Por CARLOS MALAMUD – infolatam
Tradicionalmente uno de los valores distintivos del socialismo, y muy especialmente de sus corrientes marxistas, era el internacionalismo proletario. Por encima de los mezquinos intereses nacionales estaba la solidaridad de las clases trabajadoras que situó durante mucho tiempo y de forma clara a los seguidores de Karl Marx en una posición claramente enfrentada a los nacionalismos, cualquiera fuera su color.
Por razones particulares, en América Latina el marxismo comenzó a coexistir muy pronto con el nacionalismo, especialmente en su versión más antinorteamericana o antiimperialista. De este modo se fue produciendo una anómala simbiosis entre marxismo y nacionalismo latinoamericanos, a tal punto que una de las principales señas de identidad del primero se fue desdibujando tras su maridaje con el segundo. En su lugar se quiso instalar un discurso integracionista, el de la Patria Grande, una suerte de unidad de destino en lo universal que permitiría acabar con las grandes diferencias nacionales.
En los escasos, por no decir casi nulos, referentes teóricos sobre el socialismo del siglo XXI el internacionalismo proletario se ha convertido en una especie en extinción. La emergencia de la figura de Simón Bolívar como icono revolucionario ha terminado por imponerse en la Cuba castrista, por no hablar de lo ocurrido no sólo en los países del ALBA o casi, como Argentina, sino también en otros aparentemente libres de toda sospecha, desde un punto de vista histórico, como Brasil.
Por eso no son de extrañar unas recientes declaraciones altisonantes, claramente antichilenas, pronunciadas por el presidente Evo Morales y por algunos de sus ministros y funcionarios públicos bolivianos. El 23 de noviembre los trabajadores de la Aduana chilena se pusieron en huelga por reclamos salariales, ya que pretendían un 7% de aumento. Entre otros contratiempos, la medida de fuerza causó importantes demoras en la frontera común entre Chile y Bolivia, que estuvo cerrada durante cinco días. La reivindicación sindical chilena terminó perjudicando a numerosos empresarios y trabajadores bolivianos, como también repercutió negativamente sobre distintos actores económicos chilenos.
La medida fue severamente juzgada desde la perspectiva boliviana, que la evaluó en clave conspirativa. Mientras el presidente Morales hablaba de “una nueva agresión chilena” contra el estado boliviano, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana acusó a Chile de violar el Tratado de Paz y Amistad de 1904 por “atentar contra el comercio internacional boliviano”, y también contra los derechos humanos, al no garantizarle el libre tránsito por su aduana.
Como consecuencia de ello, el gobierno de Morales presentó una queja contra Chile ante la Organización Mundial de Aduanas (OMA) por los daños económicos provocados por la huelga de los aduaneros chilenos. Así fue como se solicitó una fuerte compensación económica a partir de unos daños evaluados en más de un millón de dólares diarios.
A esto se unieron varios diputados y senadores del oficialista MAS (Movimiento al Socialismo) que instaron a Morales a demandar a Chile por lo ocurrido. Incluso el jefe de Bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas, señaló: “Habría que buscar la parte legal y demandar al gobierno de Chile por la pérdida económica que sufren los empresarios y el sector transporte”, como si la responsabilidad por lo ocurrido fuera únicamente de Sebastián Piñera y no del sindicato de aduaneros.
En clave nacionalista e introduciendo, como no podía ser de otra manera, la reivindicación boliviana de contar con una salida al mar, Morales agregó: “De tanto perjuicio que ha causado daños económicos a familias, a exportadores, importadores, comerciantes, a transportistas, por tanto al pueblo boliviano, nos veremos obligados a pedir el resarcimiento por el daño causado por ese cierre de fronteras, no sólo pidiendo retorno al mar con soberanía, sino que es su obligación… reconocer los daños causados”. En la misma línea también dijo: “No quiero entender que el gobierno chileno usa al estado chileno para perjudicar el desarrollo del pueblo boliviano”.
Es sorprendente, o quizá no tanto, la forma en que un gobierno, el boliviano, y el partido que lo respalda, el MAS, que se reivindican de izquierdas, priman la cerrada defensa de sus posiciones nacionales por encima de otras valoraciones ideológicas y por encima de la libertad de huelga. Y más aún si atendemos al perfil de Álvaro García Linera, típico exponente en sus tiempos mozos del marxismo-katarismo.
Ante sucesos como estos no llaman la atención los reiterados fracasos del proceso de integración regional en América Latina. En realidad, uno de los principales obstáculos a su consolidación es el fuerte predominio del nacionalismo en la región, que impide cualquier desarrollo de instituciones regionales supranacionales, que requieren la cesión de algunas cuotas de soberanía nacional. Pero eso no está en la agenda, al menos de gobiernos que pese a su pretendido izquierdismo reniegan de la solidaridad intersindical, especialmente si los sindicalistas y obreros son de un país ajeno.
