El 15 de septiembre de 2021, Honduras cumplía 200 años. Doscientos años. Y con ello se consumaba algo realmente único en la historia del mundo: un país que jamás, hasta ese momento, había sido gobernado por un partido o una ideología de carácter socialista, de izquierdas, ni siquiera por una propuesta reformista. Nada. Honduras ha sido gobernada por los mismos actores de siempre: una alternancia entre un partido liberal y otro nacional, y sin embargo, el que consolidó los 200 años de independencia en el poder fue básicamente un tirano, vinculado al narcotráfico y sostenido por la esfera anglo-sionista.
Cuando se lo explicas a extranjeros que apenas saben ubicar a Honduras en el mapa, europeos del Este que vivieron el comunismo y dictaduras militares, sudamericanos que ignoran Centroamérica o incluso asiáticos, la reacción es siempre la misma: incredulidad. Según la narrativa liberal occidental, un país que jamás fue gobernado por la izquierda, que nunca se “desacopló” del llamado Occidente colectivo y que siguió obedientemente el manual económico y político dominante, debería ser un caso de éxito.
Honduras es la prueba empírica de que ese relato es un mito. No padeció guerras civiles masivas como sus vecinos en los años ochenta, no colapsó en la anarquía extrema de Haití ni enfrentó catástrofes históricas excepcionales. Y, sin embargo, hasta finales de 2021 era el segundo país más pobre de América y uno de los más empobrecidos de todo el hemisferio occidental.
La estabilidad política relativa no ha garantizado bienestar. Golpes de Estado y dictaduras militares han sido episodios puntuales en un país que, a pesar de ello, se mantiene en la precariedad. Mientras El Salvador construye hoy uno de los ejemplos de seguridad más sólidos de la región, Costa Rica sostiene un amplio estado social con buena calidad de vida, y Nicaragua es percibida como relativamente estable, Honduras se ha convertido en el exportador de miseria de América Latina. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede un país con estabilidad y sin grandes catástrofes estructurales mantener niveles tan dramáticos de pobreza y desigualdad?
Desde la instauración formal de la democracia hondureña en la década de los ochentas, el Partido Nacional de Honduras se ha mostrado, con entusiasmo cercano al fanatismo, como promotor de todas las recetas neoliberales. Ha sido uno de los principales gestores del orden político, económico y simbólico que estructura la vida social del país. No se trata simplemente de un partido que haya gobernado mal, ni de una acumulación de escándalos aislados o errores administrativos. Lo que se observa, con la distancia que da el tiempo y la acumulación de evidencias, es la consolidación de un proyecto histórico que ha hecho de la miseria una condición funcional del sistema.
El Partido Nacional se presenta como conservador, de derecha, defensor de la vida y de valores familiares. Pero basta mirar un poco más allá del discurso: cuando el capital lo exige, destruye cementerios ancestrales, ignora la integridad de su propio pueblo y sacrifica la memoria histórica por conveniencia económica. Honduras no es conservadora: es un país donde los vicios, alcoholismo, drogas, desesperanza, proliferan, y donde la moralidad emerge únicamente para reforzar tabúes seleccionados. El resto, todo lo demás, se mercantiliza, se despoja y se devasta.
En ese contexto, el Partido Nacional ha convertido la miseria en su recurso político más valioso. La pobreza se administra, la precariedad se normaliza, la migración se convierte en escape funcional, y la seguridad no garantiza bienestar sino obediencia. La supuesta derecha y conservadurismo son puras máscaras: moral selectiva para los pobres, disciplina simbólica para las masas, mientras la estructura real del país se deteriora.
Así, comprender la historia reciente de Honduras es comprender la historia del Partido Nacional: su control del Estado, su estrategia de acumulación, su alianza con intereses externos y su administración de la miseria como instrumento de poder. Porque si hay algo que esta historia demuestra es que en Honduras la pobreza no es un accidente, sino una construcción política. Y el Partido Nacional es, desde hace décadas, su arquitecto principal.
Se debe entender que la pobreza persistente, la precariedad laboral, la migración masiva, la dependencia de las remesas y la normalización de la violencia no son anomalías ni fracasos inesperados. Son resultados coherentes de un modelo de acumulación y control social promovido, defendido y administrado por el Partido Nacional durante décadas. Bajo el discurso del orden, la modernización y la estabilidad, se consolidó una estructura económica que concentra riqueza, expulsa población y debilita cualquier posibilidad real de movilidad social.
Desde los años noventa, con la profundización de las políticas de apertura económica y ajuste estructural, Honduras fue integrada de manera subordinada al mercado global. El Partido Nacional fue el principal impulsor de este viraje, y no solo lo implementó: lo convirtió en identidad política. La atracción de inversión extranjera, la expansión de la maquila, la privatización parcial de servicios y la reducción sistemática del Estado social fueron presentadas como inevitables, técnicas, casi naturales. En realidad, implicaron una reorganización profunda de las relaciones entre capital y trabajo, donde la fuerza laboral quedó desprotegida y fragmentada.
El empleo que se generó fue mayoritariamente precario: bajos salarios, alta rotación, ausencia de derechos y nula capacidad de acumulación para las mayorías. El trabajo dejó de ser un mecanismo de integración social para convertirse en mera subsistencia. Se consolidó una economía donde incluso quienes trabajan siguen siendo pobres, fenómeno que no es accidental, sino estructural. Al garantizar condiciones óptimas para el capital, mano de obra barata, sindicatos debilitados, legislación flexible, el Partido Nacional aseguró rentabilidad para unos pocos mientras bloqueaba cualquier transformación redistributiva. La pobreza se volvió normal, administrable y, sobre todo, políticamente útil.
Cuando este modelo comenzó a mostrar sus límites evidentes, el discurso oficial no giró hacia la corrección estructural, sino hacia la culpabilización individual. El desempleo, la informalidad y la exclusión dejaron de ser problemas colectivos para convertirse en fallas personales. La figura del emprendedor reemplazó al trabajador con derechos. Esta narrativa no solo oculta las causas profundas de la miseria, sino que cumple una función ideológica clave: desplaza la responsabilidad del sistema hacia el individuo y legitima la precariedad como destino.
La consecuencia más visible de este orden es la migración masiva. Honduras se convirtió en un país expulsor porque no ofrece condiciones materiales de vida digna a amplios sectores sociales. La dependencia extrema de las remesas, que hoy sostienen tanto la economía nacional como la supervivencia cotidiana de millones de hogares, es una prueba contundente del fracaso estructural del modelo. No es desarrollo que un país sobreviva gracias al trabajo precarizado de su población en el extranjero. Es la externalización del colapso social.
Las remesas funcionan como amortiguador: evitan una crisis abierta, pero permiten la continuidad del sistema sin reformas profundas. Mientras la subsistencia dependa del exterior, el Estado puede seguir eludiendo su responsabilidad histórica. La migración deja de ser tragedia individual para convertirse en válvula funcional de un modelo incapaz de integrar a su propio pueblo.
Este orden económico se sostuvo políticamente mediante la captura sistemática del Estado. La corrupción que atravesó todas las administraciones nacionalistas desde los años noventa no fue una desviación del sistema, sino uno de sus mecanismos de reproducción. El desvío de fondos públicos, el financiamiento ilegal de campañas, las redes clientelares y la apropiación privada de lo público responden a una misma lógica: el uso del Estado como instrumento de acumulación y control.
Casos como el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el uso de recursos públicos para campañas políticas, las estructuras offshore y la vinculación directa de altos dirigentes nacionalistas con el narcotráfico no solo evidencian corrupción. Revelan una fusión entre poder político, capital ilícito y aparato estatal, donde la legalidad se subordina a la preservación del orden dominante.
La seguridad fue el otro gran pilar de este proyecto. Frente a las consecuencias sociales de la exclusión, violencia, crimen, descomposición comunitaria, el Partido Nacional no apostó por reconstruir tejido social, sino por militarizar el conflicto. La seguridad fue redefinida como orden, y el orden como obediencia. Barrios empobrecidos se transformaron en territorios sospechosos; la juventud precarizada, en amenaza permanente.
Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, esta lógica alcanzó su expresión más autoritaria. Se construyó un relato triunfalista alrededor de la reducción de homicidios, presentada como logro histórico. Sin embargo, incluso en su mejor momento estadístico, Honduras seguía siendo uno de los países más violentos de la región y de su propia historia reciente. La comparación regional terminó por desnudar el vacío del discurso: no hubo transformación estructural, solo contención parcial, frágil y dependiente de la fuerza. Se confundió silencio con paz.
La creación de la Policía Militar del Orden Público simboliza este modelo. Presentada como respuesta técnica, operó como una fuerza profundamente politizada, leal al proyecto del PNH y a la figura presidencial. Funcionó como guardia pretoriana moderna: intimidó la protesta, custodió procesos electorales cuestionados y aseguró gobernabilidad en un contexto de exclusión creciente. Cuando la economía no integra, la fuerza contiene.
Este proceso vino acompañado de la entronización del estamento militar en la vida civil, alineado con intereses externos, particularmente los de Estados Unidos. La estabilidad que se garantizaba no era la del bienestar social, sino la de un enclave funcional dentro del orden geopolítico regional. Estas estructuras no desaparecen: quedan latentes, disponibles para ser reactivadas cuando los intereses estratégicos lo demanden.
En el plano económico, cuando el modelo mostró signos evidentes de agotamiento, no se replanteó: se radicalizó. Las sedes, vendidas como innovación futurista, prometieron convertir a Honduras en una especie de Wakanda centroamericana. El lenguaje rozó la mitología. En la práctica, se trató de enclaves desconectados del país, cesión de soberanía y profundización de la desigualdad territorial. No fue ruptura con el neoliberalismo, sino su expresión más cruda.
Este proyecto se sostiene también sobre una base electoral construida en la precariedad. El Partido Nacional obtiene gran parte de su caudal en las zonas rurales más empobrecidas, donde el Estado aparece de forma intermitente y clientelar. La pobreza se convierte en capital político. La miseria no se combate: se administra. Cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor es la capacidad de control.
Todo esto desmonta otro de los grandes mitos del partido: su supuesta identidad como derecha conservadora, defensora de valores familiares y tradición. Honduras no es una sociedad conservadora en el sentido material del término. No conserva tejido social, no conserva bienestar, no conserva dignidad. El Partido Nacional no conserva nada. Cuando el capital lo exige, destruye cementerios ancestrales ya sean católicos, comunidades garífunas o territorios comunitarios, memorias culturales y la integridad de su propio pueblo sin reparo alguno.
El conservadurismo solo aparece cuando se trata de tabúes morales, no cuando se trata de proteger la vida concreta. Los vicios sociales, alcoholismo, drogas, descomposición, son rampantes, no como fallas morales individuales, sino como síntomas de una sociedad devastada. ¿Conservador de qué puede ser un proyecto que mercantiliza todo y desintegra todo?
La alianza con iglesias evangélicas y el uso de la moral como poder blando cumplen una función precisa: disciplinar simbólicamente mientras el orden material se descompone. En ese marco se inscribe también la cercanía con Israel y la adopción de modelos de seguridad centrados en vigilancia, inteligencia y control poblacional. La ideología se vuelve instrumental: moral para los pobres, mercado para los poderosos, represión para los que sobran.
El resultado histórico de este proceso es un país profundamente desigual, dependiente, militarizado y expulsor de población. Un país donde el crecimiento no se traduce en bienestar, donde el trabajo no garantiza dignidad y donde la miseria no es un error del sistema, sino su condición de funcionamiento.
Más que fracasar en su promesa de desarrollo, el Partido Nacional cumplió con coherencia su función histórica. No gobernó para erradicar la miseria, sino para producirla, gestionarla y reproducirla. En ese sentido profundo, estructural y social, la miseria hondureña no es un accidente: es una construcción política sostenida en el tiempo.
Ese es, quizás, su legado más consistente.
Fuentes:
Partido Nacional cumple 122 años bajo sombra de acusaciones por narcotráfico y corrupción de sus máximos líderes – Criterio.hn
Partido Nacional mantiene vivas sus esperanzas de volver al poder – Criterio.hn
Partido Nacional de Honduras – Wikipedia
Porfirio Lobo – Wikipedia
One Party, Many Crimes: The Case of Honduras’ National Party – Insight Crime
The Crisis Of Neoliberalism In Honduras – Countercurrents.org
National Party of Honduras – Grokipedia
Socioeconomic Conditions – EveryCRSReport.com
Hondurans vote in presidential election marked by fraud accusations – Reuters
Asfura holds slim lead… backed by Trump – Reuters
Honduras recibe dividida la liberación de Juan Orlando Hernández – El País
Honduras vota en estado de excepción – El País
Honduran voters to judge record… first left-wing president – Le Monde
Jesús Alberto Erazo Castro
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