Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Marcelo Tedesqui: Bolivia vive días de esperanza y expectativa. La llegada al poder de Rodrigo Paz ha despertado un sentimiento de renovación política que el país no experimentaba en décadas. Sus primeras decisiones, en el plano internacional, han marcado distancia con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y han abierto un nuevo capítulo de relaciones con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la verdadera prueba de este nuevo liderazgo no estará en los gestos diplomáticos, sino en su capacidad para transformar internamente un Estado corroído por el narcotráfico.
El desafío que enfrenta el nuevo gobierno es monumental. Bolivia no solo hereda una crisis económica y una institucionalidad debilitada, sino una estructura política y jurídica que, durante años, protegió al narcotráfico. Las leyes del Estado Plurinacional sirvieron de escudo para la impunidad, ampliando los cultivos ilegales de coca y desmantelando los mecanismos de control que en otros tiempos fueron ejemplo regional. Desmontar ese entramado significa restaurar la Constitución republicana, derogar el marco legal que favorece al crimen y reconstruir las instituciones sobre las que se sostiene la democracia.
La impunidad es otro obstáculo que el país debe enfrentar sin titubeos. Durante más de dos décadas, los vínculos entre el poder político y el narcotráfico han sido evidentes. Exfuncionarios, jefes policiales y líderes políticos fueron procesados o investigados en el extranjero mientras gozaban de protección dentro del país. La justicia boliviana, cooptada por intereses criminales, dejó de servir a la ley para servir al poder. Recuperar el Estado de derecho implica aplicar la ley sin excepciones, procesar a quienes se beneficiaron del narcotráfico y devolver a la justicia su independencia.
La tercera tarea es de carácter político y simbólico: poner fin a los instrumentos que el crimen organizado ha utilizado para perpetuarse en el poder. El movimiento político que gobernó por dos décadas se transformó en una maquinaria de protección del narcotráfico y de represión social. Ilegalizar las organizaciones vinculadas al crimen no es un acto de revancha, sino una condición indispensable para recuperar la vida democrática. Ningún país puede reconstruirse mientras los actores del delito sigan participando de la política bajo ropaje legal.
Bolivia enfrenta hoy una encrucijada histórica. O reconstruye la República sobre los cimientos de la ley, o permanece atrapada en la red del crimen que destruyó su economía, su institucionalidad y su moral pública. Rodrigo Paz tiene ante sí la oportunidad —y la obligación— de liderar esa transformación. La historia juzgará si logra desmontar el narcoestado o si, como en ocasiones anteriores, el poder del crimen vuelve a imponerse sobre la esperanza de los bolivianos.
