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Ocho evidencias del atraso del modelo plural

EL CIDES-UMSA IMPULSÓ UN TRABAJO DE FERNANDA WANDERLEY, FERNANDA SOSTRES E IVONNE FARAH

El texto La economía solidaria en la economía plural: Discursos, prácticas y resultados en Bolivia analiza por qué, pese a una Constitución y normas favorables, no se establece una economía pluralista en el país.

Natalí Vargas  / Inversión

La construcción del nuevo andamiaje normativo, desde 2006, abrió oportunidades para fortalecer la economía plural, pero dejó muchas dudas conceptuales sobre  pluralismo económico, economía solidaria, economía comunitaria, economía cooperativa y el rol del Estado.

Ésa es una de las primeras conclusiones que salen del estudio La economía solidaria en la economía plural: Discursos, prácticas y resultados en Bolivia. El estudio, a cargo de las académicas Fernanda Wanderley, Fernanda Sostres e Ivonne Farah, fue impulsado y publicado por el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), con el apoyo de la Universidad del País Vasco, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA), la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y el Gobierno Vasco.

La presentación del documento se llevó a cabo el jueves 25 de febrero, ante una audiencia conformada por académicos, economistas, políticos, empresarios, activistas ambientales   y universitarios, entre otros.

El documento apunta a que el tenor de la Constitución Política del Estado, que fue aprobada en agosto de 2006, y las nuevas normativas que emergieron a partir de ello, buscan que la comunidad revalorice los principios de la vida colectiva, de manera contraria a lo que propone una línea política de corte neoliberal. Bolivia comenzó a tener, en el ámbito internacional, la imagen de  un país que reivindica la recuperación de las formas de gobernanza  comunitarias y los principios plurales de organización estatal.

Pero, en términos reales, ¿por qué el país no alcanza el verdadero fortalecimiento de una economía plural?

Resultados de las políticas

El estudio llega a ocho constataciones de las políticas públicas y sus resultados.

1 La primera es que hay contradicciones entre las leyes aprobadas desde 2006, que reflejan visiones y demandas de diferentes actores sociales y políticos, que no apuntan a una estrategia de desarrollo  consensuada en lo mínimo. Es así que la mayoría de las normativas relacionadas con la economía plural y la diversificación productiva no fueron reglamentadas ni se tradujeron en políticas públicas coherentes e integrales.

Por ello, hasta ahora el debate sobre economía plural  y su marco normativo están al margen de la gestión de la política económica.

2 Hay una concentración de los recursos en el sector  económico en los rubros de hidrocarburos y minería, en desmedro de otros sectores económicos, como la producción de alimentos básicos y otros productos de consumo.
«Tomando en cuenta que los principales yacimientos se encuentran en territorios comunitarios e indígenas, y la fuerte dependencia externa de los ingresos públicos, esta base  de sustento del  financiamiento público tiene graves implicaciones sociales, políticas y económicas en las posibilidades de fortalecimiento de las otras economías (comunitarias e indígenas) y en el marco de sostenibilidad ambiental”, apunta el análisis.

3 Desde el punto de vista de Wanderley, Sostres y Farah,  la producción nacional de alimentos, que se desarrolla sobre todo desde una agricultura familiar de base campesina e indígena, no adquirió prioridad en las políticas públicas. En ese sentido, se afirma que  la producción nacional campesina no creció para responder al incremento de la demanda interna de productos agroalimentarios, sino que «está disminuyendo”.

4 Esta evidencia tiene que ver con la tercera. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía  Plural (MDPyEP) «no tuvo un rol protagónico en las políticas económicas; su actuación fue considerada de ‘segunda línea’ por la opinión pública y por las autoridades y técnicos”.
Para hacer esta afirmación, el estudio se basa en documentos oficiales del mismo MDPyEP, que reclaman un mayor protagonismo político al respecto y en su rol de coordinador entre diferentes ministerios e instancias.

5 La quinta confirmación es que el Gobierno promovió más que todo la supremacía de la economía estatal en articulación con el sector privado empresarial, con la idea de que si el Estado cobraba mayor relevancia en la economía  se promovería  el desarrollo productivo.  Pero esta hipótesis, al contrario de lo que buscaba  el Plan Nacional de Desarrollo, desemboca en que se amplía la presencia estatal por la vía de las nacionalizaciones y de la creación de empresas públicas en varios sectores.
Por ello, se concluye que «las políticas de fortalecimiento de la economía plural  de los últimos nueve años se concentraron en el fortalecimiento de la economía estatal (empresas públicas), subordinando y generando dependencias de los actores de la economía comunitaria y cooperativa respecto del Gobierno nacional”.

6 El modelo de actuación de las empresas públicas en los sectores extractivistas no coopera para que las asociaciones de productores  tengan un rol protagónico en la economía.
De hecho, es evidente que más bien hay una tendencia a que las empresas, tanto estatales como privadas, tengan sobre todo relación contractual directa con los  productores de manera individual. Asimismo, esa relación de arriba hacia abajo -en el caso de las empresas estatales y los productores- ha generado y genera un especie de subordinación, incluso política, hacia el Estado.

7 Durante este periodo se profundizó un problema estructural del país: la persistencia de su patrón de acumulación fundado en actividades extractivas de recursos naturales no renovables, poco articuladas con la generación de empleo y dependientes a variables cíclicas, como el precio de las materias primas.
«El país no está en el camino de transformación de las condiciones estructurales de las desigualdades en el marco de un proyecto de desarrollo alternativo con base en la pluralidad económica y la sostenibilidad ambiental, más allá de reducir los niveles de pobreza y de exclusión social en los últimos años”, dice el análisis.
Esto queda claro cuando se aprecian las declaraciones del presidente Evo Morales  respecto a que las fundaciones «que perjudiquen la explotación de los recursos naturales” se deberían de ir del país y que el concepto de áreas forestales son una invención del imperialismo norteamericano.

8 Muchas de las normativas aprobadas desde 2006 son el resultado de las demandas de organizaciones sociales y económicas, asumidas como compromisos políticos. Las normas analizadas por las investigadoras revelan que hay contradicciones serias entre tres visiones: la de superación del modelo capitalista neoliberal y extractivista a través de la diversificación productiva, la de  fortalecimiento de la economía  plural de base popular, campesina e indígena y la de sostenibilidad ambiental.
Aparte de las contradicciones, las normativas no  llegaron a ser reglamentadas ni traducidas a políticas públicas. Es más, «han tenido efectos sobre las identidades, las interacciones y acciones colectivas”, algo que se refleja en «la profundización de conflictos y fragmentación al interior de los movimientos sociales”.

El proceso de cambio y  el surgimiento de una nueva clase media

Según el estudio La economía solidaria en la economía plural: Discursos, prácticas y resultados en Bolivia, a la fuerza simbólica, «encarnada físicamente por los nuevos representantes políticos y reforzada por los contenidos de los discursos oficiales”, se sumó la ascensión de una nueva clase media de origen popular e indígena, en un contexto «excepcional” de crecimiento impulsado por el alza de los precios de las materias primas, sobre todo de los hidrocarburos.

Y como resultado de ese modelo, «se reafirmó la cultura rentista que alienta prácticas clientelares y prebendales entre dirigencias sociales y políticas con los poderes públicos”. Este modelo de gestión pública está haciendo que se formen más grupos de poder que defienden intereses corporativos que afectan al bien público y se profundizan actividades públicas y privadas autoritarias e incluso violentas en la sociedad.

Este contexto de bonanza económica favorece a esas prácticas, señala el texto. Entre 2006 y 2014, el incremento de los recursos financieros disponibles en la economía boliviana fue exponencial con relación al periodo 1996-2005. De hecho, los gastos e inversiones públicas de un año de gestión del gobierno de Evo Morales corresponden en promedio a cuatro del periodo anterior.

Las medidas, como los incrementos anuales al salario mínimo nacional, el establecimiento de un techo en los sueldos  de la administración pública y la implementación del doble aguinaldo, «contribuyeron a profundos cambios en la dinámica del mercado de trabajo en este periodo”, según el libro.

Estos cambios tienen que ver con el empleo de mano de obra cada vez menos calificada y la disminución de los ingresos reales de los trabajadores más calificados. Eso influye en la disminución de la pobreza y de la desigualdad.

Sin embargo, con el fin del ciclo de bonanza de los precios de las materias primas surgen nuevas interrogantes: ¿en qué medida las políticas redistributivas, el incremento del empleo y de la capacidad de compra de la población son sostenibles en el mediano y largo plazo? ¿En qué medida se aprovechó la bonanza para fortalecer la economía agraria familiar?

Fuente: paginasiete.bo

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