Diego Ayo
No sé si fue el mismo García Linera, brocha en mano, quien pintó aquellas consignas de “fuera el indio”. Un lindo photoshop exhibe al hombre, agachado, pintando él mismo, ese rótulo racista con la firme intención de inculpar a la “violenta y racista oposición”.
Me recuerda la distópica película La purga en la que, por el lapso de un día, el Gobierno de Estados Unidos autoriza el asesinato. Legaliza el crimen a fin de posibilitar que lo “indeseable” de una sociedad pueda ser exterminado. Levanta la bandera blanca para dar pie a que irrumpan, de los escondrijos más oscuros, los seres más despreciables, sedientos de sangre.
Este filme de fantasía inaugura su remake en Bolivia con Evo y Álvaro como directores. Sí. Al burlarse de la democracia, irrespetando el voto de los bolivianos en el 21F, han logrado lo impensable: abrir las puertas de la violencia, tendiendo la invitación al odio, con paredes pintadas sólo como una de las formas de manifestación de este sentimiento. La Purga, pues, se ha bolivianizado. Me explico: una vez que se consumó la derrota de Evo Morales en febrero de 2016, se abrieron tres escenarios posibles.
Un primer escenario de consolidación democrática. En él, el Gobierno admitía su derrota, respetaba los resultados y concurría a la elección de 2020 con otro candidato. Este hubiese sido el escenario plenamente democrático. Desafortunadamente, no tuvo lugar.
Un segundo escenario, aunque menos conflictivo, suponía (y supone aún) una renuncia democrática, consistente en aceptar el fallo del Tribunal Constitucional y concurrir a las elecciones junto a Evo Morales.
Es un escenario de “democracia a medias” pues sí se realizarían elecciones, aunque condicionadas a la ratificación del irrespeto al voto popular del 21 de febrero de 2016.
Este escenario si bien favorecería a candidatos fuertes de la oposición como Rubén Costas o Luis Revilla (ambos concluyen sus respectivos mandatos como gobernador de Santa Cruz y alcalde de La Paz en 2020), lo haría a costa de cohonestar la maniobra antidemocrática impulsada por el Gobierno.
Es un escenario en el que se transa con el ladrón: “ya sé que me has robado 1.000 dólares, pero haremos una cosa: tú te quedas con 500 porque eres un buen ladrón y yo me quedo con los otros 500”. Es el escenario de la indignidad democrática.
Y el último escenario es el más peligroso. Se trata(ba) de un escenario de potencial violencia en la medida que quienes se oponen al Gobierno, concurrirán a la calle a defender su voto y/o quienes defienden al Gobierno, usarán la fuerza para preservar el poder.
En ese entendido, descomponemos este escenario de quiebre democrático en dos subescenarios. En el primero de ellos, las movilizaciones sociales (al igual que en Serbia en 2005, Ucrania 2004 o Egipto 2011) vencen al Gobierno gracias a sendos triunfos revolucionarios.
Este triunfo correría el riesgo de cobrar muchas vidas, aunque finalmente se venciera al gobierno prorroguista.
En su antípoda, está el subescenario de derrota de los movimientos sociales a costa del incremento de la represión, en cuyo caso se instauraría una dictadura (es el escenario que vive Venezuela).
En este último caso, la dictadura buscará legitimar su modelo a través de elecciones amañadas, convocatoria a asambleas constitutivas, renacimiento de formas democráticas comunitarias, entre diversos mecanismos pseudodemocráticos.
Volvamos al comienzo: el primer escenario ha quedado descartado en tanto Evo y su entorno palaciego quieren seguir medrando del Estado.
El segundo escenario, aunque probable (Revilla, por ejemplo, podría decir “soy joven, seré candidato el 2025, y ahora me hago nomás reelegir de alcalde”), supone una renuncia a la democracia manifestada el 21F y un ninguneo a la Constitución, al legitimar la vulgar decisión el Tribunal Constitucional, convertida en un mero documento de consulta.
El tercer escenario, no hay duda, es un escenario que instiga a la violencia. La promueve al estilo fílmico “purgiano”.
Resulta pues de enorme estupidez o hipocresía oír o leer a algunas voces del oficialismo denunciando que “lamentablemente hemos visto a racistas desperdigados en las movilizaciones cruceñas”, “se manifiestan en contra de Evo porque es indio” y un largo etcétera. ¡Eureka! ¡¡Claro pues!! No tengan dudas: el gobierno de Evo Morales ha plantado las semillas de la violencia. ¿O es que un ciudadano asaltado debe sonreírle al ladrón y decirle “llévate 200 más, hermanito?” No, debe enfrentarlo, no por gusto, ni por un instinto genéticamente predispuesto a actuar con odio (racista) sino por ética y convicción democrática. Que en el camino surjan voces radicalizadas que enarbolan consignas racistas (o similares), es algo que debemos repudiar con total firmeza. Por supuesto que debemos hacerlo, pero ello no me ciega a ver lo obvio: la violencia va a tener lugar y, en ese trance, alguna violencia será justificada (en defensa propia) y otra no (aquella que vierte este racifascismo).
En todo caso, el Gobierno pretende justificar el uso “legal” de la coerción y legitimar su necesidad de detener a esta oposición cada vez más numerosa y consistente, metiendo a todos en la bolsa de los “racistas”. No hay que dejarlos. Hay que separar a los violentos de nuestras filas, conscientes, de todos modos, de que, si abres mucho las puertas, siempre se cuelan algunas ratas.
Sin embargo, y esto es lo central, no hay que perder de vista que frente a la acusación de “violentos” en boca oficialista, debemos recordarles que ellos, y sólo ellos, han sentado las bases de este clima de tensión. Y es que la “Purga” ha sido autorizada legalmente por un Tribunal Constitucional subordinado al Gobierno.