Ocho años durmiendo entre bolsas de basura en la vía peatonal de la avenida Grigotá, zona del mercado La Ramada, entre primer y segundo anillo, mientras autoridades, colectivos feministas y una familia ausente miran para otro lado
«Nefertari» no es, hasta donde pude establecer, su nombre propio. Es el nombre con el que los propios vecinos del sector la identifican desde hace años, y bajo ese nombre la conoce la comunidad que la ha visto envejecer, literalmente, a la intemperie. Hoy, en la vía peatonal de la avenida Grigotá, entre el primer y el segundo anillo, zona del mercado La Ramada de Santa Cruz de la Sierra, donde revuelve bolsas plásticas buscando algo con qué taparse del sol o del frío, nadie la trata como a una reina. La llaman simplemente «la señora de la basura», y su presencia —encogida sobre costales, con las piernas colgando de una baranda metálica, tejiendo sacos vacíos como quien borda un mantel— se ha vuelto tan cotidiana para quienes transitan esa cuadra que ya casi nadie se detiene a mirarla dos veces.
Nefertari duerme a la intemperie desde hace, según el testimonio de una vecina del sector que la conoce desde hace más de ocho años, por lo menos ese mismo tiempo: su relato no es el de alguien que la vio de paso, sino el de una testigo directa y sostenida de casi una década de abandono. Antes fue una mujer que se ganaba la vida vendiendo papel higiénico y gelatinas en los micros, como tantas otras. Antes de 2018 ya dormía afuera de la policía en el órgano operativo de tránsito, resguardándose de los malhechores. Durante la pandemia se refugió bajo un árbol, donde —cuenta la vecina— «vivía ahí no más», tres años completos, soportando lluvia, viento y todos los climas sin más techo que un hule y las bolsas de basura que ella misma acumulaba para protegerse.
Una vida reducida a un colchón de costales
Las fotografías no necesitan adjetivos. Muestran a una mujer sentada en plena vereda, cosiendo un saco de rafia con paciencia de artesana mientras las motos y los micros pasan a centímetros de su espalda. Muestran sus piernas colgando de una baranda al final de la tarde, un colchón improvisado de costales de arroz y bolsas negras como único lecho, y un plástico rosado atado a la reja como techo. Muestran, sobre todo, cómo la basura de la ciudad —cartones, bolsas rayadas, envases plásticos— se ha convertido, para ella, en mobiliario: es su cama, su pared, su ropero y, a ratos, su ocupación, porque también recolecta cartón para sobrevivir.
Según la vecina entrevistada, Nefertari no es violenta, no es adicta, no ha sufrido un accidente que explique su situación. Dice tener hijos, aunque ninguno se ha acercado jamás a verla. «Nadie vino a buscarla, nadie vino a llevarla, ni a traerle nada», repite la testigo, describiendo una soledad que se ha sostenido, intacta, durante casi una década a la vista de miles de personas que cruzan esa esquina todos los días. Hace sus necesidades en la calle. Se baña en la calle. Amanece, literalmente, en medio de la avenida Grigotá.
La indiferencia como sistema
Lo más inquietante de este relato no es solo la crudeza de la imagen, sino la naturalidad con que la comunidad ha normalizado su existencia. «La gente solamente mira, no más», dice la vecina, resumiendo sin proponérselo el diagnóstico más certero de esta historia: Nefertari no está invisible por accidente. Está invisible porque una ciudad entera, día tras día, decidió no verla.
Esa indiferencia tiene responsables concretos. No solo los vecinos que «le dan un plato de comida» y siguen su camino, ni una familia que —si existe, como ella afirma— ha decidido borrarla de su vida. Tiene, sobre todo, un responsable institucional: un Estado que cuenta con normativa para atender exactamente este tipo de casos y que, en los hechos, no ha movido un dedo por Nefertari en ocho años.
Lo que dice la ley — y lo que las autoridades cruceñas le deben
La Constitución Política del Estado es clara desde su artículo 19: toda persona tiene derecho a un hábitat y una vivienda adecuada que dignifiquen la vida. Ese derecho, en el caso de Nefertari, se incumple todos los días, a plena luz, frente a comercios, buses y transeúntes de la Grigotá.
La Ley N° 264 de Seguridad Ciudadana, en su Título VII, obliga al nivel nacional y a las entidades territoriales autónomas a crear y dirigir programas de reeducación, rehabilitación y reinserción social para personas en riesgo social.
En Santa Cruz, esa competencia departamental no recae en un SEDEGES sino en el Servicio Departamental de Políticas Sociales (SEDEPOS), dependiente de la Gobernación, que según la Resolución Departamental N° 1429 administra becas asistenciales para Centros de Rehabilitación y Reinserción Social de personas mayores de edad y Centros de Salud Mental, en el marco del derecho de los grupos más vulnerables a acceder, en condiciones de igualdad, a una red de servicios sociales de responsabilidad pública. Es, en teoría, la instancia llamada a intervenir en un caso como el de Nefertari.
A nivel municipal, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra cuenta con la Casa de Acogida y Refugio Temporal Ana Medina, un servicio gratuito y de ingreso voluntario. Y este mismo mes de julio de 2026, un operativo conjunto entre la Alcaldía, la Policía y la Gobernación retiró a 70 personas en situación de calle de los canales de drenaje y espacios públicos de la ciudad —un recorrido que, según la propia prensa local, pasó justamente por la avenida Grigotá— derivando a las mujeres rescatadas al centro Ana Medina y a los adultos al Edificio Politicas Sociales Sedepos. La ciudad, entonces, sabe cómo intervenir cuando se lo propone. Lo ha hecho, en otras cuadras de la misma avenida, hace apenas unos días.
¿Por qué no con Nefertari? Cabe señalar, con la misma honestidad con que se exige a las autoridades, que medios locales han reportado en los últimos meses recortes de hasta el 90% en varios programas del Sedepos, lo que ha reducido la capacidad estatal de sostener este tipo de intervenciones. Eso no exime a nadie de responsabilidad, pero sí explica, en parte, por qué una mujer puede pasar ocho años a la vista de todos sin que ninguna institución toque su caso.
Un llamado también a los colectivos feministas
Este medio hace, además, un llamado directo a los colectivos de mujeres del país, y en particular a Mujeres Creando, la organización fundada por Maria Galindo, cuya trayectoria de denuncia contra la violencia institucional y el abandono estatal hacia las mujeres bolivianas es ampliamente reconocida. El caso de Nefertari —una mujer sola, sin red familiar, sin atención estatal, expuesta a la intemperie y a la mirada pública en sus necesidades más básicas— es, también, un caso de violencia de género en su forma más silenciosa: la del abandono. No hace falta que sea joven, ni que su historia encaje en el molde habitual de la denuncia feminista, para merecer la misma indignación y la misma movilización.
Lo que pido
Que el Sedepos del Gobierno Autónomo Departamental De Santa Cruz active una evaluación biopsicosocial inmediata para Nefertari, como hizo hace apenas días con las 70 personas retiradas de los canales de drenaje de la misma avenida Grigotá. Que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra la incluya, sin coerción pero con insistencia humana, entre las candidatas a un espacio en la Casa Ana Medina o en el albergue habilitado para la temporada de frío. Que la Defensoría del Pueblo Bolivia verifique de oficio, como corresponde a su mandato constitucional, si los derechos fundamentales de esta mujer están siendo garantizados. Y que, si existen hijos, como ella misma sostiene, alguien —una autoridad, un trabajador social, un vecino con más tiempo que los demás— se tome el trabajo de buscarlos.
Nefertari no pide compasión. Solo sigue ahí, en la vía peatonal de la Grigotá, cosiendo costales bajo el sol, mientras la ciudad que la vio nacer a la calle sigue, ocho años después, sin verla.
Por: Óscar Guillermo Yanne Banegas/Periodista e Investigador independiente
