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Seis operadores de la justicia concentran al menos 50 causas de líderes cruceños

Uno de ellos es el juez Bautista quien estuvo en prisión por cargos de prevaricato. La carrera judicial es, según especialistas, una barrera para evitar la intromisión política en el país.

Fuente: Última Hora TV

Al menos 50 causas penales vinculadas con protestas sociales y movilizaciones políticas contra líderes y activistas de Santa Cruz están concentradas en seis administradores de justicia -tres fiscales y tres jueces- según una revisión de requerimientos del último año que hizo EL DEBER; además de las percepciones de litigantes y protagonistas de varios procesos.

Según datos del Consejo de la Magistratura, en el departamento existen 197 administradores de justicia de los que 126 trabajan en la ciudad capital, mientras que el Ministerio Público reporta 116 fiscales de materia en Santa Cruz.

Los procesos contra este grupo de personas están divididos en dos grupos. Por una parte, van las investigaciones por delitos comunes y, por otra, por cargos de corrupción.

Para los efectos del primer bloque el fiscal Oswaldo Tejerina está presente en al menos 15 procesos que han sido planteados contra dirigentes y, especialmente, contra militantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), una organización sobre la que también pesan acusaciones del Gobierno por supuestos actos de violencia.

Además, fue el principal acusador de Rómulo Calvo, el exlíder cívico sentenciado a dos años de prisión por la vulneración de símbolos patrios, como la wiphala. El proceso fue polémico porque Calvo fue condenado por una declaración y no por haber estado presente en el momento de la agresión del emblema nacional durante la efeméride cruceña del 24 de Septiembre del pasado año.

Por otra parte, Oswaldo Erwin Sánchez, el vicepresidente de UJC del Plan Tres Mil fue acusado de “delitos de instigación pública a delinquir, incendio, robo agravado y asociación delictuosa” por la quema de una clínica odontológica ocurrida el 3 de enero, durante las protestas posteriores a la captura del gobernador Luis Fernando Camacho. El dirigente acusó a Tejerina de obligarlo a inculparse y ante esa evidencia fue enviado a prisión domiciliaria a fines de mayo.

El fiscal Tejerina está a cargo de las acusaciones por los 36 días de paro por el censo que apunta al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, el vicerrector de esa casa de estudios superiores y otros dirigentes. Antes de llegar a la Fiscalía, Tejerina fue parte de la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

La lista sigue con los fiscales anticorrupción Alberto Zeballos y Alexander Mendoza, quienes han sido asignados a unas 12 causas penales en la Gobernación de Santa Cruz. Estos profesionales han redactado las imputaciones contra el gobernador Camacho con la figura recurrente de “incumplimiento de deberes” que se aplica a funcionarios públicos.

En una información divulgada en mayo de este año, el desaparecido diario paceño Página Siete señaló que el fiscal Zeballos es hijo del juez Alberto Zeballos, que en 2019 fue sometido a un proceso por haber admitido una acción de cumplimiento en contra de la repostulación del entonces presidente Evo Morales.

En cuanto a los jueces, de acuerdo con requerimientos revisados por EL DEBER, aparecen especialmente dos autoridades jurisdiccionales: Primo Flores y Manuel Bautista. Ambos atendieron los juicios en la etapa preparatoria por el supuesto sobreprecio en la adquisición de un carro bombero para el gobierno departamental, las acusaciones contra Calvo por supuesta defraudación en la Caja Petrolera de Salud, además de la afectación a los acuíferos. También procesaron a otros dirigentes.

Para el desarrollo de los procesos legales, el jurista Alberto Moreira fue designado este año para atender los casos contra líderes cruceños. No obstante, en marzo de 2022 estuvo en la lista de los 11 jueces de Ejecución Penal que fueron suspendidos por “la liberación irregular de sentenciados”.

Por su lado, entre marzo y abril de 2022, Baptista estuvo en prisión por delito de prevaricato. Dejó en libertad al ciudadano Abram Peters Dick, un menonita acusado en su comunidad de violar a150 mujeres.

Previamente, su colega Primo Flores autorizó que se defienda en libertad, pero el vocal de la sala penal primera, Ever Álvarez, revocó esa decisión. Tras recuperar su libertad atendió un el caso de la quema de la sede campesina de Santa Cruz que se dio en el contexto de una protesta de grupos afines al MAS en contra del paro de los 36 días por el censo. Hace tres semanas, quedó aprehendido en medio del caso “Narcovuelo” por liberar a una de las acusadas. Fue liberado y a los pocos días atendió el caso de la agresión a la asambleísta Muriel Cruz (MAS). Envió a 13 personas a prisión, pero las principales agresoras aún están libres.

El abogado Martín Camacho es uno de los que ha estado más cerca de estos procesos. Explicó que “hay muchas señales o síntomas de asignaciones direccionadas de fiscales y jueces para que vean las causas con motivaciones políticas”.

Mencionó que existen dos sistemas para el sorteo de causas que no siempre son transparentes. Recordó que en 2020 hubo protestas en Sucre para que se transparenten estos procedimiento “que en teoría son totalmente digitales”.

Precisó que en algunos procesos evitó firmar directamente los requerimientos “y tuvimos mejores resultados”. Eso sí, en varias oportunidades el Ministerio Público formó comisiones de investigadores sin que sea necesario “y ahí se apuntaba alguno de ellos que siempre llegan para ver los casos”.

Ante este escenario, el rector Cuéllar declaró necesaria la aplicación de “auditorías”, especialmente al caso por el que fue sentenciado Rómulo Calvo. “No es que la universidad vaya a defender un caso específico por tratarse del gobernador o un líder cívico, sino que está comprometida en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, y en el caso de Santa Cruz sentimos que hay persecución política en contra de quienes pesamos diferente”, remarcó.

El Consejo de la Magistratura en 2022 tenía un registro de 1.138 jueces en despacho, de esos, poco más de 600 ejercían sus funciones sobre la base de contratos “transitorios” que culminan cada cierto tiempo y que deben renovarse en función de las disposiciones legales en vigencia, pero también gracias a los contactos que el jurista tenga entre las autoridades del poder político. EL DEBER conversó con una jueza y un vocal de Santa Cruz y ellos perciben que en el caso de estas autoridades existen presiones por parte del poder político y “desde varios ministerios”.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torrez, sin hacer ninguna particularización, dijo que se están buscando jueces que deban su formación, méritos y cargo a una carrera judicial donde serán evaluados y capacitados. Señaló que un juez que debe su cargo a “una carrera institucionalizada sus fallos reflejarán transparencia como reclama la sociedad”.

“Hay una crítica que siempre se ha hecho en el país: que los jueces van cambiando de camiseta, primero eran evistas, luego pasaron a ser del equipo de la señora (Jeanine) Áñez y ahora pareciera que se quiere resaltar que hay ese tercer cambio de camisetas, pero eso no concuerda con la realidad”, apuntó el ministro de Justicia, Iván Lima.

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