su vehículo fue destrozado por los vecinos que lo capturaron luego del crimen.

Para presionarlo, Tancara mandó a un interno que vendía gelatinas a que lo viole. El hecho fue denunciado públicamente por el abogado Dante Reyes a través de un canal de televisión. Tancara llamó al abogado para amenazarlo de muerte por “hablar mal de El Abra” y, a la periodista que entrevistó a Reyes, Tancara le mandó en un taxi la foto de su hija, para intimidarla.

CASO 6

El año pasado, una joven apareció violada y ahorcada en la zona de El Abra. La Policía de Sacaba investiga e identifica a un hombre S.D. al que presenta, a la prensa, como miembro de una pandilla y el asesino de la joven gracias al testimonio de otro lugareño que resultó ser falso porque un posterior examen de ADN lo descartó como agresor.

Antes del examen, el hombre fue enviado a El Abra. Tancara y su séquito le pidieron 6 mil dólares como derecho de vida, de piso y seguro de no violación.

El hombre tuvo que vender su vehículo en 3.200 dólares que le entregó a El Tancara. El resto del dinero lo fue pagando con trabajos de albañilería, durante los diez meses que estuvo recluido.

CASO 7

Absolutamente todo tiene un precio en la cárcel de El Abra. Apenas un interno traspasa la primera puerta del penal ya comienzan las exacciones.

El interno debe comprar un lote de lavandina, escobas, jabón, detergente y otros implementos de limpieza. Si alguien visita al recluso, debe pagar por el “taxi” o llamado.

Dentro del penal, el recluso debe comprar o alquilar su celda. Luego debe pagar un derecho de piso que antes era de 500 bolivianos y estaba destinado a la olla común, para apoyar a los reos que no tienen ingreso, pero en el régimen de El Tancara los precios “se dispararon”.

Tancara pedía el derecho de piso según el delito cometido por el interno y su condición económica.

También hay que pagar un derecho de vida, cuyos montos varían en función de los factores antes mencionados, pero pueden alcanzar, como en el caso del denunciante de Dennis Mejía, a 30 mil dólares.

Existe, de igual forma, un seguro de no violación que protege a los internos de los abusos sexuales.

Los delegados también tienen otros ingresos que comparten, en porcentajes, con autoridades de la Policía y otras instituciones.

Todo lo que entra a El Abra tiene un impuesto que es cobrado y repartido entre los delegados, policías y otras autoridades: las bebidas alcohólicas, las armas, los celulares, los televisores, las antenas satelitales, las computadoras, tablets, tarjetas telefónicas, las cabinas, las drogas, las trabajadoras sexuales. Incluso las habitaciones donde los internos deberían recibir a sus esposas, conocidas como conyugaleras, tienen su precio por concepto de alquiler.

La riqueza acumulada por el delegado general es tan grande, que en el caso de Tancara, podía darse el lujo de pagar bypass gástricos, cirugías estéticas y liposucciones para sus conquistas femeninas.

¿ Y EL ESTADO?

Mientras todas estas atrocidades pasan dentro de las cárceles ¿dónde está el Estado? Su ausencia se evidencia en la falta de autoridad y presencia de los policías, en su incapacidad de dotar a los penales de una infraestructura que impida el negociado de las celdas y todos los demás. La corrupción es la madre de todos los crímenes en El Abra y las autoridades miran de placo desde hace años.

En 1973, Concepción Arenal lo resumió así: “Un buen sistema penitenciario es el que no corrompe y además corrige, pues la prisión que no corrige deprava”. El sistema penitenciario boliviano corrompe y deprava.

Fuente: Opinion.com.bo