ArtículosInicioManfredo Kempff Suárezsemana del 31 de OCTUBRE al 6 de NOVIEMBRE

LA JUSTICIA Y LOS OPOSITORES

Lo que expresó la semana pasada S.E en El Alto, ignorando la independencia de los poderes del Estado, no hace sino ratificar lo que ya sabíamos todos los bolivianos: que la Justicia está al servicio del Gobierno. Manifestar que la derecha pretende «descuartizar» las estructuras del Estado Plurinacional, porque la gente deplora la forma como los fiscales – el «fiscalato» lo llamamos – arremeten contra los adversarios del MAS y vislumbra días negros para la democracia nacional, es una manera muy temeraria de interpretar las cosas.

¿Cómo es posible que una Justicia independiente se ensañe con tanta ira contra los políticos opositores? ¿Cómo explicar que al Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se lo tenga sometido a una veintena de juicios y se lo obligue todos los meses a asistir a audiencias que le dan largas a las acusaciones o se suspenden, además de tenerlo arraigado? ¿O que el ex gobernador del Beni, Ernesto Suárez, esté ya por los 30 procesos, también con arraigo de paso? ¿Cómo explicar que  Samuel Doria Medina sea blanco de juicios y que el Ministerio Público solicite su detención preventiva y la anotación de sus bienes? ¿Y los insostenibles procesos contra el ex presidente Jorge Tuto Quiroga? ¿Y contra el alcalde Luis Revilla? ¿Y contra la alcaldesa Soledad Chapetón? ¿Y contra el alcalde Leyes de Cochabamba? ¿Y contra tantos otros que escapan a nuestra memoria?

Queda clarísimo que la Justicia está obedeciendo las órdenes del Poder Ejecutivo, aunque desde el Palacio se hagan los del otro viernes. No es una casualidad que todos los políticos opositores que tienen relieve estén siendo llevados a los tribunales. Eso no se lo traga ni el más ingenuo de los ciudadanos. El Gobierno se está curando en salud y tres años antes de las elecciones previstas para el 2019 quiere limpiar el camino de escollos, despejarlo de quienes considera sus enemigos de riesgo.

Además que esta política de amedrentamiento viene de hace mucho tiempo, en el caso de Leopoldo Fernández de hace por lo menos siete años. Abusivamente este incansable luchador ha estado encerrado entre cuatro paredes por la acusación de tener responsabilidades en los enfrentamientos en Porvenir, lo que es insostenible a todas luces. Y sucede lo mismo con el vergonzoso «proceso del siglo», como muy bien ha calificado el periodista Harold Olmos a la tramoya que desde hace ocho años se ha montado encarnizadamente contra un grupo de ciudadanos acusados de separatismo, terrorismo, y hasta de intento de magnicidio, a quienes el Gobierno quiere hacer doblar la cerviz y la voluntad sin poder conseguirlo con todos.

¿Cómo no va a decir entonces S.E. que la igualdad entre los poderes del Estado perjudica al Ejecutivo? Así lo  observa él con su simpleza de visión y comete el error de decirlo. S.E. quiere establecer que todos los poderes se centralicen en el Palacio Quemado, es decir en su mano, y que, desde allí, se maneje la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Electoral. Por supuesto que no habría manera más cómoda para gobernar, pero lo que S.E. parece no darse cuenta es que eso tiene un nombre: dictadura. Someter la Justicia a los designios del Gobierno es lo que está haciendo el señor Maduro en Venezuela y ya sabemos que esa nación hermana se ha convertido en una autocracia descarada.

La Constitución boliviana, impulsada y aprobada con fórceps por los masistas, reconoce expresamente, sin dar lugar a interpretaciones extrañas, que el Estado «se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral».  Decir ahora que si se obedece a la Carta Magna se está queriendo «descuartizar» el sistema de derecho es algo inexplicable, lamentable, y muy peligroso.

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