Evo Cumple para unos, acoso judicial para otros
Pelea de agua en carnaval parecen las apreciaciones sobre el programa Evo Cumple. Oficialistas y opositores se lanzan epítetos que de inicio parecen globos cuyo fin es mojar, resbalan a misiles congelados cuyo propósito es lastimar y pronto decaerán a baldazos de aguas hediondas que desprestigiarán aún más el ejercicio de la política. El meollo es la escasa fiscalización de petrodólares venezolanos, luego se habló de ayuda china, quizá hoy ya meten la mano en la lata de las reservas bolivianas.
Las millonarias obras del programa no están sujetas a normas legales de manejo de dineros. El débil argumento de que se transfiere recursos con más rapidez a las alcaldías, cae ante decenas de obras con fondos entregados que no se han realizado, o se agrietan cuando no se derrumban por su dolosa ejecución. Marean la perdiz con que unas veces son los municipios los que supervisan; otras, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Gobierno.
La charada de una interpelación parlamentaria con mayoría oficialista resultó en ovación al ministro. Anotó que hay cinco niveles de fiscalización: la UPRE, la Contraloría, las asambleas departamentales, el Concejo Municipal pertinente y el ‘control social’, pero reconoció que en la UPRE no existe la capacidad para controlar todos los proyectos. La Contraloría admite que se cometieron delitos penales, y que hay casi 400 proyectos con ejecución física inexistente, pese a que desembolsaron más de 18 millones de dólares para su financiamiento. ¿Financian proyectos en asambleas departamentales o instancias ediles donde la oposición es mayoría? ¿De quién será el ‘control social’, si la presidenta del Senado indica que el Gobierno “se autofiscaliza”? El mismo Presidente fija condición de que el Gobierno siga entregando recursos: “la unidad dentro de las organizaciones sociales para consolidar el proceso de cambio”.
No es agua de borraja. Si la oposición puntualiza que más del 30% de proyectos ejecutados por el ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ fallaron porque no se acabaron, se esfumaron o son fantasmas, se trata de la friolera de más de 130 millones de dólares. Sin auditoría externa ni procesos penales.
Tomen el caso de Cochabamba. Es el departamento que mayores montos ha recibido: más de un cuarto del total de los gastos por obras. La parte del león es del Chapare, para inversiones antojadizas como el estadio para quince mil personas en Shinahota. Sin contar obras alejadas de toda factibilidad o lógica, como la fábrica de papel sin materia prima en Villa Tunari, o el aeropuerto internacional de Chimoré, para no tocar siquiera el otro en Ivirgarzama, a un salto y una carrera del anterior. Algo tiene que ver que allí se concentran las más grandes extensiones de coca no siempre para el acullico legal, o tal vez porque sus campesinos constituyen la guardia pretoriana del Presidente cocalero.
También puede ser la geopolítica de colonizar el territorio patrio por los dizque ‘quechuaymara’, léase ‘movimientos sociales masistas’. Con la selva común de la coca, dicha región es serpiente venenosa de dos cabezas. Una apunta al Beni atravesando el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro-Sécure” (Tipnis), donde ya tiene a medio digerir el infame “Polígono Siete”. Otra, sus dominios al oeste del río Ichilo permiten que el veneno politiquero, y quizá de la droga, se esparza en bolsones colonizadores en Yapacaní y San Julián; tienen inclusive cabeza de playa urbana en el Plan Tres Mil de la capital oriental.
Contrástese tal cuadro con el repetido, e impune, abuso de libertades constitucionales con practicar la injusticia mediante el acoso judicial como maña politiquera. Fuerza el exilio a muchos, encarcela sin juicio ni sentencia, se desvía del derecho internacional negando salvoconductos. En atentado contra el principio universal de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, hoy ejercitan la presunción de culpabilidad.
El primero de las víctimas del acoso judicial ni siquiera es político. Su selección por el Presidente mediante terna propuesta por el Congreso, fue señal positiva a entes internacionales de financiamiento, interesados en dar fin a la corrupción mediante la institucionalización, poniendo gente proba y capaz en los focos de podredumbre. Como en coliseo romano de gladiadores, desde que Evo Morales puso el pulgar para abajo en su discurso de posesión en el 2005, son más de setenta los procesos judiciales contra el depuesto primer presidente institucionalizado del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic. Hace poco se ha instruido, otra vez, su encarcelamiento.
El régimen del cambio resbala al prorroguismo de una oclocracia autocrática. Prorroguista, porque burla su propia Constitución, lograda en cuartel militar con delegados robots sin mediana sapiencia: ¡sin mencionar aspavientos de respetar períodos presidenciales! Oclocracia, ya que gobiernan desde el estrado en que discursea a ignorantes auditorios el encumbrado líder; aún en paulatina merma, los ‘movimientos sociales’ se han tornado en pandilleros para tareas sucias de agredir a la oposición. Autocrática, porque se centra en un hombre-símbolo y no asoma en el futuro ninguna alternancia democrática; más bien, se ha penetrado la justicia boliviana, de inicio ineficiente, para poner en boga el acoso judicial como sistema de jaquear a la oposición. Para colmo, inventaron el calificativo de ‘libre pensantes’ para disidentes de su propio partido, que no son pocos ni tampoco ovejas.
(20130627)