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Líder tsimane: ahora los interculturales que nos avasallan nos denuncian en nuestros territorios

Merena cuestionó que los “avasalladores” que ingresan a los territorios indígenas para extraerlos recursos naturales ahora sean los que denuncian a los indígenas. “No es de ellos el territorio, pero ellos están denunciando”.

Fuente: Eju.tv

El líder indígena tsimane del Sector Yacuma, Rosendo Merena, no solo quedó sorprendido porque la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) lo sancionó en un proceso del que nunca se enteró, sino que ahora los interculturales que avasallan sus tierras los denuncian de desmontes ilegales.

“Los interculturales nos están denunciando, en vez que nosotros los denunciemos, ellos nos denuncian en nuestro propio territorio. Ese fue el problema”, declaró Merena en contacto con la ANF.

Señaló que los territorios indígenas siguen siendo objeto del avasallamiento de los interculturales, pero que ahora además realizan denuncias sin fundamento, usando a la ABT para procesar a los indígenas.

La ABT sancionó con 1.437 UFV que equivale a Bs 3.450 al líder indígena tsimane. Lo procesó sin comunicarle de la acción que realizaba, lo acusó sin pruebas de presuntamente haber realizado dos desmontes “ilegales” que suman 7,5 hectáreas.

Desde 2017, la ABT lo acusó de los delitos de desmonte en informes técnico-legales, ordenó peritajes, firmó un sinfín de documentos. “Todo ese tiempo, los juristas del ente fiscalizador se ocuparon de casi todas las diligencias, excepto de una: contactarse con el procesado”, reflejó Fundación TIERRA en una nota.

El 14 de marzo de este año, en la oficina en San Borja en el departamento de Beni, un abogado le comunicó -para sorpresa de Merena- que había sido encontrado culpable por unos desmontes ilegales, le aconsejó recaudar el dinero y retornar al pueblo cuanto antes para hacer el depósito en el Banco Unión.

El proceso en contra del dirigente indígena empezó el 9 de octubre de 2017 a denuncia escrita de los interculturales de la Comunidad Agroganadera Flor de mayo, del municipio de San Borja. Según los tsimanes, los denunciantes viven en otro lugar, pero coordinan con las autoridades.

Merena cuestionó que los “avasalladores” que ingresan a los territorios indígenas para extraerlos recursos naturales ahora sean los que denuncian a los indígenas. “No es de ellos el territorio, pero ellos están denunciando”.

La Fundación TIERRA cuestionó que la ABT haya declarado ilegales los dos desmontes achacados al cacique tsimane. ¿Acaso la ABT ignora que en realidad los indígenas no necesitan permisos para desmontes o chaqueos a pequeña escala? Preguntó.

Sostiene que la Ley Forestal 1700 en artículo 32, parágrafo 3, precisa que “no requiere autorización previa el derecho al uso tradicional y doméstico, con fines de subsistencia, de los recursos forestales por parte de las poblaciones rurales en las áreas que ocupan”. Asimismo, el Decreto Supremo 25847 del 18 de julio de 2000 ratifica y aclara lo anterior al establecer que el “chaqueo indígena” no requiere autorización previa. Los planes de desmontes (PDM) de la propia autoridad forestal también determinaban que las comunidades podían chaquear sin necesidad de trámites hasta cinco hectáreas, precisa la institución experta en temas agrarios.

Argumentó que el problema es que la ABT ignoró estas previsiones legales alineadas con el derecho a la alimentación y autogobierno de los pueblos indígenas y originarios. Considera que, en algún momento, la ABT rompió la ley y comenzó a someter a los indígenas a los males de la burocracia. Uno de esos momentos es el 8 de octubre de 2012, cuando aprobó la “Directriz ABT Nº 006/2012” que, entre otras cosas, crea la figura de solicitudes de chaqueos y barbechos para las comunidades. Ordena la presentación requisitos como ser carta de solicitud, copias de documentos de propiedad y planos con coordenadas geográficas. La directriz también dispone que las autorizaciones se otorgarán después de las tareas de verificación en campo.

Pero, además, complejizaría los requerimientos de las comunidades. En algún otro momento, adoptó un procedimiento llamado “plan de desmonte menor a 5 hectáreas”, para lo cual la ABT pide requisitos más complejos: carta de solicitud, informe técnico elaborado por un profesional forestal, mapa de ubicación con coordenadas geográficas, evaluación forestal, fichas técnicas, fotocopias de documentos personales, copias digitales en CD, entre otros requerimientos.

Cuestiona que los funcionarios no se molestaron en revisar si los desmontes inspeccionados constituían hechos ilegales o formaban parte del derecho al uso tradicional y doméstico de los tsimanes. Simplemente, al no encontrar en sus archivos las solicitudes de permiso de los indígenas, tomaron la reiterada decisión equivocada de que los chaqueos indígenas son desmontes ilegales.

“Una y otra vez, vulneraron el “debido proceso”. Procesaron al cacique sin pruebas en su contra. Y cuando tenían pruebas de su inocencia, no desistieron hasta sancionarlo. Pero en este mundo al revés, quien viola la ley no es la ABT, no es el Estado Plurinacional; sino el indígena indefenso, los tsimanes en particular, en definitiva, los pueblos indígenas de la Amazonia”, cuestionó.

El cacique indígena dijo que “no pagará” la sanción que le impuso la ABT porque se vulneraron sus derechos, es así que con apoyo de Fundación Tierra ha asumido su defensa en un proceso “viciado de nulidad” por las

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