I. La memoria de un pueblo traicionado:
El sistema de pensiones en Bolivia siempre fue un reflejo de la relación entre Estado y ciudadanía. Desde el antiguo sistema de reparto hasta las AFP, los jubilados confiaron en que sus aportes serían resguardados con justicia. Sin embargo, el traspaso a la Gestora Pública marcó un punto de quiebre: una decisión tomada contra la voluntad popular, bajo engaños descarados e inhumanos, que hoy se traduce en un daño irreparable.
II. La trampa de la moneda nacional:
El pueblo se opuso al traspaso porque intuía el fraude: los fondos, que superan los 29.000 millones de dólares, fueron contabilizados en bolivianos.
El engaño: se prometió seguridad y transparencia, pero en realidad se expuso deliberadamente el ahorro de toda una vida a la depreciación de la moneda.
La consecuencia: mientras los acreedores internacionales reciben dólares, los jubilados son condenados a recibir papel depreciado.
La verdad: no fue un error técnico, sino una decisión política calculada para financiar al Estado a costa de los más vulnerables.
III. El abuso criminal:
Registrar en bolivianos lo que se ahorró en dólares es un acto de saqueo institucionalizado.
Sin criterio financiero: cualquier administrador ético habría protegido el valor real de los aportes.
Con dolo político: se privilegió la caja estatal (Gestora) por encima de la dignidad de los jubilados.
Con impacto social: miles de familias ven reducida su pensión, mientras los corruptos disfrutan riqueza.
Este proceder no es solo una mala gestión: es un abuso criminal que desnuda la corrupción de quienes gobiernan. Políticos que actúan así muestran una conducta que merece cárcel, porque han traicionado la confianza de generaciones enteras.
IV. La ética ausente:
La administración de pensiones debería regirse por principios de ética financiera:
- Transparencia en la contabilización.
- Diversificación de inversiones para proteger el ahorro.
- Respeto al poder adquisitivo de los aportes.
Nada de esto se cumplió. El Estado se convirtió en juez y parte, administrador y deudor, protector y saqueador.
La ética fue reemplazada por la conveniencia política.
V. La voz de los jubilados:
El pueblo se opuso, pero fue silenciado. Hoy, la evidencia es clara:
- Los fondos están expuestos deliberadamente.
- Los jubilados reciben menos de lo que aportaron.
- La corrupción se disfraza de política pública.
La historia recordará este episodio como uno de los mayores fraudes sociales de Bolivia: un saqueo disfrazado de reforma, conducta muy utilizada por los políticos de turno para enriquecerse.
VI. Conclusión
Hoy, la Gestora de pensiones se ha convertido en otro engranaje de control y sospecha, en lugar de ser garantía de seguridad para los jubilados. Lo que debía ser un resguardo para la vejez se transformó en una pesadilla colectiva.
El abuso contra los jubilados no puede quedar impune. La responsabilidad penal de los políticos que diseñaron y ejecutaron este fraude debe ser exigida. La cárcel es el destino justo para quienes convirtieron la esperanza de una vejez digna en miseria.
El pueblo boliviano merece que se restituya el valor real de sus aportes, que se audite internacionalmente la Gestora y que se sancione a los responsables. Solo así se podrá recuperar la confianza y la dignidad perdida.
El desafío del actual gobierno no es repetir “más de lo mismo”. Se requiere:
- Transparencia absoluta con auditorías internacionales.
- Protección del poder adquisitivo indexando aportes en dólares o monedas fuertes.
- Diversificación de inversiones para reducir el riesgo sistémico.
- Participación ciudadana con consejos de jubilados supervisando la gestión.
- Ética financiera como principio rector, separando al Estado de la administración directa.
Con el MAS vivimos nuestra peor pesadilla, un país saqueado, una sociedad herida, una memoria marcada por la corrupción y la represión. Pero también sabemos que recordar es resistir. La denuncia es semilla de cambio, y la memoria es el terreno fértil donde puede germinar la esperanza.
Solo un gobierno que asuma la responsabilidad ética podrá transformar la indignación en justicia y devolver a los jubilados lo que les pertenece. El no hacer nada, será una señal de complicidad que el pueblo valorará oportunamente.
Justo Eduardo Olivera Tejada
