DENUNCIA: LA CNS SANTA CRUZ FIRMÓ Y NO CUMPLIÓ Y DEJA CERCA DE LA MUERTE A SUS PACIENTES

Hace once días, en el auditorio del Hospital Obrero N°3 de Santa Cruz, siete organizaciones de pacientes y trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) —ABOLPO, FEREMAR-NIC, FEDEMAR-SC, FDTFSC y CONALJUVE— firmaron un Convenio Interinstitucional con la Gerencia General y la Administración Regional. Ocho puntos. Cinco días de plazo para el primer refuerzo presupuestario. Hoy, ese plazo venció y, según los firmantes, ninguno de los ocho compromisos se cumplió.

«Finalizada la huelga y con compromiso firmado, ninguno se ha cumplido. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la verdad. Ninguno se ha cumplido», declaró Romay en entrevista, al confirmar que este viernes se reunieron nuevamente los sectores movilizados —esta vez sin la presencia del gerente— para constatar el incumplimiento.

El convenio incumplido

El documento firmado el 29 de junio compromete a la Gerencia General a: garantizar dotación continua de medicamentos e insumos de laboratorio y enfermería; ejecutar un refuerzo presupuestario en cinco días; definir ante la Unidad Jurídica Nacional si la Regional Santa Cruz puede nombrar su propio RPC (Responsable del Proceso de Contratación); avanzar en la descentralización presupuestaria; aprobar el POA y presupuesto 2027; y priorizar reembolsos pendientes a pacientes oncológicos y nefrópatas.

Según Romay, tras la reunión de este viernes se convocó al administrador regional en las oficinas de la avenida Ballivián, con presencia de la asesora jurídica y un representante financiero enviado desde La Paz. «Quiero que yo haga la denuncia, para que ni usted se implique. ¡Yo!, porque ellos me conocen», afirmó, asumiendo personalmente la responsabilidad pública de la acusación.

El punto más duro de la entrevista es una acusación directa de desvío de recursos, formulada por Romay ante los propios directivos de la CNS Regional: «Aquí, pueden llorar, pueden rasgarse, pueden gritar, pueden crucificarse, porque querían escribir… ¡No hay plata! Entonces, ¿qué es el problema? Saber quién es el ladrón.» Y agrega: «Aquí tenemos que descubrir quiénes son los ladrones. Y destapar la olla de grillos que hay aquí.»

La acusación no viene sola: Romay describe un patrón de insumos insuficientes que, según ella, se resuelve trasladando recursos entre unidades en lugar de ampliar el presupuesto real. Cita el caso de 80 sueros que «no duran ni un mes» y de solo cinco insumos de diálisis peritoneal entregados a pacientes oncológicos —de una lista mayor de necesitados— financiados, según su relato, con partidas sustraídas de otras unidades hospitalarias. «Cinco pueden vivir y el resto morir», resume. «Y ahora están sacando para comprar otros cinco. Entonces, eso no es solución.»

Romay introduce un segundo frente de denuncia, más técnico: la diferencia entre las papeletas de descuento de maestros activos y pasivos. Según su indagación directa —dice haber revisado boletas en persona—, la papeleta del magisterio activo consigna la palabra genérica «descuento» sin especificar destino, mientras que la del pasivo sí detalla «Caja Nacional». La pregunta que plantea es dónde termina, entonces, el aporte de los activos: «¿Dónde está esa plata? ¿La tiene el gobierno o la tiene el centralismo, la gerencia? Que allá no les falta nada.»

Es una denuncia que, de confirmarse documentalmente, apuntaría a un problema de trazabilidad presupuestaria más que a un simple retraso administrativo.

Sobre electromedicina, la responsable de esa unidad le habría confirmado a Romay que el presupuesto de repuestos para 2025 fue recortado de una solicitud de 14 millones a una asignación de 6 millones de bolivianos, lo que —según su testimonio— explica que varias máquinas de hemodiálisis estén hoy fuera de servicio por falta de repuestos, obligando a recortar las horas de diálisis por paciente por debajo de la norma de cuatro horas.

Romay relata también la salida de un cirujano trasplantólogo (identificado por su apellido, Huanca) tras el vencimiento de su contrato, pese a haber armado desde cero el equipo de trasplantes de la CNS en menos de un año. Según su versión, otra institución le ofreció un ítem permanente y el profesional migró. Romay calificó el trato como discriminatorio y afirma haber intervenido directamente ante el administrador para lograr su recontratación; hoy, según indica, el profesional encabeza la naciente unidad de trasplantes de la CNS.

Romay cuantifica la población en diálisis en la Regional Santa Cruz en unos 530 pacientes: 250 atendidos en salas propias de la CNS y 200 derivados a centros privados contratados. Describe además el caso de pacientes que viajan desde Montero, e incluso desde zonas cercanas a Roboré, para dializarse en Santa Cruz capital, pese a gestiones —según relata, personales— ante la dirección del hospital de Montero para instalar cuatro máquinas de hemodiálisis en esa ciudad, gestión que no prosperó por falta de presupuesto propio.

El eje que atraviesa toda la denuncia es la centralización de la compra y distribución de medicamentos e insumos desde La Paz hacia las regionales. «No van a comprar un remedio que vaya a La Paz y de La Paz vuelva aquí. Eso… porque muerden algo», sostiene Romay, reclamando que los aportes de la Regional Santa Cruz sean administrados directamente por la propia regional.

En un pasaje adicional, Romay relata cómo la publicación de un video en TikTok mostrando el mal estado de los sillones de diálisis —con perforaciones que, según denuncia, fueron ocultadas al cambiar solo la tapicería sin resolver el problema estructural— generó en menos de 24 horas la asignación de un millón de bolivianos para comprar 20 sillones nuevos. Lo presenta como evidencia de que la exposición pública, más que el canal institucional, es lo que mueve la respuesta de la Caja.

Este medio se reunió de forma directa y personal con el Dr. Juan Tordoya, director del Hospital Materno Infantil y Nefrología, en su despacho, unidad que tiene a su cargo la atención directa de los pacientes renales afiliados a la CNS en Santa Cruz y que, por tanto, es la que enfrenta en el día a día las consecuencias del desabastecimiento denunciado por Romay.

Consultado directamente y en entrevista personal sobre el incumplimiento de los ocho puntos del convenio firmado el 29 de junio, Tordoya fue escueto: los compromisos incumplidos corresponden a la Gerencia Nacional de la CNS, y es a ella a quien corresponde responder por ellos.

La respuesta, aunque breve, es relevante por lo que confirma y por lo que evita: confirma, de parte de la autoridad hospitalaria que administra directamente a estos pacientes, que el incumplimiento no está en discusión; y evita —al remitir la responsabilidad exclusivamente a instancia nacional— pronunciarse sobre si esa falta de ejecución presupuestaria ha afectado o no la operación cotidiana del propio Hospital Materno Infantil y Nefrología.

La Asociación de Discapacitados Renales de la Caja Nacional de Salud Santa Cruz (Resolución Administrativa N°005/2022, Personería Jurídica 219/2022) formalizó por escrito, en papel membretado y con firma de su presidenta, María Luisa Romay Vda. de Eastman, una evaluación punto por punto del convenio del 29 de junio. El documento eleva la denuncia de testimonio verbal a registro institucional. Este es el balance, en los propios términos de la Asociación:

Punto 1 (dotación continua de medicamentos): no se cumplió. Solo se entregaron algunos insumos y medicamentos, «que solo va alcanzar para un mes».

Punto 2 (insumos de laboratorio y enfermería): tampoco se cumplió; la Asociación reporta que persiste la falta.

Punto 3 (refuerzo presupuestario en cinco días): «nada de nada», señala el documento, atribuyendo la falta de ejecución a que «no hay dinero en la Caja Nacional».

Punto 4 (consulta jurídica para nombrar un RPC regional): sin resolución hasta la fecha del documento.

Punto 5 (descentralización presupuestaria): sin respuesta. La Asociación insiste en que la Regional Santa Cruz necesita manejar directamente sus propios recursos —dado que concentra la mayor cantidad de asegurados del país— en lugar de depender de la revisión de carpetas en La Paz.

Punto 6 (aprobación del POA y presupuesto 2027): sin solución. El documento atribuye esto a que la decisión final es del Directorio de la Caja Nacional, «es decir, políticamente», y sostiene que el POA de la Regional termina recortado «a su mínima expresión».

Punto 7 (reembolsos pendientes a pacientes oncológicos y renales): sin solución. La Asociación afirma que estos reembolsos «duran casi más de cuatro años», lo que obliga a los pacientes a comprar sus propios medicamentos para no arriesgar su vida mientras esperan.

Punto 8 (mesas de trabajo): la Asociación califica como «un verdadero milagro» que se incluya a los representantes de los asegurados en la elaboración de estas mesas.

El documento cierra con un exhorto directo: «Señor gerente y miembros del directorio, solicitamos que lo más pronto posible solucionen los graves problemas de esta regional, y honren su palabra de fecha 29 de junio 2026.»

Dos documentos adicionales sitúan la protesta de junio dentro de un reclamo de más largo aliento. El 23 de junio, seis días antes de la firma del convenio, Yannenews ya había reportado una huelga de hambre en el Hospital Obrero N°3, protagonizada por pacientes oncológicos, renales y fabriles de la CNS bajo la consigna «o nos dan medicamentos o nos morimos». El convenio del 29 de junio fue, en ese sentido, la respuesta institucional a una medida de presión extrema, no una negociación ordinaria.

Más atrás en el tiempo, el 2 de febrero de 2026 —casi cinco meses antes de la huelga— la propia Romay, en representación de la Asociación, ya había presentado una solicitud formal ante la Comisión de Política Social de la Asamblea Legislativa, dirigida a la diputada Katia Juvenila Arando Sandoval, pidiendo una auditoría integral a la Caja Nacional de Salud. El documento planteaba entonces los mismos ejes que reaparecen ahora: la insuficiencia crónica del POA para la Regional Santa Cruz en áreas como nefrología, oncología, electromedicina, infraestructura e imagenología, y una pregunta que sigue sin respuesta pública: quiénes son los grandes deudores del seguro, señalando específicamente a los sectores de salud, magisterio y policía nacional en su condición de activos, cuyas papeletas de descuento —a diferencia de las de los pasivos— no consignarían explícitamente el aporte a la Caja Nacional. No hay, hasta donde pudo constatar este medio, evidencia de que esa auditoría se haya realizado.

En el convenio firmado el 29 de junio, seis de las siete rúbricas están acompañadas de nombre completo, cargo y, en varios casos, sello institucional: el administrador regional Soliz Torres, los representantes de FDTFSC, FEREMAR-NIC, ABOLPO y FEDEMAR-SC, y la coordinadora de CONALJUVE. La séptima firma, ubicada en la esquina superior derecha del documento, no lleva nombre impreso, cargo ni sello.

Este medio identificó, mediante cotejo con otro documento, que esa firma corresponde al Dr. Walter Germán Hoyos Delfín, Gerente General de la Caja Nacional de Salud, posesionado en el cargo el 2 de diciembre de 2025. Se trata, por tanto, de la máxima autoridad ejecutiva de la CNS a nivel nacional —la instancia a la que el propio documento de la Asociación atribuye la responsabilidad de seis de los ocho puntos incumplidos— firmando el convenio sin identificarse, a diferencia de los otros seis signatarios. Para Romay, esa omisión constituye una falta de seriedad hacia los sectores movilizados que negociaron de buena fe.

A la coincidencia entre el testimonio de Romay y la confirmación del Dr. Tordoya se suma ahora un documento institucional, firmado y membretado, que evalúa uno por uno los ocho puntos del convenio y concluye que ninguno se cumplió en los términos y plazos acordados. Se suma, además, evidencia de que el reclamo no nació con la huelga de junio, sino que fue elevado formalmente a la Asamblea Legislativa cinco meses antes. Y se suma, finalmente, la identificación de que la firma sin nombre en el convenio pertenece a la máxima autoridad ejecutiva de la CNS a nivel nacional.

El cuadro que arma esta segunda entrega es el de una institución que firmó compromisos concretos, con plazos concretos, ante una huelga de hambre de pacientes oncológicos y renales —y que, según el propio registro escrito de la Asociación, no cumplió ninguno de ellos. La responsabilidad de esos ocho puntos recae, según ese mismo documento, mayoritariamente en la Gerencia Nacional que encabeza Hoyos Delfín.

Con esta entrega, Yannenews da por cerrada la reconstrucción de los hechos documentados hasta la fecha. Queda formalmente abierto el derecho a réplica: la Gerencia Nacional de la CNS, en la persona de su Gerente General Walter Germán Hoyos Delfín, y el administrador regional Johannes Gonzalo Soliz Torres, firmantes directos del convenio, serán consultados de forma directa para una tercera entrega, cuya publicación dependerá de la respuesta —o del silencio— de ambas autoridades.

Este texto recoge, de forma fiel, la declaración de una fuente identificada —presidenta de una asociación de pacientes con legitimidad para representar a su sector— sobre el incumplimiento de un convenio firmado y documentado. Las acusaciones de apropiación de recursos («ladrones») constituyen, hasta el momento, una denuncia verbal sin respaldo documental adjunto en esta entrevista, y se presentan como tales: como la posición y acusación directa de la entrevistada, no como hecho probado por este medio. Se entrevistó de forma directa y personal, en su despacho, al Dr. Juan Tordoya, director del Hospital Materno Infantil y Nefrología, cuya declaración on the record se incluye íntegramente en este artículo. Esta actualización incorpora, además, un documento institucional firmado por la Asociación de Discapacitados Renales evaluando el cumplimiento del convenio, y una solicitud de auditoría presentada ante la Asamblea Legislativa en febrero de 2026, ambos con firma de su presidenta y representante legal. Por criterio editorial de protección de datos personales, se omite el número de cédula de identidad de la fuente pese a figurar en el documento original. La identificación de la firma sin nombre en el convenio se basa en cotejo documental. La CNS Regional Santa Cruz y la Gerencia Nacional —incluidos el Gerente General Walter Germán Hoyos Delfín y el administrador regional Johannes Gonzalo Soliz Torres, firmantes directos del convenio— aún no han sido consultados; su versión será buscada de forma directa para una tercera entrega de esta serie, bajo derecho a réplica.