La Carta Democrática Interamericana obliga a los gobiernos a proteger las instituciones y las libertades y derechos de los ciudadanos. Sin embargo, el populismo venezolano —sus socios también lo hacen— sigue violando impunemente esta obligación. Es más: el chavismo pretende limitar el alcance de la Carta, con el argumento de que sólo debe aplicarse cuando en un país hay una ruptura del orden constitucional, o sea un golpe de Estado. Esto dejaría de lado los casos en que, sin que cambie el régimen, se violan la constitución y las leyes y se desconocen los derechos humanos.
El presidente Nicolás Maduro, a regañadientes reconoció el triunfo opositor en las elecciones del 6 de diciembre. Se pensó, entonces, que se trataba de una rectificación de la conducta autoritaria. Parecía que para Venezuela se abría una etapa en que los discordes podrían ser zanjados de manera civilizada, sin la torpe zancadilla y la persecución populista. Pero luego se supo de pugnas internas en el chavismo. Algunos favorecían el acatamiento a la voluntad ciudadana, mientras otros, los “duros”, propiciaban resistir el cambio y desvirtuar la Asamblea Nacional y prevalecieron.
Las mañas de los autoritarios suelen emerger cuando enfrentan dificultades; en este caso, la pérdida del favor ciudadano. Por ello, con el respaldo de Diosdado Cabello, (expresidente de la Asamblea Nacional), Maduro no fue consecuente con su acatamiento inicial y anunció la creación de un curioso órgano legislativo, no previsto en la Constitución, para “competir” con la Asamblea. “Le voy a dar todo el poder al Parlamento Comunal», dijo Maduro, lo que, como afirma un editorial de El País de Montevideo, “demuestra que existen muchas formas de ahogar la democracia republicana”.A estas formas de ahogar la democracia se ha añadido la suspensión del juramento de los asambleístas electos ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Los inconsecuentes prefieren el mencionado razonamiento de que no se debe aplicar la Carta Democrática si no hay quiebra de la continuidad constitucional, es decir cambio de gobierno; pero la interrupción de la vida democrática en Venezuela ya se dio hace mucho, y ahora se reitera con el despojo de facultades al primer poder del Estado: el Legislativo. Mirar al costado, como lo hacen hasta ahora los gobiernos dizque democráticos, es aceptar que el populismo chavista —y el de sus socios en otros países—, siga destruyendo las instituciones y violando las libertades ciudadanas. Esto no es solidaridad.
