Septiembre es el mes que los cruceños esperamos con alegría y optimismo: está la feria, empieza la primavera, el Día del Amor, de la Juventud, nuestro festejado 24 de septiembre y celebrado en todo el mundo donde exista un camba o algún boliviano que lleve en su corazón nuestra tierra.
En septiembre, en Santa Cruz celebran también los cochabambinos y los pandinos las efemérides de su departamento. Es que Santa Cruz es la síntesis de Bolivia, adonde se han venido de todas partes y se han contagiado de nuestro espíritu, de nuestra alma cruceña.
Llegó octubre, el mes al que tanta publicidad le han hecho las fuerzas ligadas al narcotráfico y con su sede en el Chapare; que prepararían un cerco a La Paz, que sitiarían las ciudades, que volverían a bloquear las carreteras e impedir hasta la ayuda humanitaria a la población civil. Se estaban y se están preparando para una ofensiva final para satisfacer las aspiraciones ilimitadas y demenciales de poder del «Jefazo», que quiere salir de su encierro en el trópico cochabambino y recuperar por la fuerza lo que el pueblo boliviano, desde el 2016 y por varias elecciones, le ha dicho que NO, que nunca más volverá.
El comunicado público del Departamento de Estado del 28 de septiembre, donde se le revocó la visa de ingreso a los EE. UU. al fiscal general y a 12 funcionarios más de la fiscalía, la justicia y exautoridades del gobierno del MAS, los ha puesto con las barbas en remojo. Y es que la conspiración tenía y tiene varias aristas: el narcotráfico en el Chapare, gran parte de los operadores de justicia en el Ministerio Público, los contrabandistas de combustible, los explotadores ilegales de oro y los narcos de México Chico, quienes le han ido endulzando los oídos a una alta autoridad gubernamental, haciéndole creer que él es el predestinado para ser presidente del país.
Lo que me llama la atención es el cinismo con el que se manejan los relatos y los discursos políticos. Los que crearon y son los autores del descalabro económico del país hoy se presentan ante el pueblo como los solucionadores de la crisis que vivimos; los que permitieron que la dictadura teocrática de Irán controle nuestras fronteras a través de drones comprados con dinero de los bolivianos; los que inviabilizaron que las empresas constructoras bolivianas participen en la construcción de caminos y adjudicaron a empresas chinas carreteras fundamentales para el país que han sido construidas con pésima calidad, hoy llenas de baches e inclusive con puentes caídos en el Beni; los que dirigieron la licitación del litio para anular a una empresa alemana para favorecer a Rusia y que cambiaron diésel por litio, a pesar de las sanciones internacionales, esos hablan de soberanía, de dignidad nacional. No tienen sangre en la cara.
Ellos no tienen autoridad moral para hablar de esos temas cuando los gobiernos del MAS, representados por Evo y por Arce, han sido los más vendepatrias y antinacionales que hemos tenido en nuestra historia.
¿Acaso no recordamos que Evo le rindió cuentas a Chávez y a Raúl Castro del operativo del Hotel Las Américas, donde asesinaron a sangre fría para deshacerse de la oposición? ¿O su frase servil frente a Fidel cuando dijo: «Ya el comandante nos dio la línea, no tenemos nada que discutir»?
Hoy estos mismos actores políticos, ligados al narcoterrorismo, quieren demonizar a la DEA y a las otras agencias internacionales de lucha antidrogas por su ayuda frontal contra este flagelo.
La delincuencia internacional disfrazada de política opera en todos los sectores de la sociedad boliviana: se infiltraron en las FF. AA., en la Policía, en el Ministerio Público, en la justicia, en el Poder Ejecutivo y en la sociedad civil; y cuando este fenómeno sucede, se está viviendo un narcoestado que se ha empezado a desmontar.
¿Serán los únicos a quienes se les quite la visa y se les pida rendición de cuentas ante la justicia? No; la lista es larga porque el poder mafioso que construyeron durante los 20 años de oscurantismo que vivió Bolivia les permitió construir un esquema delincuencial que le costará varios años a los gobiernos desmontar, pero tengo la impresión de que ya empezó.
Los ciudadanos tenemos que exigir que este desmontaje sea el inicio de una profunda reforma de la justicia en nuestro país, para que nunca más sea utilizada contra ciudadanos que pensamos diferente, que no sea un mecanismo de extorsión, que revaloricemos la ética en el ejercicio de la vida pública, y que los corruptos y delincuentes no se refugien ni en la justicia ni en el efímero poder que puedan detentar.
Solo así podremos sentirnos orgullosos de nuestra patria, de nuestro gobierno y ser un país respetado en el mundo.
Guido Áñez Moscoso
