Desde 2014, Bolivia sigue gastando como en las épocas de bonanza económica (2006-2013). Los expertos la describen como una familia que sigue viajando al exterior alojándose en los mejores hoteles; que aún tiene una debilidad por las compras compulsivas. Para financiar este estilo de vida, si se termina el efectivo, mete mano a sus ahorros o recurre al préstamo de amigos nacionales o del exterior.
Este escenario se conoce como déficit, donde se gasta más de lo que se tiene, y se agrega fiscal, porque hace referencia a un periodo determinado.
En el caso boliviano, de acuerdo con las proyecciones del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, esta variable macroeconómica se ubicará en 7,49% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) que es de unos $us 45.000 millones, por lo que el gasto extra para esta gestión será de $us 3.400 millones.
Una noticia que, para Jaime Dunn, analista financiero, ya no sorprende, debido a que de manera consecutiva por 10 años la balanza entre los gastos y los ingresos se encuentra desequilibrada, una situación que se volvió crónica y estructural.
Dunn sostuvo que el panorama no va a mejorar cuando el gasto representa al 40% del PIB, mientras que los ingresos se ubican en un 38% del PIB y detalló que, a pesar de esta situación, el Gobierno central mantiene sus gastos como en la época de la bonanza y para tapar el hueco deficitario (que en la presente gestión será de unos $us 3.400 millones) recurre al endeudamiento público que se ubica en unos $us 33.000 millones.
“Para ir reduciendo el déficit es clave bajar el gasto corriente que en gran parte se destina para el pago de más de 500.000 empleados públicos. La situación se torna más complicada si cada año también sube el costo de la subvención de combustibles que en 2022 cerró en $us 1.700 millones, debido a que el barril de petróleo se lo paga $us 90, mientras en el mercado interno su costo es de $us 27”, observó Dunn.
El economista Germán Molina hizo notar que durante el periodo 2006-2013 a escala mundial se tuvo una bonanza económica por el crecimiento económico de China hasta un 11% que demandó materias primas y elevó los precios, lo que benefició a Bolivia y permitió el aumento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) “Esto permitió ingresos fiscales por mayor recaudación de impuestos, ahorro público, crédito público, deuda flotante, y además se logró la apreciación de nuestra moneda de Bs 8 por cada dólar se pasó a Bs 6,86. Al mismo tiempo se produjo una expansión en el gasto fiscal. Pero como los ingresos eran mayores a los gastos por ocho años se tuvo un superávit fiscal”, precisó Molina.
El economista sostuvo que los ingresos fiscales pueden aumentar sin necesidad de elevar las actuales alícuotas o creación de nuevos impuestos, pues se tiene que ampliar la base tributaria incorporando a los cooperativistas mineros, cocaleros y suprimir las filtraciones fiscales (como por ejemplo las zonas francas). Precisó que los recortes que deben realizar para disminuir los gastos básicamente son: pasajes y viáticos, publicidad, asistencia de funcionarios públicos a eventos internacionales, venta del avión presidencial, autos oficiales, supresión de cargos públicos eventuales, consultores y eliminar la duplicación de funciones que realizan en las entidades públicas.
A su vez, Napoleón Pacheco, economista y docente en la UMSA, subrayó que es momento de que el Gobierno se sincere y cierre las empresas estatales deficitarias, porque mantenerlas provoca una presión directa a las RIN.
También observó que los $us 600 millones que el Ejecutivo tramita en la Asamblea Legislativa van a fortalecer las RIN, pero se hará emisión monetaria para mantener el gasto fiscal por lo que para 2023 el déficit continuará en los mismos niveles de 2022, que cerró en 7,2%.
Mirada gubernamental
Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, sostuvo que déficit fiscal de 2022, del 7,2%, está muy por debajo del objetivo inicial del 8,5% y recordó que, durante la gestión del anterior Gobierno interino, el déficit fiscal subió al 12,7% durante 2020. Sin embargo, en 2021, se redujo hasta el 9,3% y a pesar de un panorama de incertidumbre, la gestión pasada se bajó dos puntos porcentuales, lo que a criterio de Montenegro es un gran avance.
