Cerraron y subastaron en Brasil empresa D’Andréa acusada de estafar a Papelbol
INVESTIGACIÓN | El grupo Falascina tiene sentencias judiciales desde el 2009, fue acusado de deterioro ambiental y sucumbió ante sus deudas tributarias e hipotecarias…
La fachada principal de la fábrica de maquinas agrícolas D’Andréa, sobre la avenida Queiroz de Limeira, São Paulo. Este vetusto inmueble ubicado en la misma direcciòn consignada en el contrato con Papelbol, ha sido subastado en un remate judicial del pasado 30 de abril. | Foto Sol de Pando
© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando
En marzo y abril de este año, autoridades judiciales del municipio de Limeira, en el Estado de São Paulo, ordenaron el remate de equipos e instalaciones de la compañía fabricante de máquinas D’Andréa Agrimport, propiedad del empresario Roberto Falascina y su familia, por deudas impositivas e hipotecarias que determinaron el cierre definitivo de esta empresa.
El remate más importante por su valor económico se produjo el 30 de abril pasado, cuando el Juez Primero de Trabajo Renato de Carvalho Guedes procedió a la subasta de las instalaciones industriales de D’Andréa Agrimport en Limeira. Un remate anterior, el 7 de marzo del 2014, puso en subasta maquinaria pesada como grúas y equipos de perforación cuyo embargo restó la capacidad productiva de esta empresa que, según fuentes consultadas por Sol de Pando en el Brasil, “ya desde hace muchos años venía trabajando a media máquina por su situación de insolvencia”.
La Procuraduría de la Hacienda Nacional del Brasil y el Banco Hipotecario de São Paulo, como acreedores, enjuiciaron a esta empresa fabricante de maquinaria agrícola por deudas impositivas e hipotecarias, estableciendo como base para el remate del edificio principal de D’Andréa un avalúo de 26 millones de reales (R$ 26’ooo.ooo) que equivalen a casi 12 millones de dólares. El embargo de las instalaciones data del año 2009; aunque las deudas de D’Andréa Agrimport en los registros del Impuesto Predial Territorial Urbano (IPTU) y de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) se remontan al año 2003.
Dos remates sin postores
El remate del 30 de abril no prosperó, cerró sin postores con una oferta máxima de 11 millones de reales, inferior a su precio catastral de R$ 26 millones, debido al visible deterioro en que se halla la infraestructura que según nuestras fuentes estaría destinada a su inminente demolición.
En marzo del 2012, otro juez Federal del Trabajo, Josue Cecato, ya había ordenando el remate del mismo inmueble, y también de las maquinarias, ante un proceso iniciado por la Unión Federal y un acreedor particular. Los Falascina lograron detener las subastas mediante un refinanciamiento de su deuda que tampoco prosperó en los años siguientes.
Según el Expediente Fiscal Nro. 0147300-67.2009.5.15.0014 al cual Sol de Pando tuvo acceso mediante abogados contactados en el Brasil, el inmueble rematado este año en la ciudad paulista de Limeira, teniendo como depositario a Alessio Falascina, consta de un predio industrial con su fachada frente a la avenida Souza Queiroz Nro. 267 (Villa Queiroz), que es la misma dirección consignada en el contrato de provisión de maquinaria para la empresa boliviana Papelbol suscrito entre D’Andréa Agrimport y el Gobierno boliviano el 7 de febrero del 2008.
El inmueble rematado abarca una superficie total de 54.000 metros cuadrados —incluyendo lotes baldíos en su interior— donde figuran las siguientes edificaciones que ocupan 19.661 metros cuadrados de área construida: casa de fundición, galpones y cuarto de guardia en la parte posterior; y en la superficie que da a la avenida Souza Queiroz hay cuatro instalaciones habitacionales, equipamiento sanitario y un galpón principal de 102 metros cuadrados que fueron las últimas ampliaciones aprobadas por la municipalidad (“prefeitura”) de Limeira.
También han sido puestos en remate edificaciones más antiguas construidas con anterioridad a 1966, hace casi medio siglo, consistentes en galpones industriales, oficinas, sanitarios y otras dependencias “en regular estado de conservación” según certificación municipal.
Al no haberse presentado postores que cubran el precio real catastral que fue base del remate, los predios pasan a propiedad de los acreedores, el Fisco y del Banco Hipotecario de São Paulo.
Otros acreedores tampoco pudieron recuperar sus capitales con el remate de tres maquinarias en marzo de este año —incluso una de ellas fabricada por la misma D’Andréa Agrimport—, que no tuvieron postores por lo obsoleto de los equipos. Un puente grúa marca D’Andréa y dos equipos de excavación de las marcas Kone y Newton valorados en R$ 18.000 (alrededor de 7 mil dólares) no tuvieron ninguna oferta en la audiencia de remate.
En marzo y abril del 2012, el juez Josué Cecato ya dispuso el remate de maquinarias y el inmueble principal de D’Andréa. La subasta se consumó dos años después. | Foto Sol de Pando
Otros procesos que liquidaron a D’Andréa
En septiembre del pasado año 2013, el “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia” (CREA) del Estado de São Paulo, llevó ante tribunales al propietario de D’Andréa Agrimport, Roberto Falascina, acusando a su empresa de vulnerar normas de seguridad industrial y de preservación del medio ambiente. El Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía es una de las más estrictas entidades de fiscalización conocidas en Latinoamérica.
Otro dato que ha podido confirmar Sol de Pando en documentación judicial oficial es que en abril del 2009, un año después de su contrato con Papelbol en Bolivia, un Tribunal Federal de São Paulo condenó al Presidente de la Junta Directiva de Máquinas D’Andréa, Alessio Falascina, junto con otro ejecutivo de la empresa, Arnaldo Castro, a dos años y seis meses de prisión por la evasión de aportes laborales que perjudicaron el acceso a la salud y otros beneficios sociales de sus trabajadores. El Juez dictó una medida sustitutiva —además de una elevada multa por la ilegal expropiación de los aportes laborales cometida por los hermanos Falascina—, obligando a los empresarios realizar labores de servicio comunitario en asilos y unidades escolares en el mismo lapso de la sentencia dictada.
Durante ese juicio, los empresarios justificaron la retención de los aportes laborales alegando que su empresa se hallaba al borde de la quiebra. “La mala situación económica de su empresa no les da derecho a cometer el crimen de vulnerar los derechos de sus trabajadores”, dijo el Juez en dicha sentencia dictada en abril del 2009.
Equipos obsoletos hipotecados por D’Andréa que no tienen postores en los remates. | Foto Sol de Pando
El misterio de cómo llegó D’Andréa a Bolivia
La Dirección de Sol de Pando intentó comunicarse con el representante de D’Andréa Agrimport, Roberto Falascina, enviando a su correo un cuestionario el 22 de octubre aún no respondido. Entre las interrogantes que deben esclarecer los empresarios brasileños y también autoridades bolivianas, queda por establecer las circunstancias en las cuales fue posible que una fabricante brasileña de maquinarias atravesando tan severas dificultades económicas y tecnológicas en su propio país, pudo obtener un contrato directo para armar en Bolivia fábricas de cartón y papel, consideradas empresas estratégicas del Estado.
En círculos políticos y empresariales del Brasil que conocen las dificultades legales y financieras del grupo Falascina, se menciona un nombre que habría sido la clave para que D’Andréa haga negocios con el gobierno boliviano para salvarse de una inminente quiebra: Andrés Fermín Guzmán Heredia.
Guzmán Heredia fue un habilidoso político y gestor comercial boliviano que se instaló en los años 90 en el Acre boliviano para realizar negocios con el Brasil rondando entre el éxito y la muerte. Falleció trágicamente el 4 de abril de este año al ser acribillado por el chofer del famoso “rey de la soya” en el Brasil, Olacyr de Morâes, poco después de que Guzmán salía del palacete del octogenario y corrupto magnate, en São Paulo, con casi 200.000 dólares (en billetes de reales) dentro una maleta que se presume era parte de una extorsión al multimillonario. Guzmán se jactaba de ser amigo íntimo del viejo Olacyr, viajaban juntos a Europa y alguna vez lo trajo a Bolivia para ver el carnaval de Oruro. La Policía brasileña aún no ha esclarecido cómo y por qué pudo Guzmán extorsionar aquellos $us 200.000 a Morâes; según el chofer que lo baleó no era la primera vez que el boliviano obtenía dinero de ese modo, abusando a su patrón. Se presume que entre ambos empresarios habría existido un vínculo homosexual que se prestó a la extorsión. Olacyr de Morâes no fue imputado ya que su leal chofer asumió toda la responsabilidad penal del asesinato.
Roberto Falascina, representante de D’Andréa. Sol de Pando envió a su correo un cuestionario que espera sus respuestas. | Foto Facebook
EL “OPERADOR” CLAVE DE LOS NEGOCIOS CON BRASIL
Con el talento de un próspero pastor evangélico para los diezmos, Guzmán Hererdia trabajó con el Gobierno de Sánchez de Lozada y asesoró al entonces ministro gonista Alfonso Revollo para entregar la administración del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) a la familia Canhedo, propietaria de la quebrada empresa VASP (qué sorprendente similitud con el caso D’Andréa). Con los buenos dividendos obtenidos por esa intermediación que marcó el triste destino del LAB, Andrés Guzmán se compró un curul como Senador suplente por Pando dentro la bancada del partido Podemos que lideraba el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez.
Cuando Evo Morales asumió la Presidencia, el senador podemista, fiel a su premisa de que “el poder es para hacer negocios”, se pasó a las filas del MAS y dio su voto en favor de la Ley de Reconducción Comunitaria del Inra, en noviembre del 2006. Con ese paso se abrió un camino expedito hacia el Palacio Quemado y se hizo amigo de mucha confianza de Juan Ramón Quintana, el Ministro de la Presidencia, quien gracias a Guzmán Heredia que trajo un grupo de “consultores” brasileños a Pando, pudo desarrollar una estrategia de alianzas, en las elecciones generales del 2010, con un sector de la élite conservadora pandina que abandonó al ex prefecto Leopoldo Fernández por cuestión de negocios precisamente.
Guzmán Heredia fue el puente para que Quintana establezca un pacto político con el principal líder de la vieja escuela banzerista de Pando, Miguel “Chiquitín” Becerra, quien rompió con Leopoldo Fernández que era respaldado por Tuto Quiroga. El frío pragmatismo con que Quintana, Guzmán y Becerra hicieron la “toma de Pando”, facilitó que sicarios vinculados al narcotráfico en la ruta de la cocaína del Perú al Brasil y que dispararon contra campesinos del MAS durante la masacre de Porvenir, sean bienvenidos en los aparatos de seguridad e inteligencia controlados por el Ministro de la Presidencia.
A Andrés Guzmán se lo vincula también con las gestiones realizadas por la empresa constructora brasileña OAS para adjudicarse la construcción del camino asfaltado entre Cochabamba y Beni, en el polémico proyecto que pretende atravesar el territorio indígena y parque nacional del Tipnis, dentro la amazonia boliviana.
El 3 de septiembre del año 2007, el Ministro de la Presidencia anunció oficialmente una reunión con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para exponerles el plan gubernamental de crear un conjunto de “empresas estratégicas” en el área productiva. Quintana, decía la crónica informativa, “anunció que se discutirá en forma democrática y respetuosa todos los puntos de vista, y las objeciones a la política oficial”. Fue entonces cuando Eduardo Peinado Rivero, el Viceministro de Industrias, hizo su estelar aparición anunciando que “el Ejecutivo prevé impulsar industrias estatales de papel, cartón y vidrio”. El presidente de la CEPB, Roberto Mustafá, expresó sus reparos. “Los empresarios no estamos de acuerdo que existan empresas estatales, todo debe estar en manos privadas para evitar temas de corrupción, favoritismo político. Todo se debe manejar con visión clara y gestión empresarial”, declaró Mustafá premonitoriamente.
Dos días después de la reunión con los empresarios privados, el 5 de septiembre del 2007 —con un enfático impulso del Ministro de la Presidencia— el Gobierno crea simultáneamente las empresas para fabricar papel y cartón, Papelbol en Cochabamba y Cartonbol en Oruro, mediante los sucesivos decretos supremos 29255 y 29256 respectivamente.
Una reunión con técnicos de la UPRE, en agosto del 2009, en instalaciones de la empresa maderera Mabet sobre el territorio indígena Pacahuara de Pando. Figuran en esta imagen Mauricio Etienne, propietario de Mabet, Cliver Rocha, director de la ABT, y el Ministro de la Presidencia. | Foto Archivo Sol de Pando
Esas empresas instaladas en el occidente del país, además de Lacteosbol, junto a otras como la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) y la Cooperativa de Zafreros y Fabriles Castañeros (Zafabri) en el norte amazónico (Riberalta), fueron proyectadas y diseñadas con la intervención personal del Ministro de la Presidencia, a través de un organismo técnico bajo su directa dependencia, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), creada en abril del mismo año 2007, de la cual en el año 2010 (cuando Quintana asume la dirección de Ademaf, organismo diseñado por el mismo ex militar para desplegar labores de inteligencia y seguridad del Estado encubiertas como actividades de desarrollo económico en base a las teorías clásicas de la “guerra de baja intensidad”) se desprendió el Servicio de Desarrollo Productivo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), que bajo tuición de Ministerio de Desarrollo Productivo administra actualmente las “empresas estratégicas” creadas por Quintana en el 2007. La UPRE continúa operando en el Ministerio de la Presidencia direccionando —según los criterios políticos y electorales de Quintana— recursos del programa Evo Cumple que es financiado con fondos venezolanos. Desde el año 2011, esta unidad “técnica y económica” del Ministerio de la Presidencia tiene las manos libres para realizar contrataciones directas, sin necesidad de licitación alguna (aun cuando los montos en juego sean mayores a Bs 20.000), que es exactamente lo que Peinado ya hizo desde su Viceministerio en el 2007 favoreciendo a D’Andréa al margen de toda licitación.
Papelbol y Cartonbol nacieron el año 2007 amarradas a D’Andréa Agrimport que —de manera idéntica a la quebrada VASP en los tiempos de Sánchez de Lozada— llegó a Bolivia para obtener ganancias ilícitas buscando salir de su bancarrota; y también tenía entre sus gestores más activos y convincentes a Andrés Guzmán Heredia, estrecho colaborador del ministro Quintana además de miembro connotado de la Cámara Boliviano Brasileña de Comercio.
Por si las moscas, el viceministro Peinado, que arrasó con todo para imponer los contratos a favor de D’Andréa vulnerando las reglas de licitacion que rigen en Bolivia y contando con la complicidad de su propio padre —Eduardo Peinado Terán— encaramado entonces en la Cámara Nacional de Industrias, remitió el 23 de noviembre del 2007 —se presume que por instrucción de Quintana— una absurda carta al vicepresidente Álvaro García Linera intentando abusar de un presunto parentesco lejano y legitimar el negociado pidiéndole su “visto bueno” para firmar el contrato con D’Andréa, pese a que el Vicepresidente no tenía competencia administrativa ni legal para intervenir en el asunto. El Decreto de creación de Papelbol no dice que el Vicepresidente debe aprobar los contratos de esa empresa, sino el Directorio respectivo. Quien sí tenía conocimiento del contrato doloso desde su gestación, a través de los técnicos de la UPRE que monitoreaban a Papelbol y Cartonbol, era el ministro Quintana; pero había que meter en el baile a García Linera para “cubrirse las espaldas”.
El propio Peinado hizo “filtrar” esa carta hacia la prensa cuando estalló el escándalo y el Ministerio de Transparencia lo había denunciado penalmente; pero luego negó haberla firmado, lo cual es un importante punto pendiente de investigación y esclarecimiento oficial.
La idea era ocultar las responsabilidades de Peinado y Quintana en el indudable desfalco perpetrado en favor de la empresa brasileña D’Andréa Agrimport, cuando este se descubriera, para cargar el bulto en las espaldas del Vicepresidente y por tanto del mismo presidente Evo Morales.
LA MISTERIOSA CARTA QUE DEBE SER INVESTIGADA
Luego de “filtrarla” a importantes medios de comunicación, Eduardo Peinado negó haber firmado esta carta dirigida irregularmente al vicepresidente García Linera pidiendo su “aval” para suscribir el contrato doloso con D’Andrea. En la carta hay varias firmas y sellos difíciles de falsificar, y existe un número de CITE que debe ser revisado en los registros de la oficina de Peinado. Esclarecer las verdaderas intenciones de esta carta permitirá descubrir a los responsables del millonario desfalco. | Foto Erbol
