En abril de 2011, el exdirector administrativo del Ministerio de Gobierno, Fernando Aliaga, declaró ante la Fiscalía que recibió Bs. 50 millones de Carlos Calvimontes y que, conforme a los procedimientos internos, estos fondos fueron entregados a José Luis Lupo, quien era la única persona autorizada para su manejo.
El fiscal del caso, Harry Suaznábar, indicó que existían suficientes elementos de convicción para considerar a Lupo corresponsable de estos hechos y que se estaba evaluando su situación jurídica para determinar si sería convocado a declarar .
Sin embargo, en 2013 y 2014, el Tribunal Constitucional de Bolivia emitió las sentencias 602/2013 y 770/2014, declarando inconstitucional la aplicación retroactiva de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, utilizada para juzgar delitos de corrupción cometidos antes de su promulgación. Esto afectó directamente al caso de los gastos reservados, ya que los hechos investigados ocurrieron entre 2000 y 2002. Como resultado, los abogados de los acusados solicitaron la extinción de la causa, argumentando que no existía un delito por el cual juzgar a sus clientes .
Dado que el juicio estaba paralizado desde hacía seis meses en 2014 y no se han encontrado registros públicos posteriores que indiquen una resolución definitiva en el caso de José Luis Lupo Flores, no es posible afirmar si fue exonerado o condenado.
Para obtener información actualizada sobre el estado legal de José Luis Lupo Flores en relación con este caso, se recomienda consultar directamente con el Ministerio Público de Bolivia o revisar registros judiciales oficiales.
Anónimo
