ArtículosIniciosemana del 1 de ABRIL al 7 de ABRILSusana Seleme Antelo

Palmasola no es una “Palma sola”

brazo-sellado

No, no es la “Palma sola” a la que cantó Nicolás Guillen, aquella  que “Con su largo cuerpo… va libre por el viento, libre y sola, suelta y sola…”  No, no es ella, sino Palmasola, la cárcel de Santa Cruz de la Sierra.

Ahí nadie va libre por el viento, aunque es lo más parecido a un villorrio, en la periferia de la ciudad, con varios pabellones de régimen abierto, aunque  hay  otros cerrados para presos de alta peligrosidad. Como en todas las cárceles, ahí se respira la privación de libertad. En muchos casos, sin que algunas personas hayan cometido delito alguno, lo que supone un castigo mayor.

Entrar a Palmasola, como familiar o visitante, es someterse a un abuso: marcan el brazo con sellos de la policía, como si la gente fuera ganado, lo que recuerda a otros brutales extremos conocidos en la historia.  Sellan a la entrada y vuelven a sellar en cada pabellón que se visita. Es para controlar las visitas, dicen los carceleros, y ni se inmutan por el arcaico sistema utilizado, en vez de sellar un papel para lucirlo en el pecho, a falta de control electrónico.

Abuso en estado de total indefensión el de mi  brazo sellado una y otra vez, pero de poca monta, pues quedó limpio con agua, jabón y cepillo, frente a los abusos cometidos contra los 39 acusados del complot terrorismo-separatismo orquestado por el centralismo andino contra la dirigencia cívico-política de Santa Cruz.  De aquellos 39, están presos en el país  19 y el resto en el exilio.

Violando el principio de territorialidad y del juez natural, si aquí se produjeron los  supuestos hechos delictivos, el proceso se sustanció en La Paz. Por razones de salud de varios de los acusados, las audiencias conclusivas se trasladaron a Cochabamba, primero, luego a Tarija y, finalmente, a  esta ciudad, con el mismo tribunal paceño. Los presos iban y venían desde las alturas a la llanura hasta que por órdenes superiores han sido confinados en Palmasola, sin previo aviso y sin sus pertenencias. Según informes de prensa, las celdas que habitaban en La Paz han sido objeto de requisas en busca de ‘indicios’. Sin lugar a dudas,  habrá extravíos y pérdidas de aquellas pertenencias.  A esos presos les hicimos una visita solidaria en Palmasola.

La trama anticruceña se  conoce también como el caso Rózsa-Sosa, en alusión al húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, ejecutado extra judicialmente el 16 de abril de 2009, en un hotel de esta ciudad, y al fiscal asignado al caso, Marcelo Sosa.  Inseparables nombres el de Rózsa, infiltrado a las filas autonomistas por el gobierno,  y el del fiscal Sosa. Con esa dupla, Evo Morales y sus hombres han escrito una de las más atroces historia de violación al Estado de Derecho, al debido proceso, al juez natural, a la presunción de inocencia y a los derechos humanos de los acusados en Bolivia.

Es más, el gobierno modificó el código penal para incorporar la figuras de terrorismo y separatismo en él, antes no contempladas, con penas de hasta 20 años. Nada dejaron al azar los autores intelectuales del caso: la intención era sentar un precedente en la región rebelde y autonomista, frente al proyecto de poder autoritario, centralista, antidemocrático, de suyo dictatorial de Morales y sus hombres, algunos de ellos declarados jacobinos, como el ‘Vice’ García Linera.

 “Por la boca muere el pez” dice el refrán y calza como anillo al dedo a las declaraciones de Sosa, ya autenticadas por varios peritos. No obstante, pocas dudas quedan ya sobre la intención de la grabación de marras: Sosa se hizo grabar para negociar con el gobierno su inmunidad-impunidad, luego de su ‘desaparición’  durante 10 días, tras su renuncia al caso.  ¿Por qué renunció?

Y la pregunta queda flotando, porque logró un buen acuerdo. Reapareció, se presentó a la audiencia que le había fijado un colega fiscal de La Paz, negó que sea su voz la que se escucha en las grabaciones conocidas y quedó libre, ‘con cara de yo no fui’. En cambio, la senadora Carmen Eva González, que presentó las grabaciones  es víctima de represalias oficialistas: la fiscalía la investiga, Sosa se querella contra ella y presenta una grabación que la incrimina  por nada y por todo, en lugar de que el ministerio público investigue a los ‘jefazos’, operadores y extorsionadores  que Sosa nombra.

“Si el caso se cae, cae Evo” dijo el fiscal en la grabación de marras.

Quizás Evo Morales no caiga, pero el caso está ‘caído’. A la lista de abogados y asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, presos hoy también en Palmasola pero en régimen cerrado por los delitos de extorsión, se suma la renuncia  de la abogada de la misma cartera, Paola Barriga.  Reemplazaba a uno de aquellos presos, Fernando Rivera, desde diciembre.  Barriga arguye motivos personales y afirma que su renuncia no debilita el proceso, mientras la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, sostiene  que el caso terrorismo se debilita  y que la aparición de audios afecta al juicio. ¿Por qué renunció la doctora Barriga?

En criterio de algunos analistas, hay pugnas de poder en el oficialismo por la turbia relación entre el Ejecutivo y el Judicial. Por su parte, el diputado Adrián Oliva  señala que “el proceso no solo se debilita , sino que apunta a quienes deben estar sentados en el banquillo de los acusados”.

Si en Bolivia se respetara el Estado de Derecho, ese juicio  debiera extinguirse, pues no hay pruebas de terrorismo ni de separatismo. Y sin pruebas no hay delito,  y sin delito no hay material justiciable,  y por lo tanto no hay juicio que pueda sustanciarse. En cambio, sí hay pruebas de Terrorismo de Estado, cometido por órdenes de los jacobinos del gobierno: los cadáveres de Eduardo  Rózsa, de Arpad Magyarosi y Michel Dwyer, acribillados de manera sumaria sin que hubiese mediado enfrentamiento alguno con el comando de elite que ejecutó la acción, hace 4 años.  ¿Por qué los ejecutaron?  La única respuesta es que pretendieron callar la verdad, pero la verdad no se calla ni a balas. 

Naciones Unidas ya conoce el caso y además ha constatado la violación a los derechos humanos de Elöd Tóásó, húngaro sobreviviente  de aquel asesinato, junto al croata-boliviano Mario Tadic.  En relación a Tóásó,  el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, dirigió dos comunicados al gobierno de Bolivia, el 27 de abril y 11 de agosto de 2011, en los que señalaba que “la privación de libertad del Sr. Elöd Tóásó ha violado sus derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.  El 22 de noviembre de ese año, el grupo volvió a calificar la detención de como arbitraria y pidió al gobierno de Bolivia que disponga una reparación  por el daño que se le ha causado. En otras palabras, Tóásó debiera estar libre hace más de un año, pero Morales y sus hombres han hecho caso omiso de las comunicaciones de Naciones Unidas, como del Informe anual de la Alta Comisionada  para los Derechos Humanos, del pasado 8 de febrero de 2013.

El oficialismo no puede aceptar las conclusiones de Naciones Unidas pues sería reconocer que ha violado derechos humanos y civiles, pero necesita perentoriamente que al menos uno de los 39 asuma su participación en los supuestos delitos de terrorismo-separatismo, hasta hoy sin prueba alguna. Acorralado, ofrece a los procesados juicios abreviados y penas leves si se declaran culpables. Los presos han rechazado la oferta:  su  libertad está  ligada a su dignidad, pues no han cometido delito alguno. “Somos autonomistas, no terroristas”, afirman. Ante esa negativa, ha trasladado la oferta al menos a dos acusados en el exilio, según informes extraoficiales.

El gobierno no le hace la indecente propuesta a  Branko Marinkovic, exiliado exdirigente cívico y exitoso empresario agroindustrial cruceño, imputado y acusado solo por ser opositor al gobierno de Evo Morales, confirma Sosa en una última grabación. Sobre Marinkovic y su familia los ‘jefazos’ se ensañaron con ira: fueron víctimas de múltiples arbitrariedades como confiscación de parte de sus tierras agrícolas,  persecuciones y sucia propaganda contra su entorno familiar. El abogado del empresario prepara un juicio en contra de Sosa, mientras los abusos suman y siguen.

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