Ya no pido plata prestada, gracias a Dios, así me ofrezcan el dinero en bandeja. Tal vez se deba a que todavía recuerdo una llamada de mi esposa. Era domingo y entre sollozos entrecortados, contó que el Banco había publicado, con foto y todo, el aviso de remate de nuestra casa. Para colmo, uno que se decía amigo le había llamado temprano, no para ofrecer por lo menos palabras de consuelo, sino para avisar que terciaría en la puja. Yo estaba en otra ciudad, ganando unos pesos de consultor, que más que seguro iban a atizar las llamas de la fogata de intereses leoninos que el Banco cobraba por un crédito de adhesión, de inicio con fondos alemanes dizque para promover la pequeña industria en Bolivia.
Puro “déjà vu” –la sensación de haber estado ahí– pensaba, viendo la entrevista a un conocido hombre de empresa, dando cuenta de la estafa de un Banco quizá empecinado en hacerse de garantías entre seis y siete millones de dólares encima del valor de lo prestado. Escarbando, dilucidé que se trataba de un tire y afloje entre uno que se presta dinero con garantías reales, y otro que lo otorga con intereses pactados como ganancia. El detalle está en lo que viene después.
En efecto, a la mora de intereses convenidos y penales del prestatario, siguieron negociaciones de altísimo nivel que acordaron la dación en pago de inmuebles, pactando la reprogramación de los créditos. Los bienes fueron recibidos e inscritos a nombre del Banco, pero no se reprogramó como estaba acordado en documentos públicos. El Banco olvidó los acuerdos pactados e inició demanda coactiva civil por el cobro de adeudos. El prestatario interpuso, y el juez declaró probadas, las excepciones de pago documentado y carencia de fuerza coactiva. Empezaron las chicanerías jurídicas que hacen ricos a los abogados y, quizá, a los jueces. ¿Qué le queda al prestatario? En este caso, pues irse a la vía penal porque el Banco burló los acuerdos, incurriendo en los delitos de estafa y falsedad ideológica.
¿En qué terminará el drama? Yo hago barra mental por el empresario, cuyo juicio penal al Banco ojalá saque más roncha que mi otrora timorato “invertí en la fábrica para producir, no para pleitear”, que puso en aviso público el remate de mi casa, sin tocar la fábrica cuyas inversiones a la fecha eran el doble de lo adeudado. No hay duda. Los bancos se protegen con contratos de adhesión, sin derecho al pataleo de prestatarios que confían, o no les queda otro remedio, en esos sacrosantos templos de la decencia que son, o alegan ser. Coraza adicional son los “consorcios” de abogados de banco con mandos medios o autoridades jurisdiccionales emparentadas o vinculadas. Tropas de apoyo son los intermediarios de bienes raíces que comercian bienes dados en garantía, o los tramitan concesionalmente a quienes les convenga. Por si acaso, están los avalúos que tasan al hueso las garantías reales, y aunque pague el prestatario por el servicio, sesgan siempre a favor de los empleadores.
¿Qué hay detrás de semejante lío? Tal vez algo tengan que ver las amenazas del Gobierno de controlar arbitrariedades y lucro excesivo de la banca privada. Aguantó la arremetida el cártel bancario. Hoy está en mesa la medida gubernamental de cobrar un impuesto a las utilidades bancarias; se anticipan unos veinte millones de dólares de ingresos adicionales al Estado. Cómo no, si se hicieron públicas las pingües utilidades que obtuvo la banca privada en la pasada gestión, quizá por el éxito de medidas estatales de tentar a muchos aparentes zaparrastrosos de no guardar ahorros en el “bancolchón”. ¿No acaba de ganar un premio la columnista que reportó sobre bancos que sirven a matuteros, ésos que comienzan vendiendo pelotas y acaban construyendo edificios?
Es bocado que provoca amnesia. Porque además, el Estado pretende que un banco privado que quebró y fue comprado con plata venezolana, se torne de “tercero de los bancos debido a ‘gestiones’ que ha realizado el Ejecutivo”, en el número uno, tanto en capital con $50 millones de dólares adicionales, plata de los bolivianos, como en todos los servicios que presta un banco, y merced a un “plan estratégico”, en cobertura de sucursales en el territorio del país. Amnesia porque la gente olvida los créditos vinculados y los saldos impagos cargados a deudas incobrables de anteriores bancos estatales: amnesia conveniente que todos los bolivianos pagamos. Tapan el sol con un dedo que el Banco Agrícola colapsó al valer más la “muñeca” con algún mandamás que la real factibilidad de un proyecto agropecuario. ¿No fue el Banco del Estado financista de nuevos ricos que no pagaban sus créditos? El Banco Minero quizá fracasó porque los prestatarios no encontraron la veta, o compraron vehículos último modelo en vez de perforadoras.
Historia que se repite, cual disco rayado, ayer, ahora, mañana –y quiero escribir “siempre”, pero me vienen arcadas. ¿Qué el Estado debería supervisar, o por lo menos, fijar impuestos a excesivas utilidades? Claro que sí. ¿Qué el Estado parche un banco quebrado y le convierta en estatal, donde malgasten dinero de municipios y ahorristas en otro nido de créditos vinculados e incompetentes supernumerarios? Claro que no.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) debe cumplir su función reguladora y dejar de ser una sucursal de la Asociación de Bancos (Asoban). Eso se sabrá cuando algún ministro deje de ser dignatario de Estado y aterrice de mandamás en algún banco, privado por supuesto. Sería un “déjà vu” bancario para muchos.
(19122012)
