Mauricio Lea Plaza
El PROSOL nació como un Programa que estaba dirigido a financiar iniciativas comunales para generar desarrollo productivo y lucha contra la pobreza con la inyección de recursos no reembolsables al sector campesino e indígena, basados en la autogestión y el control social comunitario.
Como fue concebido el Programa se reglamentaron de forma muy precisa quienes eran los beneficiarios (las familias como unidades productivas), se fijó un mecanismo de rendición de cuentas y fue dimensionado a partir de definir un monto por familia que permitía implantar proyectos que no exigían mayor complejidad en su ejecución.
Incluso, por el volumen de recursos y el número de proyectos, se consideró necesario que una entidad externa administre el Programa, por lo que inicialmente la Prefectura hizo un convenio con el PNUD, el que luego fue rechazado por la FSUCCT y el Gobierno Nacional. A pesar de ello, en el Reglamento se definieron las garantías para que la Unidad Gestora del PROSOL tenga un nivel adecuado de independencia e institucionalidad. Esto lo afirmo con conocimiento de causa porque este Programa fue gestado en la Prefectura de ese entonces y no como se ha reiterado que fue idea de la Federación de Campesinos, los que luego se sumaron a la propuesta intentando reeditar políticamente de ella.
A partir de enero de 2011, con el derrocamiento del Gobernador electo y el asalto a la Gobernación por parte del MAS, el PROSOL se convierte en un botín cedido por el MAS a la Federación de Comunidades Campesinas (FSUCCT) por su lealtad política. A falta de legitimidad, el interinato cuoteó la Gobernación entregando a las instancias gremiales el manejo de Secretarías, Servicios y Programas.
El hecho que la FSUCCT maneje el PROSOL implicó que ellos eligieron a quién lo dirige, ajustaron el Reglamento a su medida, constituyeron la Unidad Gestora con sus allegados, realizaron gestiones directas de aprobación de proyectos o de desembolsos, promocionaron proveedores, etc., en otras palabras, al ser los campesinos y sus dirigentes sindicales los directos beneficiarios del PROSOL, dicha organización social se ha convertido en juez y parte. Este es el problema de fondo en el manejo de este mecanismo de apoyo, la forma como el interinato de Condori ha hecho de él un botín político, completamente desgobernado.
En ese marco, es que se incrementó de forma demagógica y sin ningún sustento técnico, el monto por familia, primero a Bs. 4.500 y luego a Bs. 6.000.- Eso implicó que el presupuesto necesario para su ejecución se triplicó, según vemos en el cuadro adjunto.
Eso se tradujo en el hecho que el 2012, el PROSOL vino a significar el 11% de las regalías departamentales, monto muy significativo si lo comparamos con el 6,8% que significaba el 2010, hecho que hace que el Programa sea insostenible en el tiempo.
Pero además el incremento del monto por familia también vino a significar la desnaturalización de los proyectos comunales, que por su tamaño, hoy requieren de un manejo técnico, administrativo y legal mucho más complejo, al que los dirigentes comunales no están acostumbrados. Una comunidad de 100 familias recibirá Bs. 600.000, por lo que para la ejecución de dichas iniciativas requiere contar con diseños o especificaciones técnicas, con un mecanismo de contratación, con mayores previsiones administrativas y financieras, etc.
La desnaturalización se hace más evidente cuando el Programa deja de ser de beneficio público general en el área rural y tienen un trato preferencial aquellas comunidades o familias sindicalizadas. El núcleo familiar como unidad productiva era el criterio de participación en el PROSOL, sumándole los requisitos que los productores habiten y trabajen efectivamente en la comunidad. Hoy el Reglamento dice que es el afiliado a la unidad productiva, con lo que se ha roto la orientación de apoyo a quienes cuentan con una parcela y que viven en la comunidad.
El criterio arbitrario de filiación sindical sustituyó al criterio de redes productivas territorialmente vigentes.
Si analizamos el cuadro adjunto podremos evidenciar que desde el interinato se registra un incremento inexplicable del número de familias beneficiarias, el que luego vuelve a caer el 2012 sin una razón lógica. Asimismo, se ha denunciado que de los 11 municipios, en 6 de ellos el número de beneficiarios sería mayor a la población censada recientemente, hecho explicable por el desgobierno en el PROSOL y que se da porque se inscriben a los hijos, a los parientes de la ciudad o del exterior del departamento, a los fallecidos, a fantasmas, etc.
Por eso, el cambio del Reglamento realizado por la Gobernación en común acuerdo con la Federación de Campesinos, ha desdibujado el Programa con el único objetivo de manejarlo de manera discrecional y partidaria.
A todo ello se suma la falta de transparencia en la administración del Programa. Las varias irregularidades que se denuncian son prueba de ello y la ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas que trasciendan la presión sindical son el mejor caldo de cultivo para esta forma de manejo irregular de recursos que siguen siendo públicos. La ausencia de una auditoría externa, el incumplimiento de la rendición de cuentas como mecanismo de control previo a nuevos desembolsos y las redes de corrupción que se han tejido en torno a la provisión de bienes, provocan un hueco negro que no tiene fondo.
Por eso, la Gobernación interina y la FSUCCT de forma mancomunada mató al PROSOL, lo jodieron, lo pudrieron y con ello, siguen frustrando la oportunidad abierta en su momento para que la gente del campo pueda aprovecharla, a la sola condición de que sean bien manejadas, como se debe administrar la cosa pública.
No se trata de que los campesinos no participen de forma activa del proceso de desarrollo departamental, se trata de que el mecanismo que se ha generado para ello sea bien concebido y que sea manejado institucionalmente. Se trata que esta importante cantidad de recursos anuales (casi $us 40 millones) sea bien administrada y que esté orientada a contribuir a una política de desarrollo productivo y de lucha contra el hambre y la pobreza y no se constituya en un mecanismo prebendal de asalto y distribución de los recursos de todos, manejado arbitrariamente por unos cuantos.
Es hora de enterrar el cadáver insepulto o de tomar decisiones valientes e institucionales de cambio radical que lo resuciten pero con un nuevo espíritu y con otra perspectiva.
(20131108)
