Ernesto Machicao Argiró
La oposición boliviana está enfrentando un serio problema de disfuncionalidad política.
Por un lado, existe una afiebrada oposición ejecutada por el Comité Pro Santa Cruz, cuyo accionar político se fue afianzando desde el inicio del régimen masista hasta la fecha. Durante los primeros años del evismo lideró la denominada «Media Luna», hasta que ésta periclitó con los presuntos intentos de separatismo y los luctuosos hechos del Hotel Las Américas.
A finales de la década pasada, lideró las movilizaciones — conjuntamente las plataformas ciudadanas — que derivaron en la renuncia y fuga de Evo Morales, luego de que éste pretendió mantenerse en el poder vía fraude electoral, el mismo que fuera constatado por una comisión de la OEA.
Y en los últimos años lideró, en base a multitudinarios cabildos y prolongados paros departamentales, la protesta por la falta de voluntad política gubernamental para realizar el censo 2022. Ello se entendió como una forma de ocultar prácticas fraudulentas relacionadas con las elecciones generales de 2025: por encubrir un amañado padrón electoral, que se mantendría en la sombra ante la ausencia de un censo. Estos cabildos y paros tuvieron como corolario la cesión del gobierno ante las exigencias del Comíté Pro Santa Cruz.
El problema con esta modalidad opositora — que sin duda ha rendido ciertos frutos a lo largo de los años — es doble. Por un lado, su fortaleza se concentró esencialmente en el departamento de Santa Cruz. Este aislacionismo se ha ido acentuado por el mensaje ultraregionalista de sus líderes, cuya solución a los problemas, según su óptica, consiste en el alejamiento (¿divorcio?) de Santa Cruz del resto de Bolivia.
Esto se planteó de manera clarísima en el cabildo de noviembre de 2022, cuando se resolvió replantear el relacionamiento de Santa Cruz con el Estado boliviano. No se precisa ser demasiado acucioso para comprender la intencionalidad de la propuesta. Este planteamiento «revolucionario», como no debería sorprender a nadie, no ha ganado adeptos en los otros ocho departamentos. El caminar por el sendero del federalismo, del separatismo, con ese lenguaje, ha sido una estrategia que ha aislado a Santa Cruz, y no ha permitido una movilización de magnitud nacional. Los opositores «collas» no quieren aparecer apoyando a un movimiento cuyo último destino parece atentar contra Bolivia.
Por otro lado, un segundo problema es que, aunque la protesta y movilización comiteísta logró vencer al régimen, como ocurrió en noviembre de 2019, el desenlace final de la insurrección fue la toma del poder, primero, por un gobierno transitorio, y luego, a través de las urnas, lo que en ninguno de los dos casos se pudo materializar a través del Comité Pro Santa Cruz, ni de las plataformas ciudadanas. El presidente del Comité Pro Santa Cruz y líder de la insurrección no pudo tomar el poder porque él no era parte de la sucesión constitucional. Aquella fue una insurrección «legal», porque el insurrecto le pasó la posta a un actor político que no fue parte de la insurrección. Entonces, el no insurrecto, pero sí sucesor legal (Jeanine Añez), tomó el poder de la revolución sin ser revolucionario. Esa revolución con «paso de posta» carecía de consistencia política.
Y luego, para las elecciones, si bien se habilitó para candidatear el líder insurrecto (Luis Fernando Camacho), a través de la utilización de una alianza partidaria, ésta no logró la votación necesaria, justamente porque el candidato no era un líder nacional, sino un dirigente regionalista y excluyente del Comité Pro Santa Cruz, a pesar de contar con sigla política. Parece ser una tarea de objeto casi imposible convencer a la población nacional que un dirigente del Comité Pro Santa Cruz pueda ser presidente de Bolivia.
¿Cómo podría un dirigente que basa su éxito en un discurso ultraregionalista y excluyente, planteado como antitético del nacionalismo boliviano, y que en tiempos recientes propuso replantear la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, vencer una elección nacional de ese Estado al que cuestiona en su esencia misma? En este caso, se está dando una evidente contradicción de conceptos, de términos. Este es el segundo obstáculo que impide que la oposición logre el poder político, ya que éste solo puede materializarse en un partido político nacional, y en un líder también nacional (con discurso y visión nacional). El Comité Pro Santa Cruz no puede tomar el poder político nacional, porque no es un partido político, y cuando pretende hacerlo utilizando una sigla, para cumplir como si se tratara de una mera formalidad, el electorado nacional lo desenmascara negándole el voto.
Es por ello que la victoria electoral opositora solo podrá darse a través de los partidos políticos, y no de los comités cívicos ni de las plataformas. Pero como los partidos han sido destruidos por la persecución política, las movilizaciones del comiteísmo y de las plataformas no tienen puerto de destino en el escenario político.
Quienes pretenden incidir en el destino del país desde el palacio de Gobierno — definiendo la política económica, social, reformas del Estado — deberán hacerlo por medio de los partidos, que es lo que manda la Constitución, o la insurrección se quedará estancada en muchos más cabildos y paros cívicos, mientras el poder gubernamental seguirá bajo la tutela del MAS, encarcelando, persiguiendo.
Santa Cruz de la Sierra, 28 de enero de 2023
